¿Sanciones de EE.UU. a Cuba son reales o solo teatro político?

El periodista y analista Jorge de Armas, de Hypermedia Magazine, sostiene que las recientes sanciones del Departamento de Estado estadounidense contra Miguel Díaz-Canel, su familia y Alejandro Castro Espín operan en dos planos distintos: uno simbólico, orientado a satisfacer al exilio cubano, y otro pragmático, que preserva canales de diálogo con posibles interlocutores del régimen.

«Yo tengo la tesis de que aquí se están manejando dos mundos. Hay un mundo que es el mundo real, que es el mundo hacia una posible transición, que es el mundo hacia con quién se debe conversar y con quién no. Y que hay un mundo que tiene mucha relación con los anhelos históricos de una parte del exilio cubano, que tienen que ser también satisfechos», declaró De Armas en entrevista con CiberCuba.

El 4 de junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) añadió a la lista de nacionales especialmente designados a Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta Peraza, su hijastro Manuel Anido Cuesta, Alejandro Castro Espín y su hijo Raúl Alejandro Castro Calis.

También fueron sancionadas entidades como el MINFAR, los Comités de Defensa de la Revolución, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, AMISTUR Cuba S.A. y Minera La Victoria S.A.

Pero en opinión del analista de Armas, el impacto concreto de estas medidas sobre la economía cubana es mínimo.

«Hay un grupo de sanciones prácticamente irrealizables. En una economía tan destruida como la cubana, en un sistema tan canceril como el cubano, que se sancionen a ciertas entidades realmente no tiene una repercusión en una economía que ya de por sí está depauperada», señaló.

Como ejemplo, De Armas apunta a la sanción contra Minera La Victoria, empresa mixta cubano-australiana que llevó a Antilles Gold a suspender su cotización en la bolsa australiana el pasado jueves: «No existe una industria minera cubana. Sancionamos a una industria minera que prácticamente no funciona, salvo por el desastre ecológico que estaban provocando en Moa».

Para De Armas, el efecto sobre la población es igualmente nulo: «Sancionar al hijo de Raúl Castro no cambia en nada la perspectiva para el cubano de a pie. El cubano de a pie va a seguir con apagones, va a seguir sin comida, sin agua y sin esperanza».

El dato más revelador de su análisis es lo que las sanciones omiten deliberadamente. Washington no incluyó al canciller Bruno Rodríguez ni al cuerpo diplomático cubano ni a los viceministros.

«No se sanciona al cuerpo diplomático cubano, no se sanciona a Bruno Rodríguez, no se sancionan a los viceministros porque son los encargados, porque ellos necesitan también una vía de acceso a estas personas», explicó.

Esta lectura se refuerza con otro hecho concreto: el jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan, se reunió el 29 de mayo con el general cubano Roberto Legrá Sotolongo en el perímetro de la base naval de Guantánamo. Legrá Sotolongo está sancionado por EE.UU. desde 2021 por su papel en la represión del 11J, lo que ilustra la brecha entre el discurso sancionador y la práctica diplomática real.

Las sanciones del 4 de junio son la tercera ronda bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Donald Trump el 1 de mayo de 2026, que introdujo sanciones secundarias contra actores extranjeros que hagan negocios con GAESA.

Desde enero de 2026, la administración Trump habría acumulado más de 240 medidas contra Cuba, aunque De Armas concluye que, a nivel simbólico, estas acciones responden más a la política interna estadounidense que a una estrategia transformadora para la isla.