Díaz-Canel deja claro que el objetivo del régimen es sostener la Revolución pese al deterioro del país

«Se trata, ante todo, de salvar la Revolución». Con esa frase, pronunciada este martes durante una reunión del Consejo de Ministros, Miguel Díaz-Canel situó la preservación del proyecto político cubano como el objetivo central de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas por el régimen para enfrentar la profunda crisis que atraviesa el país.

La declaración, publicada por el sitio oficial de la Presidencia, se produjo durante la presentación de la hoja de ruta para implementar el paquete de reformas anunciado en junio y ofrece una de las definiciones más explícitas del gobierno sobre las prioridades que guían esta nueva etapa económica.

En su intervención, Díaz-Canel volvió a atribuir las dificultades del país al embargo estadounidense, al que calificó como «el bloqueo más prolongado de la historia de la humanidad», y presentó las reformas como parte de la estrategia para preservar el sistema socialista.

El gobernante instó a enfrentar el escenario actual «sin rendición, con inteligencia, firmeza ideológica, responsabilidad, unidad, coraje y audacia» y llamó a aplicar «todas las categorías del concepto de Revolución de Fidel» para defender las transformaciones aprobadas.

Aunque también hizo referencia a la necesidad de «mejorar la situación de los que están en mayor vulnerabilidad», vinculó ese propósito a la defensa del modelo socialista y a la continuidad del proceso revolucionario.

La reunión estuvo encabezada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, quien explicó algunas de las primeras medidas que comenzarán a aplicarse. Entre ellas figuran la descentralización de la fijación de precios mayoristas y minoristas, nuevas facultades para las empresas estatales, la posibilidad de que las pequeñas y medianas empresas superen el límite de 100 trabajadores y la autorización para que una persona natural pueda ser propietaria de más de una empresa privada.

El paquete de 176 transformaciones, organizado en 23 ejes, fue presentado el pasado 12 de junio y posteriormente ratificado por la Asamblea Nacional el 19 de junio. Según el Gobierno, durante el proceso de consulta se recibieron 673 propuestas, de las cuales fue aceptado el 79 %.

No obstante, el propio Marrero reconoció ante el Parlamento que la implementación de las medidas plantea importantes desafíos. Entre ellos mencionó el impacto de la dolarización parcial de la economía, la eliminación gradual de subsidios, las limitaciones para descentralizar decisiones sin fortalecer las capacidades locales y la liberación de los precios agrícolas en un contexto de baja producción.

Las declaraciones de Díaz-Canel se producen en medio de una crisis económica que continúa deteriorándose. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta una contracción del PIB cubano del 6.5 % en 2026, mientras que los déficits de generación eléctrica han superado los 2,000 MW durante las últimas semanas, con apagones que afectan simultáneamente a más de la mitad del país. A ello se suma un salario mínimo de 3,210 pesos cubanos, equivalente a unos 4.65 dólares según la tasa del mercado informal.

El deterioro de las condiciones de vida también se refleja en la migración. Entre 2021 y 2024, alrededor de 1.79 millones de cubanos abandonaron la isla y, durante 2026, el flujo migratorio continúa hacia países como Brasil y Uruguay, entre otros destinos.

Las palabras pronunciadas este martes contrastan con otro mensaje ofrecido por el propio Díaz-Canel apenas tres días antes, durante el XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, cuando aseguró que «el poder lo tiene el pueblo, no los ricos ni los burgueses», en un contexto marcado por prolongados apagones, escasez de alimentos y una pérdida sostenida del poder adquisitivo de los salarios.