El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, respondió este jueves a la nueva ronda de sanciones anunciada por Estados Unidos contra el régimen cubano y acusó a Washington de utilizar esas medidas para imponer un «castigo colectivo» al pueblo de la isla y provocar una «crisis humanitaria».
Las sanciones, anunciadas por el Departamento de Estado al amparo de la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026, alcanzan a nueve entidades y dos altos funcionarios vinculados al sector energético, al conglomerado militar GAESA y al programa de misiones médicas en el extranjero.
«Cada acto de agresión del gobierno de EE.UU., como las medidas anunciadas este 23 de julio por el Secretario de Estado, demuestra que el objetivo es imponer un castigo colectivo contra todo el pueblo cubano», escribió Rodríguez en su cuenta de X.
El canciller fue más allá y aseguró que Washington intenta ocultar «sus intenciones genocidas y el propósito de provocar una crisis humanitaria», una afirmación que contrasta con la posición oficial del Departamento de Estado, que sostiene que «el objetivo último de las sanciones no es castigar, sino propiciar un cambio positivo en el comportamiento» del régimen cubano.
Defiende las misiones médicas
Uno de los principales blancos de la nueva ronda de sanciones es el programa de misiones médicas internacionales, que Estados Unidos califica como un esquema de trabajo forzoso y trata de personas.
Washington sancionó a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC), a la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), así como al ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, y a la directora de la UCCM, Gretza Sánchez Padrón.
Según el Departamento de Estado, el régimen cubano retiene entre el 50 % y el 95 % de los salarios que los países receptores pagan por los servicios de los profesionales de la salud.
Rodríguez rechazó esas acusaciones y defendió el programa como una iniciativa de cooperación internacional.
«El ataque contra la cooperación médica cubana equivale a una agresión contra el derecho humano al acceso a servicios de salud para cientos de miles de personas en muchas partes del mundo», afirmó.
También alcanzan al sector energético y a GAESA
Las nuevas medidas estadounidenses también amplían el cerco sobre el sector energético cubano con la inclusión de CEINPET, ENERSA S.A. y EINARBO S.A., además de reforzar la presión sobre el conglomerado militar GAESA.
En este último caso, fueron sancionadas CEIBA Investments Limited y ORBIT S.A., empresa procesadora de remesas que Washington considera «casi con certeza» controlada por GAESA.
El Departamento de Estado también citó como ejemplo de evasión de sanciones el traspaso de la administración del Puerto de Mariel a Coral Marítima S.A., una operación realizada a mediados de junio que, según Estados Unidos, buscó proteger activos del conglomerado militar frente a las restricciones ya vigentes.
Una respuesta recurrente del régimen
La anunciada este jueves constituye la quinta ronda de sanciones impuesta por la administración Trump contra el régimen cubano desde la entrada en vigor de la Orden Ejecutiva 14404.
Bruno Rodríguez ha respondido públicamente a cada uno de esos paquetes de medidas. El 13 de julio calificó una ronda anterior de sanciones como «criminal y genocida» y, semanas antes, anunció que Cuba solicitaría una sesión especial de la Asamblea General de la ONU para denunciar el endurecimiento de las sanciones estadounidenses.
Con su nuevo pronunciamiento, el canciller mantiene el discurso habitual del Gobierno cubano, que atribuye al embargo y a las sanciones estadounidenses la responsabilidad de la crisis que atraviesa la isla, mientras Washington sostiene que las medidas buscan limitar las fuentes de financiamiento del aparato político, militar y represivo del régimen.
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