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Los principales legisladores demócratas encargados de la política exterior en el Congreso de Estados Unidos solicitaron al secretario de Estado, Marco Rubio, una explicación detallada sobre la estrategia de la administración de Donald Trump para garantizar una transición democrática real en Venezuela.
En una carta fechada el 8 de junio, Gregory Meeks, miembro de mayor rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y Jeanne Shaheen, principal demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, expresaron preocupación por la evolución política del país sudamericano tras la salida de Nicolás Maduro del poder.
Los congresistas cuestionan si la política actual de Washington está promoviendo cambios democráticos genuinos o si, por el contrario, está legitimando y permitiendo que figuras vinculadas al antiguo aparato chavista continúen controlando las instituciones bajo una nueva estructura de poder.
Según la carta, cuatro meses después del inicio de la relación entre la administración Trump y el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, persisten señales que generan dudas sobre el rumbo de la transición. Entre ellas mencionan la permanencia de altos funcionarios del antiguo régimen en posiciones clave, la ausencia de un calendario electoral y la existencia de cientos de presos políticos que continúan encarcelados.
Los legisladores también expresaron preocupación por varios nombramientos realizados dentro de la nueva estructura gubernamental, incluyendo los de Larry Devoe como fiscal general, Eglée González Lobato como defensora del pueblo y el general Gustavo González López como ministro de Defensa. A su juicio, estas designaciones podrían representar una continuidad de prácticas asociadas al anterior sistema de poder.
Otro de los puntos señalados es la falta de avances públicos en aspectos considerados esenciales para una transición democrática, como la reforma de las autoridades electorales y judiciales, garantías para la participación de la oposición, la actualización del registro de votantes —incluidos los venezolanos en el exterior— y la liberación de todos los presos políticos.
En el documento, Meeks y Shaheen solicitaron respuestas por escrito en un plazo de 30 días sobre seis cuestiones concretas, entre ellas el calendario previsto para la celebración de elecciones, las condiciones que Estados Unidos está exigiendo para considerarlas creíbles y las acciones emprendidas para evitar nuevas tensiones entre Venezuela y Guyana.
Los congresistas subrayan que la estabilización económica del país no debe convertirse en una justificación para que antiguos dirigentes del chavismo permanezcan indefinidamente en el poder sin reformas profundas.
“La salida de un dictador no constituye por sí sola la restauración de la democracia”, afirman los legisladores, quienes instan a la administración Trump a utilizar su influencia para impulsar la liberación de presos políticos, desmontar estructuras represivas y garantizar que los venezolanos puedan decidir libremente el futuro de su país mediante elecciones transparentes y verificables.
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