El gobierno de México llevó este miércoles la crisis migratoria a los tribunales estadounidenses al anunciar 20 denuncias penales ante fiscalías estatales y de condado de Estados Unidos por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos ocurridas desde mayo durante operativos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Según un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), las denuncias fueron interpuestas el 13 de julio por el embajador de México en Washington, Roberto Lazzeri, en las jurisdicciones donde se produjeron los fallecimientos: ocho ante fiscalías estatales y doce ante fiscalías de condado en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Louisiana, Missouri y Texas.
Al día siguiente, el 14 de julio, la Embajada remitió al Departamento de Justicia —por conducto del Departamento de Estado— la denuncia elaborada por la Fiscalía General de la República (FGR), con la solicitud formal de abrir investigaciones sobre los 17 casos e informar sobre el avance de las indagatorias.
Las acciones forman parte del paquete de medidas anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum el 9 de julio, cuando México decidió abandonar la vía exclusivamente diplomática tras acumularse los fallecimientos reportados desde mayo.
Sheinbaum precisó entonces que de los 17 muertos, 14 perdieron la vida en centros de detención y tres durante operativos de ICE.
El paquete incluye también acciones civiles contra empresas operadoras de centros de detención, solicitudes de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y una carta del canciller Roberto Velasco Álvarez al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidiéndole que recabe información, analice la compatibilidad de los hechos con los instrumentos internacionales y emita recomendaciones para evitar casos similares.
El embajador Lazzeri también sostuvo reuniones con autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de ICE para expresar la preocupación mexicana por las condiciones en los centros de detención, incluidos los administrados por empresas privadas.
La escalada legal se produce en un contexto de creciente tensión bilateral. La semana anterior, Washington devolvió a México las cartas de protesta enviadas por la SRE: el funcionario Michael Kozak, de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, argumentó que las misivas «pretendían dirigir las acciones del personal estadounidense en su territorio soberano» y recomendó a México plantear sus inquietudes por los canales diplomáticos habituales.
El detonante inmediato de la crisis fue la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, mexicano de 52 años, fallecido el 7 de julio en Houston, Texas, tras recibir disparos de un agente de ICE durante un operativo migratorio.
El médico forense del condado de Harris clasificó el caso como homicidio, con causa de muerte por herida penetrante de arma de fuego en el torso.
ICE sostuvo que Salgado Araujo intentó huir y usar su vehículo como arma, versión disputada por testigos y organizaciones como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).
El caso está bajo investigación por la Oficina del Inspector General del DHS, el FBI y la fiscalía del condado de Harris, y este miércoles un juez frenó la deportación de un testigo clave del operativo.
La tasa de mortalidad en centros de detención de ICE alcanzó en 2026 las 88,9 muertes por cada 100,000 detenidos, el nivel más alto en 22 años, según un análisis publicado en la revista médica JAMA en abril, superando incluso el pico registrado durante la pandemia de COVID-19, que fue de 75,6 en 2020.
Entre los cubanos fallecidos bajo custodia de ICE en lo que va de 2026 figuran Geraldo Lunas Campos —cuya autopsia determinó homicidio por asfixia—, Aled Damien Carbonell-Betancourt y Denny Adán González, cuyos casos fueron reportados entre enero y abril.
La red consular mexicana mantiene acompañamiento jurídico a las familias de las víctimas y brinda apoyo para la repatriación de restos, mientras el Alto Comisionado Türk ya había pedido en enero de 2026 investigaciones independientes y transparentes sobre las muertes bajo custodia migratoria en Estados Unidos.
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