Miguel Díaz-Canel anunció este viernes un amplio paquete de reformas económicas que incluye, como uno de sus ejes centrales, la apertura formal a la inversión de cubanos residentes en el exterior, en declaraciones a la prensa de la Presidencia difundidas en el programa Revista Buenos Días.
El gobernante afirmó que los emigrados podrán participar junto a la inversión extranjera directa y las empresas estatales «en igualdad de condiciones» como actores económicos.
Tod ellos sería dentro de un «marco estable legal que garantice seguridad para los negocios en el tiempo, que sea respetuoso, que sea seguro y que sobre todo incentive y estimule a la participación de sus actores».
El anuncio no llega en un momento de bonanza, sino de emergencia aguda.
Cuba atraviesa en junio de 2026 una crisis energética sin precedentes: el propio Díaz-Canel reconoció que «en los últimos cinco meses nada más que ha entrado un barco de petróleo a Cuba», atribuyendo la situación al «criminal bloqueo energético».
El déficit eléctrico superó los 2,100 MW en mayo, con apagones de más de veinte horas diarias en varias provincias, mientras la disponibilidad eléctrica el día del anuncio era de apenas 980 MW frente a una demanda superior a 2,500 MW.
A la crisis energética se suma el colapso del turismo: en los primeros cuatro meses de 2026, Cuba recibió apenas 328,608 turistas internacionales, un 55.8% menos que en el mismo período de 2025, la peor caída en dos décadas.
La salida masiva de cadenas hoteleras internacionales -Meliá, Iberostar, Blue Diamond Resorts y Archipelago International- forzada por las sanciones secundarias de la Orden Ejecutiva 14404 de Trump, firmada el 1 de mayo, dejó al régimen sin socios para operar su infraestructura turística.
Fue precisamente esa crisis la que llevó a Díaz-Canel a llamar públicamente, el pasado 5 de junio en entrevista con el medio español elDiario.es, a emigrados a invertir y administrar hoteles: «Estamos planteando también modalidades de negocio diferentes. Cubanos que quieran invertir y que quieran administrar hoteles. Estamos abiertos para eso».
El marco legal para esa apertura ya existe sobre el papel: el Consejo de Estado aprobó en abril el Decreto-Ley 117/2026, que creó la condición migratoria de «Inversores y de Negocios» para cubanos residentes en el exterior, oficializada en la Gaceta Oficial el 5 de mayo.
El trámite cuesta 3,500 pesos cubanos y se gestiona en consulados cubanos, con un plazo de resolución de treinta días hábiles.
El paquete de reformas presentado este viernes abarca seis grandes ejes: sistema de dirección económica, autonomía municipal, autonomía empresarial, recuperación agrícola, comercio exterior e inversión extranjera.
Díaz-Canel anunció que los municipios podrán importar y exportar sin estructuras superiores, gestionar ingresos en divisas y aprobar inversiones de cubanos residentes en Cuba y en el exterior.
Las empresas estatales, por su parte, podrán operar «sin manos metidas en su gestión», exportar e importar directamente, seleccionar clientes y proveedores, y conservar parte de las divisas obtenidas.
También se anunció la aprobación acelerada de MIPYMES con expedientes paralizados y la reducción del listado de actividades prohibidas al sector privado.
El escepticismo entre analistas y la diáspora es, sin embargo, estructural.
Carlos Saladrigas, presidente del Cuba Study Group, fue categórico el pasado miércoles: «Los inversores no van a invertir en Cuba si no hay cambios políticos».
Para los cubanos residentes en Estados Unidos -la mayor concentración de la diáspora-, las restricciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) añaden un riesgo legal adicional que hace prácticamente inviable la participación sin exponerse a sanciones.
El propio Díaz-Canel fue sancionado personalmente por la OFAC el 4 de junio, junto a su esposa Lis Cuesta Peraza y su hijastro Manuel Anido Cuesta.
El gobernante admitió este viernes que la opacidad es parte del plan: «No todo lo podemos decir tan claramente porque el enemigo está acechando todo lo que hacemos».
The Economist Intelligence Unit proyecta una caída del PIB cubano de entre 6.5 % y 7.2 % en 2026, lo que convierte estas reformas, más que en una apuesta estratégica, en un intento de tapar con capital de la diáspora los agujeros que décadas de gestión estatal fallida han dejado en la economía de la Isla.
Preguntas frecuentes sobre las reformas económicas en Cuba y la apertura a la inversión de la diáspora
CiberCuba te lo explica:
¿Qué implican las reformas económicas anunciadas por Díaz-Canel en Cuba?
Las reformas económicas anunciadas por Díaz-Canel buscan atraer inversión extranjera y de la diáspora cubana, prometiendo mayor autonomía para municipios y empresas estatales, y eliminando trabas burocráticas. Estas medidas se presentan en un contexto de crisis económica severa, con un colapso del turismo y una crisis energética sin precedentes.
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¿Cómo pueden los cubanos residentes en el exterior invertir en Cuba?
Los cubanos residentes en el exterior pueden invertir en Cuba a través del nuevo marco legal establecido por el Decreto-Ley 117/2026. Pueden participar en sectores prioritarios como el turismo, la industria nacional, y la producción de alimentos, además de tener la opción de administrar hoteles y crear MIPYMES. El trámite se gestiona en consulados cubanos y tiene un costo de 3,500 pesos cubanos.
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¿Qué obstáculos enfrentan los emigrados que desean invertir en Cuba?
Los principales obstáculos para los emigrados interesados en invertir en Cuba incluyen la falta de garantías legales efectivas, la opacidad institucional, y las restricciones legales derivadas de las sanciones estadounidenses. Además, la desconfianza acumulada hacia el régimen cubano por parte de la diáspora también representa un desafío significativo para atraer inversiones.
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¿Cómo afecta la crisis energética y el colapso del turismo a la economía cubana?
La crisis energética ha resultado en un déficit eléctrico significativo, con apagones prolongados que afectan la operatividad de sectores clave como el turismo. El colapso del turismo, agravado por la salida de cadenas hoteleras internacionales debido a sanciones, ha contribuido a una caída del PIB proyectada entre 6.5% y 7.2% en 2026, profundizando la crisis económica cubana.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.