Régimen cubano amenaza con «resistencia feroz» ante cualquier acción de Estados Unidos

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, advirtió este miércoles que «cualquier intento de utilizar esta excusa para una acción contra estos compañeros dentro de Cuba se topará con una resistencia feroz del pueblo cubano», en respuesta a la acusación penal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro y cinco militares cubanos por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996.

Fernández de Cossío hizo las declaraciones en la Mesa Redonda, el programa informativo oficial de la televisión cubana, al que fue convocado junto a otros especialistas y periodistas para analizar lo que el propio espacio calificó como «la farsa judicial y política que se pretende escenificar en EE.UU. contra el General de Ejército Raúl Castro».

El viceministro calificó la acusación de «fraudulenta» y aseguró que «no tiene asidero legal, no tiene asidero político, ni asidero moral».

La describió además como «un acto canalla» dentro de una «escalada agresiva, creciente» de Washington contra Cuba a lo largo de 2026, y la vinculó con lo que llamó una «camarilla» de exiliados cubanos con influencia «desproporcionada» sobre la administración Trump gracias a lo que denominó «la naturaleza corrupta del sistema político estadounidense».

Fernández de Cossío también alertó sobre lo que consideró una dimensión adicional de la acusación: «se sabe de la práctica oscura de los Estados Unidos de utilizar acusaciones como esta para actuar militarmente contra Estados soberanos», afirmó, sugiriendo que el cargo judicial podría ser un pretexto para una intervención.

Para defender el derribo de 1996, el viceministro argumentó que Cuba advirtió en 25 ocasiones al Departamento de Estado y a la Administración Federal de Aviación sobre las incursiones aéreas de Hermanos al Rescate entre 1994 y 1996, y que el 15 de enero de ese año emitió un comunicado público advirtiendo que cualquier aeronave no autorizada «sería interceptada y, de ser necesario, neutralizada».

Afirmó además que el gobierno estadounidense —incluyendo el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional y la Casa Blanca— conocía desde la noche anterior que el vuelo iba a producirse y «tomaron la decisión de no actuar», lo que a su juicio implica «complicidad» en los hechos.

Sin embargo, la Organización de Aviación Civil Internacional concluyó en julio de 1996 que el derribo ocurrió entre nueve y diez millas náuticas fuera del espacio aéreo territorial cubano, es decir, en espacio aéreo internacional, lo que contradice directamente el argumento de soberanía esgrimido por el régimen.

La acusación fue presentada ante un gran jurado federal en Miami el 23 de abril y desclasificada el 20 de mayo, e incluye cargos de conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves civiles y cuatro cargos individuales de homicidio por la muerte de Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.

Junto a Raúl Castro fueron acusados otros cinco militares cubanos: Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.

Otros dirigentes del régimen también rechazaron la acusación. El presidente Miguel Díaz-Canel la calificó de «acción política, sin ningún basamento jurídico», mientras que el primer ministro Manuel Marrero Cruz defendió a Raúl Castro y acusó a EE.UU. de montar una farsa.

La acusación se produce en medio de una escalada sostenida de tensiones bilaterales durante mayo de 2026: el secretario de Estado Marco Rubio anunció el 7 de mayo nuevas sanciones contra GAESA, el conglomerado militar que controla entre el 40% y el 70% de la economía formal cubana; el 12 de mayo el secretario de Defensa Pete Hegseth declaró ante el Congreso que Cuba es una «amenaza para la seguridad nacional»; y el 17 de mayo un reporte de Axios basado en inteligencia clasificada señaló que Cuba habría adquirido más de 300 drones militares de Rusia e Irán desde 2023.

Raúl Castro tiene 94 años, nunca ha pisado territorio estadounidense y no existe tratado de extradición entre ambos países, por lo que el efecto práctico de la acusación es principalmente político y simbólico.