Vídeos relacionados:
Miguel Díaz-Canel presentó esta semana lo que el aparato oficial describe como un amplio programa de transformaciones económicas destinado a sacar al país de la peor crisis de las últimas décadas.
Sin embargo, tras varias horas de declaraciones y una batería de anuncios difundidos por los medios estatales, sigue sin estar claro qué medidas han sido realmente aprobadas, cuándo entrarán en vigor y cómo se implementarán.
El gobernante habló de autonomía municipal, autonomía empresarial, apertura a la inversión extranjera, participación de cubanos residentes en el exterior, flexibilización para las MIPYMES, reforma agrícola, cambios en el comercio exterior, reducción de subsidios y una futura reforma salarial.
Sobre el papel, aparenta tratarse de uno de los paquetes más ambiciosos anunciados por el régimen en años. Pero el problema aparece cuando se intenta encontrar los detalles.
A lo largo de la intervención se repiten expresiones como "un grupo de medidas", "un grupo de acciones", "un grupo de disposiciones", "más de una veintena de temas", "facultades que se van a dar", "transformaciones que se proponen" o "acciones que están siendo evaluadas".
Lo que escasea son los decretos, las fechas, las cifras y los mecanismos concretos de ejecución. Ni una sola de las reformas centrales anunciadas fue acompañada por un cronograma público.
No se informó cuándo los municipios podrán importar y exportar directamente. Tampoco cuándo comenzará a funcionar el prometido mercado cambiario con participación de empresas estatales y otros actores económicos.
No se explicó cuándo se aplicará la reforma salarial ni cuáles subsidios serán eliminados primero dentro del anunciado tránsito desde los subsidios a productos hacia subsidios focalizados en personas vulnerables.
La ausencia de detalles resulta especialmente llamativa porque buena parte de los anuncios ya habían aparecido anteriormente en discursos oficiales.
La autonomía municipal, la ampliación de facultades para las empresas estatales, la flexibilización para la inversión extranjera, la incorporación económica de la diáspora y la necesidad de reducir la burocracia han sido temas recurrentes en intervenciones de Díaz-Canel durante los últimos meses.
Ahora reaparecen agrupados dentro de un supuesto programa integral para 2026, pero sin que se conozcan todavía las normas específicas que los harán posibles.
Incluso en los aspectos que podrían considerarse más novedosos, persisten grandes interrogantes.
El gobernante aseguró que los cubanos residentes en el exterior podrán participar "en igualdad de condiciones" junto a otros actores económicos. Sin embargo, no aclaró si podrán constituir empresas privadas, adquirir participaciones accionarias, acceder a propiedad inmobiliaria con fines productivos o repatriar beneficios libremente.
Algo similar ocurre con la prometida autonomía empresarial. Díaz-Canel afirmó que las empresas estatales podrán exportar, importar, retener divisas, diseñar sistemas salariales y seleccionar proveedores sin intermediarios. Sin embargo, no explicó qué organismos perderán control sobre esas decisiones ni qué cambios legales serán necesarios para materializar semejante nivel de autonomía.
En el sector agropecuario se repite el mismo patrón. Se prometen menos tierras ociosas, más acceso a insumos, mayor participación de inversión extranjera y más libertad para los productores. Son objetivos que han formado parte del discurso económico oficial durante años, mientras la producción nacional de alimentos continúa sin recuperarse.
La principal novedad política del paquete parece ser el reconocimiento implícito de que el modelo actual no logra generar crecimiento suficiente. Díaz-Canel insistió repetidamente en la necesidad de crear riqueza antes de poder distribuirla y defendió la ampliación de espacios para actores privados, cooperativos, estatales y extranjeros.
Sin embargo, el discurso evita cualquier balance sobre los resultados de reformas anteriores o sobre las causas internas que han contribuido al deterioro económico.
La explicación central continúa descansando en la presión de Estados Unidos, el endurecimiento de las sanciones y las dificultades para acceder a combustible, financiamiento e inversión. Aunque esos factores tienen un impacto real sobre la economía cubana, el gobernante dedicó mucho más tiempo a describir amenazas externas que a ofrecer indicadores concretos que permitan evaluar la efectividad futura de las medidas anunciadas.
Y ahí radica probablemente la principal debilidad del anuncio.
Más que un programa económico con objetivos medibles, plazos definidos y mecanismos verificables, lo presentado parece una declaración de intenciones. Un conjunto de promesas cuya efectividad dependerá de decisiones regulatorias que todavía no se conocen y que, por ahora, siguen pendientes de aprobación.
La pregunta que queda abierta no es qué quiere hacer el gobierno. Eso quedó relativamente claro.
La verdadera incógnita es si estas reformas llegarán a implementarse de manera efectiva o si terminarán sumándose a la larga lista de transformaciones anunciadas durante años que nunca lograron traducirse en una mejora perceptible para la economía ni para la vida cotidiana de los cubanos.
Archivado en: