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Casi 6,000 reclamaciones de ciudadanos y empresas estadounidenses por propiedades confiscadas por el régimen cubano acumulan hoy un valor estimado superior a los 9,000 millones de dólares, y se han convertido en uno de los ejes más persistentes y explosivos de las relaciones entre Washington y La Habana, según un amplio reportaje publicado por CNN el pasado jueves.
El valor original de esas reclamaciones, certificadas por el gobierno estadounidense, era de aproximadamente 1,900 millones de dólares en 1960. Aplicando un tipo de interés simple del 6% desde entonces, la cifra se ha multiplicado hasta superar los 9,000 millones de dólares en la actualidad.
El debate ha cobrado nueva urgencia en 2026 bajo la administración Trump. El pasado 21 de mayo, la Corte Suprema emitió un fallo 8-1 que amplía el alcance del Título III de la Ley Helms-Burton, permitiendo que avancen demandas contra quienes «trafiquen» con propiedades expropiadas en Cuba sin necesidad de probar que el demandante habría conservado su interés en la propiedad al momento del tráfico.
Nicolás J. Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de Propietarios de Ingenios Azucareros de Cuba —quien nunca ha pisado la isla pero representa a cerca de mil familias de la diáspora—, calificó el fallo de «la culminación de décadas de arduo trabajo».
«Hemos tenido esperanza durante muchos años, pero nunca, nunca, nunca, nunca, nunca habíamos tenido una situación como esta, con tantos factores en juego que exigen un cambio en Cuba», declaró a CNN.
Entre esos factores figura también la acusación formal contra Raúl Castro presentada por el Departamento de Justicia el 20 de mayo por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, que costó la vida a cuatro cubanoamericanos.
Otro reclamante, el escritor Enrique Carrillo, cuya familia era propietaria de una empresa de ron antes de las nacionalizaciones, expresó un optimismo que hasta hace poco consideraba impensable: «Nunca imaginé que la recuperación de los activos cubanos se concretaría tan pronto. Ni siquiera pensé que sucedería en vida, pero eso es lo novedoso».
Sin embargo, los expertos advierten que el camino hacia cualquier compensación real está plagado de obstáculos.
El economista Ricardo Torres, de American University, señala que el tema es «de bastante alta prioridad, uno de los primeros que surgen cada vez que ambos países se ponen en contacto», pero advierte que «en las condiciones económicas actuales de Cuba, no se puede contemplar una compensación masiva, total e inmediata. Sería completamente imposible».
La profesora Lillian Guerra, directora del programa sobre Cuba en la Universidad de Florida, añade una perspectiva más crítica al sostener que las reclamaciones del exilio tienen más que ver con la nostalgia por la Cuba prerrevolucionaria que con los derechos del cubano común. «A Trump no le interesa ayudarme a recuperar la casa de mi abuelo en Fontanar. Le interesa ayudar a las familias poderosas que buscan venganza a recuperar lo que creen que les corresponde», afirmó.
El régimen cubano, por su parte, mantiene sus propias contrarreclamaciones sobre el embargo. En 2025 presentó ante las Naciones Unidas un informe que cifra las pérdidas acumuladas en aproximadamente 170,000 millones de dólares, y un tribunal cubano condenó en 1999 al gobierno estadounidense a pagar 181,100 millones de dólares por daños humanos derivados de décadas de actividad militante.
Torres propone el modelo vietnamita como posible salida. Vietnam dejó de presionar activamente por reparaciones a finales de los años setenta, allanando el camino para la normalización con Estados Unidos. «Eso fue lo que hicieron los vietnamitas: cuando se reabrió el proceso, nunca más volvieron a mencionarlas», explicó.
Pero ese modelo es inaceptable para el exilio duro. Gutiérrez lo rechaza de plano: «Desconfiamos mucho de cualquier tipo de acuerdo con elementos del régimen, algo parecido a lo que ocurrió en Venezuela. Queremos empezar de cero».
Gutiérrez cree que ese nuevo comienzo podría llegar antes de las elecciones de medio término de noviembre: «Tenemos una administración con un secretario de Estado cubanoamericano y otros cubanoamericanos en puestos clave. Creo que se tomarán medidas antes de esa fecha».
Preguntas frecuentes sobre las reclamaciones de propiedades confiscadas en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuánto valen las reclamaciones de propiedades confiscadas por el régimen cubano?
Las reclamaciones certificadas por el gobierno estadounidense tienen un valor estimado de más de 9,000 millones de dólares. Este valor se ha calculado aplicando un interés simple del 6% a la cifra original de 1,900 millones de dólares desde 1960. Estas reclamaciones son un punto clave en las tensiones entre Cuba y Estados Unidos.
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¿Qué cambios legales recientes han afectado las demandas por propiedades en Cuba?
La Corte Suprema de Estados Unidos amplió el alcance del Título III de la Ley Helms-Burton, permitiendo que avancen demandas sin necesidad de probar que el demandante habría mantenido su interés en la propiedad. Este fallo facilita la presentación de demandas contra quienes «trafiquen» con propiedades expropiadas en Cuba.
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¿Existe una solución viable para resolver las reclamaciones de propiedades confiscadas en Cuba?
Algunos expertos sugieren seguir el modelo vietnamita, que implicaría dejar de presionar por reparaciones para abrir camino a la normalización de relaciones. Sin embargo, este enfoque es rechazado por el exilio cubano, que aboga por comenzar de cero sin acuerdos con el régimen actual.
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¿Cuál es la postura del gobierno cubano respecto a estas reclamaciones?
El gobierno cubano presenta sus propias contrarreclamaciones, argumentando pérdidas de aproximadamente 170,000 millones de dólares debido al embargo estadounidense. Además, en 1999, un tribunal cubano condenó a EE.UU. a pagar 181,100 millones de dólares por daños humanos.
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