Una vecina de la Calle Páez, en la prolongación Soublette del estado La Guaira, recibió este martes al equipo de DDHH Vente Venezuela con una frase que resume el abandono de miles de familias: «Aquí no ha venido nadie, ustedes son los primeros que están viniendo a revisar las casas, e inclusive a preguntar», dijo al ver llegar a los voluntarios con insumos, seis días después de los devastadores terremotos del 24 de junio de 2026.
La organización, vinculada al partido Vente Venezuela de María Corina Machado, recorrió ese sector popular de La Guaira para escuchar a los damnificados y entregar ayuda en una zona donde la presencia gubernamental era inexistente.
En un segundo video difundido por la misma cuenta, la vecina abrió las puertas de su vivienda y mostró el estado en que quedó tras los sismos: grietas nuevas en paredes y columnas, algunas que ya existían y se profundizaron con los movimientos telúricos.
«Esto es entre bombardeo y terremoto, esta se profundizó más, y esta que es la que más nos preocupa», dijo la mujer mientras señalaba las fisuras. Al mostrar una fractura en lo que parece ser una columna estructural del baño, advirtió: «No sé si es porque tiene el corte de la columna. Esta es nueva. Esta estaba finita. Estas no estaban».
El testimonio ilustra la situación de numerosas familias en zonas populares de La Guaira que no han recibido inspección técnica ni asistencia del Estado desde que los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio a las 18:04 hora local, con apenas 39 segundos de diferencia entre uno y otro.
Los sismos, catalogados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) como los más potentes registrados en Venezuela desde 1900, dejaron un balance que distintas fuentes sitúan entre 1.719 y 1.943 fallecidos, más de 5.000 heridos y cerca de 16.000 damnificados.
La ONU advirtió que hasta 50.000 personas podrían estar desaparecidas, mientras la NASA estimó que cerca de 58.870 edificios resultaron dañados o destruidos en la zona afectada.
En La Guaira colapsaron 250 edificios y el Hospital José María Vargas quedó destruido. Los daños materiales se calculan en 6.700 millones de dólares, equivalentes al 6% del PIB venezolano.
Mientras la sociedad civil y la oposición se movilizaron para llevar ayuda directamente a los afectados, el régimen de Nicolás Maduro militarizó la zona con 14.000 efectivos y estableció un sistema de acreditaciones obligatorias para ingresar a La Guaira, generando caos logístico y obstaculizando el paso de voluntarios y rescatistas internacionales.
Equipos como el español Usar13 y rescatistas estadounidenses no pudieron ingresar o fueron obligados a regresar por trabas burocráticas, mientras voluntarios venezolanos en motocicletas suplían en parte el vacío estatal llevando alimentos, agua y medicamentos.
Este martes, la vicepresidenta Delcy Rodríguez prometió nuevas viviendas para los damnificados antes de que finalice 2026 y anunció un sistema de clasificación estructural por colores —verde, amarillo y rojo— para determinar el estado de las viviendas afectadas. Sin embargo, en sectores como la Calle Páez, ningún funcionario había llegado a revisar las casas cuando el equipo de Vente Venezuela apareció con insumos.
«Estar aquí es también sostener, escuchar y no dejar sola a la gente», escribió DDHH Vente Venezuela al publicar el testimonio de la vecina.
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