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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) amplió sus sanciones contra Cuba este jueves al bloquear formalmente al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) como institución, completando así el cerco sobre los tres pilares del poder económico y de seguridad del régimen: GAESA, MININT y MINFAR.
En la tercera oleada de medidas bajo la Orden Ejecutiva 14404, la OFAC sumó esta sanción a las del Departamento del Tesoro, que añadió a la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) al presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a varios miembros de la cúpula del régimen y a entidades clave del aparato militar, de seguridad y económico de la isla.
Junto a Díaz-Canel, fueron designadas su esposa Lis Cuesta Peraza (nacida en Holguín en 1971) y el hijo de esta, Manuel Anido Cuesta (nacido en 1994), quien reside actualmente en Madrid, España.
También quedaron bloqueados Alejandro Castro Espín, conocido como «El Tuerto», hijo de Raúl Castro y figura influyente del aparato de inteligencia cubano, y su hijo Raúl Alejandro Castro Calis (nacido en 1995).
La inclusión del hijastro de Díaz-Canel, residente en España, y del hijo de Castro Espín apunta a desmantelar la red familiar que podría servir para evadir sanciones desde el exterior.
Entre las entidades bloqueadas figuran los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), la agencia de viajes AMISTUR Cuba SA —vinculada al ICAP— y la empresa minera Minera La Victoria SA, con sede en el Miramar Business Center de La Habana.
Paralelamente, la OFAC publicó la Pregunta Frecuente 1258, dirigida a personas y entidades no estadounidenses, con una advertencia de alcance global: «A partir del 4 de junio de 2026, GAESA, MININT y MINFAR están todos bloqueados bajo la Orden Ejecutiva 14404».
El documento precisa que el riesgo de sanciones secundarias «se extiende a transacciones con cualquier entidad en la que GAESA, MININT o MINFAR posean, directa o indirectamente, un interés del 50% o más».
Dado que GAESA controla más del 70% de la economía dolarizada de Cuba, incluyendo hoteles, tiendas en divisas e importaciones, el alcance práctico de esta medida es extraordinariamente amplio.
La OFAC advierte además que «cualquier entidad no bloqueada de la Lista Restringida de Cuba puede convertirse en objeto de futuras acciones de sanciones», por lo que «las personas que transaccionen con cualquier entidad de esa lista corren el riesgo de ser ellas mismas sancionadas por el gobierno de EE.UU.».
Esta acción se enmarca en una escalada progresiva que arrancó el 7 de mayo, cuando el Departamento de Estado designó a GAESA, y continuó el 18 de mayo con las sanciones a la Dirección de Inteligencia cubana.
El plazo concedido a empresas extranjeras para cerrar operaciones con GAESA venció precisamente este jueves, un día después de esta nueva ronda, en lo que parece una coordinación deliberada para maximizar el impacto.
Varias grandes navieras internacionales ya habían paralizado sus operaciones con Cuba antes de que venciera ese plazo, anticipando el endurecimiento del cerco financiero sobre el régimen.
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