En cualquier democracia, las elecciones constituyen el mecanismo mediante el cual los ciudadanos premian o castigan la gestión de sus gobernantes.
En Cuba, donde el Partido Comunista monopoliza el poder y los candidatos a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) no compiten con candidaturas ciudadanas en igualdad de condiciones ni representan proyectos políticos alternativos, ese margen de decisión prácticamente no existe.
Paradójicamente, el único proceso electoral que conserva un mínimo potencial para la expresión del descontento ciudadano es el de los delegados de circunscripción.
Son elecciones sin partidos, sin campañas y profundamente limitadas. Pero siguen siendo el único momento en que los vecinos podrían dar rienda suelta a su malestar y cuestionar directamente la gestión de quienes representan al Estado en sus comunidades, negarse a reelegirlos o expresar, mediante el voto o la abstención, el desgaste del sistema.
Y precisamente ese proceso acaba de ser aplazado.
El secretario de la Asamblea Nacional, José Luis Toledo Santander, justificó la derogación de la Ley 183 —aprobada apenas siete meses atrás— alegando que "no resulta pertinente realizar un proceso electoral en las actuales circunstancias" debido a la compleja situación económica y social que atraviesa el país.
El argumento resulta revelador.
No se sostiene que la ley fuera errónea ni que vulnerara la Constitución. Tampoco que existan obstáculos jurídicos insalvables. La razón es otra: la coyuntura política y económica aconseja no celebrar elecciones.
Es decir, cuando el contexto deja de ser conveniente para el poder, las reglas cambian.
Hace apenas unos meses, el propio Parlamento aprobó reducir excepcionalmente de cinco a cuatro años el mandato de los delegados municipales para separar en el tiempo las elecciones locales de las nacionales y facilitar la organización del calendario electoral.
Ahora esa misma excepcionalidad desaparece. La ley se deroga. El mandato vuelve a ser de cinco años. Y las elecciones municipales se vuelven a aplazar una vez más. Ya son cuatro elecciones municipales pospuestas desde 2017.
La explicación oficial intenta presentar la decisión como un acto de responsabilidad administrativa. Toledo Santander habló del coste económico del proceso electoral y de la necesidad de concentrar recursos en "otros procesos vitales para la defensa y sostenimiento de la Revolución".
Pero esa justificación plantea una pregunta inevitable.
Si la situación económica es demasiado grave para permitir que los ciudadanos voten, ¿no debería ser precisamente esa crisis la que hiciera más necesaria la rendición de cuentas de quienes gobiernan?
En cualquier sistema donde las elecciones cumplen una función de control político, una crisis de semejante magnitud conduciría a una mayor exigencia democrática, no a la suspensión de los mecanismos de participación.
En Cuba ocurre exactamente lo contrario. La crisis no acelera las elecciones. Las retrasa.
El mensaje implícito resulta difícil de ignorar: cuanto peor funciona el sistema, menos conveniente resulta consultar a la población.
La paradoja adquiere un significado aún mayor si se observa el contexto político de esta sesión parlamentaria.
Mientras la Asamblea aprueba las 176 medidas económicas con las que el régimen intenta corregir el colapso de su modelo productivo, también elimina el único proceso electoral que podía ofrecer una fotografía —aunque imperfecta y severamente condicionada— del estado de ánimo de la ciudadanía.
No es casualidad.
El régimen cubano necesita aplicar reformas profundas en medio del mayor deterioro económico en décadas y, al mismo tiempo, reducir cualquier escenario que pueda traducir ese malestar en un resultado políticamente incómodo.
Los delegados municipales no deciden la política económica nacional. Ni controlan al Gobierno. Ni pueden alterar el monopolio del Partido Comunista. Pero sí constituyen el único eslabón del sistema donde el ciudadano tiene un contacto directo con el proceso de nominación y votación.
Incluso dentro de las enormes limitaciones del modelo totalitario cubano, ese espacio conserva un valor simbólico. Y precisamente ese espacio acaba de ser pospuesto.
Quizá el aspecto más inquietante no sea el aplazamiento en sí. Lo verdaderamente revelador es la naturalidad con la que el régimen modifica sus propias normas cuando dejan de servir a sus necesidades.
La Ley 183 fue aprobada en diciembre de 2025. Siete meses después ya no sirve. No porque la Constitución haya cambiado. No porque existiera un error técnico. Simplemente porque el poder considera que las circunstancias actuales aconsejan otra cosa.
Ese razonamiento contiene una concepción profundamente distinta del Estado de derecho.
En una democracia constitucional, las leyes limitan al poder. En Cuba, el poder limita la duración de las leyes.
La norma deja de ser un marco estable para convertirse en un instrumento coyuntural, útil mientras responde a los intereses del gobierno y prescindible cuando deja de hacerlo.
Por eso la decisión adoptada esta semana trasciende el calendario electoral. No habla únicamente de cuándo votarán los cubanos. Habla de quién decide cuándo pueden hacerlo. Y la respuesta vuelve a ser la misma de siempre.
No los ciudadanos. El poder.
Vídeos relacionados:
Archivado en: