Régimen cubano crea un Ministerio de Información y Comunicación Social

El régimen cubano prepara la creación de un Ministerio de Información y Comunicación Social como parte de una amplia reorganización del Estado que reducirá la estructura gubernamental de 27 organismos a 20 ministerios, según el Proyecto de Ley de Organización de la Administración Central del Estado publicado por la Asamblea Nacional del Poder Popular y previsto para aprobación en la sesión de julio de 2026.

El nuevo ministerio aparece como el número 10 en la lista del Artículo 19 del proyecto y queda definido en el Artículo 85 como «el organismo encargado de dirigir y controlar la política estatal en materia de comunicación social».

Sus funciones, detalladas en el Artículo 86, incluyen gestionar el sistema de comunicación social y sus procesos, controlar la publicidad y el patrocinio, y —en el punto que más alarma ha generado— «proponer y avalar, según corresponda, la creación, traspaso, fusión y extinción de los medios fundamentales de comunicación social».

El ministerio también tendrá a su cargo «coordinar las acciones de comunicación que tributen a la identidad e imagen de Cuba» y gestionar la denominada Marca País.

El economista cubano Pedro Monreal fue uno de los primeros en reaccionar públicamente este martes, señalando que el nuevo esquema de 20 ministerios presenta problemas de fondo: «Eso de 'ministerio de información y comunicación social' bordea aquello de un 'ministerio de la verdad'».

Monreal también criticó que en el nuevo esquema «sobra el de información y comunicación social y faltan dos: ministerio de comercio interior y de construcción y viviendas».

El nuevo ministerio no surge de la nada: es la elevación a rango ministerial del Instituto de Información y Comunicación Social (IICS), creado en agosto de 2021 como sucesor del ICRT para centralizar el control de toda la comunicación social estatal, incluidos medios digitales y redes sociales.

Esa transición se produjo en el contexto de las protestas del 11J de 2021, cuando el régimen aceleró su marco de control informativo.

El andamiaje legal que sustenta al nuevo ministerio ya estaba construido: la Ley 162 de Comunicación Social, aprobada en mayo de 2023 y en vigor desde junio de 2024, solo reconoce como sujetos del sistema de comunicación a medios vinculados al Estado, al Partido Comunista y a organizaciones de masas, excluyendo a la prensa independiente.

Esa misma ley prohíbe la difusión de información que pueda «desestabilizar el Estado socialista», tanto en medios tradicionales como en el ciberespacio.

En noviembre de 2024, el IICS acreditó los primeros inspectores de comunicación social con funciones de «controlar y fiscalizar» la información difundida en el país.

En mayo de 2025, una resolución del IICS habilitó la cancelación de registros de sitios web sin notificación previa en casos considerados contrarios a los «principios socialistas».

El nuevo ministerio coexistirá con el Ministerio de Comunicaciones, que retiene las competencias sobre telecomunicaciones, tecnologías de la información, espectro radioeléctrico y ciberseguridad.

El proyecto de ley, que deroga el Decreto-Ley 67 de 1983 y sus modificaciones posteriores entrará en vigor 60 días después de su publicación en la Gaceta Oficial, con hasta un año para completar los traspasos de recursos humanos, materiales y financieros entre los organismos afectados.