La administración del presidente Donald Trump solicitó formalmente a una corte federal en Florida que otorgue inmunidad judicial a Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, en una demanda civil por secuestro y tortura presentada por tres ciudadanos estadounidenses.
El 20 de julio, el Departamento de Justicia (DOJ) presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida una «sugerencia de inmunidad» a favor de Rodríguez, argumentando que la rama ejecutiva tiene autoridad exclusiva para determinar qué jefes de Estado gozan de esa protección legal.
El documento no disputa las acusaciones contra Rodríguez, sino que se enfoca en la protección jurídica que le corresponde como jefa de Estado en ejercicio.
Una carta del Departamento de Estado al DOJ, fechada el 11 de junio, advirtió que incluir a Rodríguez en el caso «puede tener implicaciones en la política exterior» de Estados Unidos.
El Departamento de Estado reconoció formalmente a Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela en marzo de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero y su posterior encarcelamiento en EE.UU.
¿Tiene fundamento jurídico la inmunidad?
Según expertos consultados por PolitiFact, la organización sin ánimo de lucro operada por el Poynter Institute que ganó el Premio Pulitzer en 2009 por su labor de verificación periodística, la respuesta es sí.
Rob Howse, profesor de derecho internacional en la Universidad de Nueva York, fue categórico: «No hay fundamento jurídico que le permita a la corte no darle inmunidad a Rodríguez, ya que los precedentes citados por el gobierno de EE.UU. parecen válidos».
Howse precisó que «se trata de una inmunidad basada en su condición de jefa de estado interina en ejercicio».
La profesora Mary Ellen O'Connell, de la Universidad de Notre Dame, explicó que esa protección tiene un límite temporal claro:
«Si los venezolanos sacan a Rodríguez del poder mañana, ya ella no tendría inmunidad».
O'Connell aclaró además que, una vez fuera del cargo, Rodríguez podría volver a ser demandada, pero únicamente por acciones que no estén amparadas como actos oficiales.
La administración Trump respaldó su petición en el precedente del caso Congo contra Bélgica, resuelto por la Corte Internacional de Justicia en 2002, en el que ese tribunal dictaminó que Bélgica violó el derecho internacional al emitir una orden de arresto contra el entonces canciller del Congo.
El caso que originó la demanda
La demanda fue presentada en enero de 2026 por Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar José Marval, tres ciudadanos estadounidenses que alegaron haber sido secuestrados y torturados en Venezuela bajo el gobierno de Maduro, y que fueron liberados en un canje de prisioneros en diciembre de 2023.
Kenemore estuvo detenido 643 días; Saad, 560; y Marval, 123, en instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas.
El 14 de julio, el juez federal Darrin P. Gayles aprobó una indemnización de 314 millones de dólares contra Maduro, Alex Saab y otros funcionarios chavistas, aunque Delcy Rodríguez fue excluida de ese fallo.
El acercamiento entre Washington y Caracas
La solicitud de inmunidad se enmarca en una política más amplia de normalización bilateral.
Tras reconocer formalmente al gobierno de Rodríguez en marzo, Washington izó la bandera estadounidense en su embajada en Caracas, eliminó a Rodríguez de la lista de sanciones de la OFAC en abril.
A ello se suma que -según reportes- ordenó frenar investigaciones penales de la DEA contra ella en mayo, aunque el DOJ negó públicamente esa instrucción.
Detrás de ese acercamiento hay intereses energéticos concretos: ambos gobiernos pactaron la entrega de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano hacia refinerías estadounidenses.
¿Qué sigue?
No se sabe con exactitud cuándo el juez formalizará la desestimación de los cargos contra Rodríguez, pero está agendada una conferencia telefónica para el 30 de septiembre en la que podría resolverse esa cuestión.
Mientras tanto, el secretario de Estado Marco Rubio anunció el 20 de julio que las conversaciones para la transición democrática en Venezuela comenzarían a principios de agosto de este año.
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