Todo el mundo en Cuba sabe que cuando el régimen de Miguel Díaz-Canel quiere cambiar de palo pa' rumba, utiliza el verbo "ordenar". Lo hizo con la "Tarea Ordenamiento" , que dio el tiro de gracia a la economía cubana y ahora quiere intentarlo (de nuevo) con los medios de comunicación, especialmente con aquellos que se escapan de la órbita del Partido Comunista.

Para conseguirlo, este miércoles 28 de mayo entró en vigor una nueva resolución (9/2025 del Instituto de Información y Comunicación Social), que se presenta como herramienta para "ordenar" el funcionamiento de los registros nacionales de publicaciones, incluyendo un artículo (51.1) que contempla la "suspensión temporal o cancelaciones" de sitios webs y publicaciones seriadas, sin necesidad de notificación previa en los casos en los que se considere que violan "gravemente los principios socialistas".

Pero eso no es todo. El artículo 56 de la resolución añade que una vez dispuesta la suspensión o cancelación del registro del sitio web o la publicación, si se gestiona o socializa contenido a través del medio, su titular puede ser sancionado "con medidas más severas". Para que se entienda, si el contenido no encaja en los "principios socialistas" del Partido Comunista, se cancela la web y si después de cancelada vuelve a publicarse, la persona que figure al frente asumirá "severas sanciones".

Además, la resolución obliga a los proveedores de hosting (empresas que prestan servicio de alojamiento de webs) a trabajar sólo con las páginas que estén registradas oficialmente y esto deja fuera del servicio a los medios independientes.

Asimismo, la nueva normativa exige el control de las fuentes de financiación de los medios y eso, de nuevo, es un dardo contra los medios de comunicación que se escapan del control del Partido Comunista y de su entorno mediático oficialista.

Obviamente este punto no fue abordado por la información de Canal Caribe, que sólo hizo referencia a los casos en que está previsto que las infracciones se notifiquen vía digital a medios que incurran en "violaciones graves de la ética y la moral" siempre que el régimen considere que no han tratado adecuadamente el contenido dirigido a niños, jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores.

Pero el pollo del arroz con pollo es justo la potestad que da esta resolución al régimen para cancelar sin aviso previo sitios webs y publicaciones seriadas que discrepen con los "principios socialistas". Canal Caribe dice que esto se hace para tener "una sociedad más justa y más sana", pasando de largo ante la posibilidad de que lo que se busque sea controlar el relato en un momento especialmente delicado para el Gobierno, incapaz de reconducir la grave crisis económica, política, migratoria, demográfica, de sanidad y salud pública que vive el país.

La entrada en vigor de esta resolución 9 de 2025 coincide en el tiempo con el inicio de las primeras protestas ciudadanas en Bayamo, Guantánamo y Cienfuegos, denunciando el hastío ante los apagones y el hambre que castiga a los cubanos sin solución a corto plazo. El régimen dice un día que necesita tres años para controlar los apagones y al siguiente promete menos cortes de luz en julio.

Llueve sobre mojado

No es la primera vez que el gobernante Díaz-Canel aprueba una normativa que coarta la libertad de expresión. Ya lo hizo en 2018 con el Decreto 349, que exigía autorización previa para organizar espectáculos y exposiciones públicas y privadas y que llevó a Díaz-Canel, tres años después, a reconocer que se habían equivocado con su planteamiento. Pero también con el Decreto 370, conocido como Ley Azote de las publicaciones en redes sociales.

En el caso del 349, se trataba de un instrumento de censura que pretendía dejar fuera de la escena cultural cubana cualquier manifestación artística que desentonara con las consignas del Partido Comunista. De hecho, podría situarse entre las causas del conflicto que desembocó en las protestas masivas del 11 de julio de 2021.

En este caso, la reacción internacional no se hizo esperar y el Parlamento Europeo pidió en junio de 2021 la derogación inmediata de los Decretos 349 y 370 en Cuba y de otras leyes concebidas para limitar la libertad de expresión.

El 370 nació en 2019 y se estrenó en 2020, con una primera multa a la entonces colaboradora de CiberCuba Iliana Hernández. En esencia, la Ley Azote se enfocó en activistas y periodistas independientes. El problema es que las críticas ahora llueven por todos lados y el régimen no da abasto para multar a quienes utilizan sus redes sociales para criticar la gestión de Díaz-Canel.

Los intentos por controlar los medios de comunicación y las redes sociales no han cesado. En noviembre de 2024 el aparato mediático del PCC llegó incluso a acreditar al primer grupo de inspectores de la comunicación social, subordinados al Instituto de Información y Comunicación Social (IICS), con el objetivo de “controlar y fiscalizar” la información que se difunde en la Isla.

Después vino la recomendación de apretar con la regulación, sugerida por un comunista español (Carlos González Penalva, un desconocido en el universo mediático de España), pero presentado en Canal Caribe como "experto" en redes sociales, pese a que a día de hoy sólo tiene 566 seguidores en Instagram y 3.900 en la red social X, a años luz de distancia de influencers cubanos como La Dura (3,1 millones en Insta) o de Magdiel Jorge Castro, periodista de CiberCuba, con 81.100 seguidores en lo que antes era Twitter.

En un contexto de descrédito nacional de la prensa oficialista, incapaz de conectar con la audiencia, al vicepresidente de la UPEC, Francisco Rodríguez Cruz, no se le ocurrió otra cosa que decir en marzo de este año, que el aparato narrativo estatal no responde a intereses políticos del Partido Comunista sino "al pueblo".

Es en medio de este panorama en el que nace la Ley de Comunicacion Social, aprobada hace dos años y que, como se espera, incluye más restricciones a la libertad de expresión en Cuba.