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La minera australiana Antilles Gold Limited solicitó este viernes a la Bolsa de Valores de Australia la suspensión temporal de la compraventa de sus acciones mientras prepara un comunicado para sus accionistas sobre el impacto de las sanciones impuestas por Washington a su empresa conjunta en Cuba.
La pausa bursátil se extenderá hasta que la compañía publique ese informe o, como máximo, hasta el inicio de la jornada del 10 de junio.
"De conformidad con la Regla de Cotización 17.1 de la ASX, Antilles Gold Limited solicita la suspensión inmediata de la cotización de sus valores en la Bolsa de Valores de Australia (ASX), a la espera de un anuncio sobre las sanciones impuestas el 4 de junio de 2026 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a Mineral La Victoria SA, la empresa conjunta participada al 50% que desarrolla las minas Nueva Sabana y La Demajagua en Cuba", refiere el texto oficial.
El detonante fue la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. de añadir el jueves a Minera La Victoria S.A. a su lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, apenas 15 días después de que el régimen cubano publicara en la Gaceta Oficial la concesión de explotación de oro y cobre que le otorgó a esa empresa por 20 años.
Minera La Victoria S.A. es una empresa mixta constituida en agosto de 2020 entre la estatal cubana GeoMinera S.A. y Antilles Gold, en la que cada parte posee el 50%.
El régimen le había otorgado, mediante el Acuerdo 9902 del Consejo de Ministros firmado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, el derecho exclusivo de explotar y procesar oro y cobre en 752,20 hectáreas en el área Nueva Sabana, municipio de Baraguá, provincia de Ciego de Ávila.
La construcción de la mina había comenzado en diciembre de 2025 con la empresa china Xinhai Mining Technology & Equipment como contratista principal, bajo un contrato de 29,5 millones de dólares que cubría alrededor del 85% de los costos de desarrollo pendientes.
El financiamiento fue estructurado deliberadamente para evitar prestamistas occidentales: Xinhai aportaba además una línea de crédito de 17,1 millones de dólares, mientras Antilles Gold contribuía con un préstamo de cinco millones de dólares a la empresa mixta.
Antilles Gold estimaba que sus dos proyectos cubanos —Nueva Sabana y La Demajagua, en Isla de la Juventud— podrían generar más de 2.500 millones de dólares australianos (unos 1.763 millones de dólares americanos) de excedente de caja entre 2027 y 2037.
La sanción se inscribe en la tercera oleada de medidas bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por Trump el 1 de mayo de 2026, que amplió las restricciones a los sectores de energía, defensa, metales y minería, servicios financieros y seguridad en Cuba.
En esa misma ronda fueron bloqueados el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), la agencia AMISTUR Cuba SA, el presidente Miguel Díaz-Canel y su esposa Lis Cuesta Peraza, el hijastro Manuel Anido Cuesta y Alejandro Castro Espín junto a su hijo.
La OFAC advirtió además que «el riesgo de sanciones secundarias se extiende a transacciones con cualquier entidad en la que GAESA, MININT o MINFAR posean, directa o indirectamente, un interés del 50% o más».
El caso se enmarca en un patrón más amplio de retirada de inversión extranjera del sector minero cubano.
La canadiense Sherritt International, que explotaba níquel y cobalto en Moa desde 1994, suspendió su participación directa en todas sus empresas conjuntas en Cuba el 7 de mayo, tras ser sancionada Moa Nickel S.A. ese mismo día. Cuba acumula una deuda de 277 millones de dólares con Sherritt.
El empresario cubanoamericano William Pitt Wasmer, heredero de una familia propietaria de minas confiscadas por el régimen tras 1959, advirtió que el golpe no puede leerse de forma aislada: «Ahora a los problemas de la minería de níquel y cobalto se suma la minería del oro», dijo a 14ymedio, y añadió que la crisis estructural de la isla agrava el impacto: «La situación económica de Cuba, con su falta total de recursos eléctricos y de combustibles necesarios para trabajar la minería», es parte del problema.
«Falta ver si Antilles Gold tomará una dirección semejante a la de Sherritt o si simplemente, al no tener una inversión de importancia, dejen que corra el agua sin hacer nada más», resumió Pitt.
Preguntas frecuentes sobre las sanciones a Antilles Gold y el impacto en la minería en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Antilles Gold suspendió su cotización en la Bolsa de Valores de Australia?
Antilles Gold solicitó la suspensión temporal de la cotización de sus acciones en la Bolsa de Valores de Australia debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos a su empresa conjunta en Cuba, Minera La Victoria S.A. Estas sanciones impactan directamente en sus operaciones mineras en las minas Nueva Sabana y La Demajagua.
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¿Qué motivó las sanciones de EE.UU. contra Minera La Victoria S.A.?
Las sanciones fueron motivadas por la inclusión de Minera La Victoria S.A. en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. Estas sanciones forman parte de una estrategia más amplia de presión sobre el régimen cubano, en el marco de la Orden Ejecutiva 14404, que amplía restricciones a sectores clave de la economía cubana.
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¿Cuál es el impacto de las sanciones en la minería cubana?
Las sanciones han generado una retirada de inversores extranjeros del sector minero en Cuba. La minería del oro y el cobre, así como la del níquel y el cobalto, están siendo afectadas por la incertidumbre y el riesgo de sanciones adicionales, lo que pone en peligro proyectos y acuerdos de inversión en la isla.
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¿Qué otras empresas extranjeras han sido afectadas por las sanciones en Cuba?
Además de Antilles Gold, la empresa canadiense Sherritt International también ha sido afectada por las sanciones. Sherritt ha suspendido sus operaciones en Cuba y enfrenta una deuda millonaria por parte del Estado cubano, lo que complica aún más el panorama para las inversiones extranjeras en el país.
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