La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) aprobó el miércoles la derogación de la Ley 183, aprobada apenas en diciembre de 2025, que reducía a cuatro años el mandato de los delegados a las asambleas municipales.
Con esa decisión, el régimen pospone nuevamente las elecciones de delegados y las traslada a 2027, cuando se celebrarían junto a las de diputados a la Asamblea Nacional, según reporte del oficialista Canal Caribe.
Se trata de la cuarta vez que el régimen silencia a los electores cubanos en menos de 10 años, coincidiendo con la designación de Miguel Díaz-Canel como gobernante cubano por obra y gracia del "dedazo" de Raúl Castro.
La Ley 183 había sido diseñada para corregir un desfase acumulado desde la pandemia: la Ley Electoral de 2019 preveía una separación de hasta un año entre las elecciones municipales y las parlamentarias, pero el COVID-19 impidió cumplir ese calendario en 2020, y en 2022 y 2023 se celebraron elecciones sin esa separación.
Para subsanarlo, en diciembre de 2025 el gobierno cubano presentó la ley que recortaba el mandato de los delegados a cuatro años, con vencimiento en noviembre de 2026. Esa misma ley quedó derogada siete meses después.
El secretario de la ANPP, José Luis Toledo Santander, justificó la marcha atrás con el argumento de la crisis: «Hoy nuestro país atraviesa un escenario muy complejo, muy agravado por las difíciles situaciones económicas y sociales, que aconseja entonces la no realización de unas elecciones en estos momentos»
Asimismo, el también secretario del Consejo de Estado llamó a «concentrarnos en la materialización de otros procesos vitales para la defensa y sostenimiento de nuestra revolución, además de todos los recursos que conlleva realizar un proceso electoral».
La Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento avaló la propuesta y señaló que «no es aconsejable, por las características y condiciones que se deben garantizar para la realización de un proceso de esta naturaleza, celebrar como estaban previstas las referidas elecciones».
No es la primera vez que el régimen recurre a este tipo de maniobra. En 2017, las elecciones de delegados se aplazaron por el huracán Irma. En 2020, la pandemia alteró el calendario electoral.
En 2023, el Consejo de Estado pospuso la rendición de cuentas de los delegados alegando la crisis de combustible y la situación energética.
Cada aplazamiento llega con una justificación distinta, pero el patrón es el mismo: evitar convocar asambleas de circunscripción en momentos de alta conflictividad social.
El contexto actual hace esa conflictividad especialmente evidente. El Observatorio Cubano de Conflictos registró 1.311 protestas en mayo de 2026 y 107 protestas callejeras en junio, motivadas principalmente por los apagones, la falta de agua y la escasez generalizada.
Durante julio de 2026, la crisis energética ha provocado déficits superiores a 2.000 MW en horario pico, con varias unidades fuera de servicio por falta de combustible, y un rosario de averías en las termoeléctricas.
Analistas y medios independientes señalan que el régimen teme que las asambleas de circunscripción —espacios de contacto directo y obligatorio entre los más de 12.400 delegados y sus electores— se conviertan en escenarios de expresión masiva del descontento ciudadano.
La derogación de la Ley 183 obligó a convocar una sesión extraordinaria de la ANPP porque la Ley 131 de organización del Parlamento impide modificar o derogar una disposición de rango legal mediante simple decreto-ley.
Tras la derogación, el mandato de los delegados municipales vuelve a regirse por el artículo 187 de la Constitución, que lo fija en cinco años, y las próximas elecciones generales —tanto de delegados como de diputados— quedan aplazadas para 2027.
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