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Manuel Marrero Cruz, primer ministro de Cuba y segundo hombre más poderoso del régimen, no aparece en la nueva lista de sanciones publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. el pasado miércoles, una ausencia que ha generado interrogantes sobre su posible papel como canal de comunicación entre La Habana y Washington.
La lista sí incluyó al presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a su esposa Lis Cuesta Peraza, al jefe de inteligencia Alejandro Castro Espín —alias «El Tuerto» e hijo de Raúl Castro—, a su hijo Raúl Alejandro Castro Calís, y a Manuel Anido Cuesta, residente en Madrid y vinculado a Lis Cuesta.
A nivel institucional, EE.UU. sancionó al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), a la agencia de viajes AMISTUR CUBA SA y a la empresa minera MINERA LA VICTORIA SA.
La exclusión de Marrero Cruz resulta llamativa: siendo el funcionario de mayor rango tras Díaz-Canel, quedó fuera de una lista que sí incorporó al jefe de Estado, a la primera dama, al principal responsable de inteligencia y a las instituciones militares y de control social más importantes del régimen.
El patrón recuerda al de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, quien durante años permaneció al margen de las sanciones estadounidenses pese a su papel central en el gobierno de Nicolás Maduro, lo que alimentó especulaciones sobre su función como interlocutora entre Caracas y Washington.
La pregunta que surge ahora es si Marrero Cruz podría estar desempeñando un rol similar para el régimen cubano.
El propio primer ministro reaccionó el mismo miércoles a través de su cuenta en la red social X, pero lo hizo hablando en tercera persona sobre los sancionados, sin mencionar en ningún momento que él mismo quedó fuera de la lista.
«La infame inclusión del Presidente @DiazCanelB, miembros de su familia, organizaciones y empresas cubanas en una espuria lista de sanciones del gobierno de #EEUU, forma parte de la peligrosa escalada de agresiones contra nuestro país para acentuar un escenario de conflicto», escribió Marrero.
Esta reacción se enmarca en un patrón sostenido: desde mayo de 2026, Marrero ha sido la voz más activa del régimen contra las sanciones de EE.UU., acusando a Washington de querer «asfixiar» a Cuba y atribuyendo la crisis económica y energética al «cerco» estadounidense.
Las designaciones del miércoles constituyen la tercera oleada de sanciones de la administración Trump contra Cuba en 2026 y son las más impactantes simbólicamente, al apuntar directamente al jefe de Estado y a su entorno familiar.
La primera ronda incluyó a GAESA y Moa Nickel S.A., mientras que la segunda, del 18 de mayo, designó a once personas y tres entidades vinculadas al aparato de seguridad cubano, entre ellas Mayra Arevich Marín, Vicente de la O Levy y Roberto Morales Ojeda.
El 8 de mayo, Marrero había afirmado que las sanciones «no serán duraderas» y que Cuba podría «volver a la normalidad» poco a poco, una declaración que hoy adquiere un matiz diferente a la luz de su ausencia en la lista SDN.
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