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Cuatro congresistas cubanoamericanos celebraron este miércoles una conferencia de prensa en el Capitolio de Washington D.C. para exigir acciones judiciales formales contra el exdictador cubano Raúl Castro por su responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro cubanoamericanos sobre aguas internacionales.
Los representantes Carlos Giménez, Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Nicole Malliotakis exhibieron en el estrado fotografías de las cuatro víctimas con la leyenda «Murdered Feb. 24th, 1996 by order of Raul Castro», junto a carteles con las consignas #SOSCuba y Cuba Libre.
La conferencia en el Capitolio se produjo en paralelo a un anuncio histórico del Departamento de Justicia en Miami: ese mismo día, en la Freedom Tower, el Fiscal General en funciones Todd Blanche, el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, el subdirector del FBI Christopher G. Raia, la senadora Ashley Moody y el fiscal general de Florida James Uthmeier anunciaron la acusación penal federal contra Castro.
Fuentes federales habían confirmado a NBC News que un gran jurado estuvo escuchando evidencias y que la acusación formal ya habría sido presentada antes del acto público.
La fecha elegida no fue casual: el 20 de mayo es el Día de la Independencia de Cuba, lo que carga el anuncio de un fuerte simbolismo político.
Las cuatro víctimas del derribo fueron Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.
El ataque ocurrió cuando cazas MiG-29 de la Fuerza Aérea Revolucionaria Cubana destruyeron dos avionetas Cessna 337 Skymaster civiles y desarmadas en aguas internacionales, entre nueve y diez millas náuticas fuera del espacio aéreo cubano, según determinó la Organización de Aviación Civil Internacional, que concluyó que el ataque violó el derecho internacional.
La evidencia central del caso es una grabación de audio de junio de 1996, publicada en 2006 por el periodista Wilfredo Cancio en El Nuevo Herald, en la que Castro describe la orden de derribar las avionetas.
«Yo decía que traten de tumbarlos arriba del territorio, pero ellos entraban en La Habana y se iban... Bueno, túmbenlos en el mar cuando se aparezcan», se le escucha decir al dictador Raúl Castro.
Documentos desclasificados del FBI —más de 10,000 páginas— revelan además la existencia de una «Operación Venecia», planificada desde el 13 de febrero de 1996, que apunta a premeditación del ataque.
En noviembre de 2025, el Departamento de Justicia ya había arrestado al expiloto cubano Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, coronel retirado de 64 años, acusado de fraude migratorio por ocultar su participación en el derribo.
El pasado 15 de mayo, Trump evitó confirmar o negar la acusación a bordo del Air Force One, limitándose a declarar: «Dejaré que el Departamento de Justicia se pronuncie».
La acusación tiene, sin embargo, un alcance principalmente simbólico: Raúl Castro, de 94 años, nunca ha pisado suelo estadounidense y no existe tratado de extradición entre Cuba y EE.UU.
José Basulto, fundador de Hermanos al Rescate, cuya avioneta logró escapar del ataque aquel día, resumió el sentimiento de décadas de espera: «He deseado esto durante mucho tiempo. He deseado que se haga justicia, que la justicia se haga realidad».
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