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La Corte Suprema de Estados Unidos falló este jueves, por ocho votos contra uno, a favor de la empresa Havana Docks Corporation en su demanda contra cuatro grandes líneas de cruceros por haber usado instalaciones portuarias en La Habana que el régimen castrista confiscó en 1960, en una decisión que podría abrir la puerta a miles de reclamaciones similares.
Según reporta AP, el magistrado Clarence Thomas redactó la opinión mayoritaria y dictaminó que el tribunal federal de apelaciones de Atlanta se equivocó al desestimar las demandas, al concluir que "las líneas de cruceros utilizaron bienes confiscados sobre los cuales Havana Docks tiene la titularidad del derecho".
Las navieras demandadas -Carnival, Norwegian, Royal Caribbean y MSC Cruceros- operaron en el puerto de La Habana entre 2016 y 2019, durante el deshielo diplomático impulsado por la administración Obama, llevando turistas estadounidenses a la Isla.
El fallo no es una sentencia definitiva: devuelve el litigio al tribunal de apelaciones para que resuelva argumentos adicionales de las navieras que aún no habían sido examinados.
Las implicaciones económicas del fallo son potencialmente enormes.
El Departamento de Estado estima que existen al menos 200,000 posibles reclamaciones por propiedades confiscadas en Cuba, además de las 5,913 reclamaciones certificadas oficialmente, cuyo valor original fue de 1,900 millones de dólares y que con intereses acumulados se estima hoy en más de 9,000 millones de dólares.
Una lectura amplia del Título III -como la que ahora respalda la Corte Suprema- envía además un mensaje disuasorio a cualquier empresa internacional que considere invertir o hacer negocios en Cuba con propiedades que el régimen confiscó a sus legítimos dueños.
El caso gira en torno al Título III de la Ley Helms-Burton, aprobada por el Congreso en 1996 en respuesta al derribo de avionetas civiles de Hermanos al Rescate por parte del régimen, y que permite a ciudadanos y empresas estadounidenses demandar a cualquier entidad que se beneficie de bienes confiscados en Cuba.
Todos los presidentes anteriores -Clinton, Bush y Obama- habían suspendido esa disposición por presión de aliados europeos y canadienses con negocios en la Isla.
En 2019, la administración Trump la activó plenamente por primera vez desde su aprobación, y las navieras cancelaron apresuradamente sus rutas a Cuba.
Havana Docks Corporation operó una concesión portuaria en La Habana otorgada originalmente en 1905 y ampliada a 99 años en 1920. El régimen cubano la confiscó sin compensación alguna.
La jueza federal Beth Bloom, de Miami, condenó en 2022 a las cuatro navieras a pagar más de 400 millones de dólares en total a Havana Docks, y determinó que las licencias otorgadas por el Departamento del Tesoro de Obama para transportar pasajeros a Cuba no eximían a las navieras de responsabilidad.
El tribunal de apelaciones revocó esa sentencia al argumentar que la concesión original habría expirado en 2004, antes de que los cruceros operaran en el puerto. La Corte Suprema rechazó ese razonamiento y restauró la posibilidad de que Havana Docks cobre la indemnización.
El fallo se produce en un momento de presión máxima de la administración Trump sobre Cuba.
El Departamento de Justicia presentó cargos penales federales contra Raúl Castro, de 94 años, y cinco militares cubanos por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, que causó la muerte de cuatro cubanoamericanos.
Preguntas frecuentes sobre demandas por propiedades confiscadas en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué implica el fallo de la Corte Suprema de EE.UU. sobre demandas a Cuba?
El fallo de la Corte Suprema permite a Havana Docks Corp. continuar con su demanda contra las líneas de cruceros que utilizaron propiedades confiscadas. Aunque no es una sentencia definitiva, representa un avance significativo para potenciales reclamaciones similares, enviando un mensaje disuasorio a empresas que operan en Cuba.
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¿Cuántas reclamaciones por propiedades confiscadas existen contra Cuba?
Se estima que existen al menos 200,000 posibles reclamaciones por propiedades confiscadas en Cuba, además de las 5,913 reclamaciones certificadas oficialmente, cuyo valor original fue de 1,900 millones de dólares y que con intereses acumulados se estima hoy en más de 9,000 millones de dólares.
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¿Qué es el Título III de la Ley Helms-Burton?
El Título III de la Ley Helms-Burton permite a ciudadanos y empresas estadounidenses demandar a quienes se beneficien de bienes confiscados en Cuba. Esta disposición, aprobada en 1996, estuvo suspendida hasta 2019 cuando fue activada por la administración Trump, permitiendo así que se presenten demandas en tribunales federales de EE.UU.
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¿Qué consecuencias económicas podría tener el fallo de la Corte Suprema para Cuba?
Las implicaciones económicas del fallo son potencialmente enormes, ya que podría abrir la puerta a miles de demandas similares y aumentar la presión financiera sobre el régimen cubano. Esto podría endurecer aún más el aislamiento financiero de Cuba y desalentar la inversión extranjera.
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¿Cuál es la postura del gobierno de EE.UU. respecto a las demandas bajo la Ley Helms-Burton?
La administración de Donald Trump ha mostrado una postura firme en apoyo de las demandas bajo la Ley Helms-Burton, viendo estas acciones legales como parte de una estrategia para ejercer presión económica sobre el régimen cubano y promover la rendición de cuentas por las confiscaciones ilegales.
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