Periodismo no es traición: Desmontando la criminalización de la prensa libre en Cuba

En Cuba, informar siempre ha sido un acto de resistencia. Desde hace más de seis décadas, el régimen ha convertido el ejercicio del periodismo libre en una actividad sospechosa, cuando no delictiva.

Hoy, en pleno siglo XXI, los mecanismos han cambiado, pero el objetivo es el mismo: silenciar la verdad, intimidar a quien la dice y fabricar enemigos para justificar la censura.

Las campañas actuales contra elTOQUE, CiberCuba, CubaNet, Diario de Cuba y otros medios independientes no son hechos aislados ni espontáneos. Forman parte de una ofensiva orquestada desde el aparato ideológico y represivo del Estado, que ha encontrado en el entorno digital una nueva forma de perseguir el pensamiento crítico.

Una vieja estrategia con rostro nuevo

El pasado 26 de noviembre de 2025, Cubadebate publicó un artículo titulado “Radiografía de las cuentas de extrema derecha que operan contra Cuba en X”, elaborado por su llamado ‘Observatorio de Medios’.

Bajo la apariencia de un análisis técnico, el texto enumeraba una treintena de cuentas en redes sociales —entre ellas las de periodistas, economistas y activistas— a las que acusaba de liderar una “guerra cognitiva” organizada desde el exterior para “fomentar el odio contra Cuba”.

Dos días después, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla amplificó la acusación en su cuenta oficial de X, y lo que era un texto propagandístico se convirtió en doctrina de Estado.

De inmediato, Razones de Cuba, Granma, Prensa Latina y el vocero televisivo Humberto López retomaron la narrativa, apuntando especialmente contra el medio elTOQUE, al que acusaron de “terrorismo económico” y “mercenarismo”.

La secuencia es conocida: primero la demonización mediática, luego la amenaza judicial. Las fichas con fotografías y datos personales de 18 supuestos “directivos de elTOQUE” —publicadas por Cubadebate— confirman el patrón.

Las acusaciones son graves: tráfico de divisas, evasión fiscal, conspiración… Las pruebas, inexistentes. El método, el de siempre: linchar primero, justificar después.

Pero el caso elTOQUE es solo la manifestación más visible de una estrategia más amplia: criminalizar el periodismo libre para disuadirlo, ridiculizarlo o destruirlo.

Seis décadas de censura institucional

La represión a la libertad de prensa no es un error coyuntural, sino una política fundacional del régimen instaurado en 1959.

Apenas triunfó la llamada “revolución”, el nuevo poder clausuró los diarios Prensa Libre y Diario de la Marina, confiscó las imprentas y creó el aparato mediático estatal encabezado por Granma y el ICRT.

Desde entonces, el Partido Comunista monopoliza la información bajo el principio de que “la prensa es un arma de la Revolución”.

Durante los años setenta y ochenta, periodistas y escritores como Carlos Franqui, Marta Frayde, Guillermo Cabrera Infante o Reinaldo Arenas fueron silenciados o expulsados por no plegarse al discurso oficial.

En 2003, durante la ‘Primavera Negra’, 27 periodistas independientes —entre ellos Raúl Rivero y Ricardo González Alfonso— fueron condenados a largas penas de prisión por “mercenarismo”, un delito creado a medida para castigar la disidencia intelectual.

El siglo XXI trajo internet y las redes, pero también una versión digital del mismo control. Hoy, la represión ya no necesita cárceles visibles: opera mediante campañas de difamación, amenazas en redes, interrogatorios, hackeos, censura de sitios web y persecución económica. El control del relato sigue siendo el eje de la supervivencia del poder.

Los delitos de quienes preguntan y no callan

El Código Penal cubano vigente, aprobado en 2022, contiene figuras de amplia formulación que pueden alcanzar la actividad de periodistas, activistas y ciudadanos críticos. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión han advertido del efecto intimidatorio que algunas de estas disposiciones pueden tener sobre el periodismo independiente.

Artículo 124 (Propaganda contra el orden constitucional): sanciona determinadas acciones de propaganda contra el orden social establecido y el Estado socialista. La norma resulta especialmente relevante para la actividad informativa porque agrava las penas cuando para realizar esas conductas se utilizan medios de comunicación social, tanto físicos como digitales. En esos casos, las sanciones pueden alcanzar los diez años de prisión. Su formulación abre la puerta a que contenidos políticos críticos sean interpretados por las autoridades como propaganda contra el orden constitucional.

Artículo 135 (Mercenarismo): es el que tipifica realmente este delito. A diferencia del uso político que el régimen hace habitualmente de la palabra «mercenario» para desacreditar a opositores, activistas y periodistas que reciben financiación exterior, el tipo penal está vinculado a la incorporación, a cambio de remuneración o beneficio personal, a formaciones militares o empresas militares privadas en las circunstancias establecidas por la ley, así como a determinadas formas de colaboración con esos actos. Por tanto, trabajar para un medio extranjero o recibir remuneración por una actividad periodística no convierte por sí mismo a una persona en «mercenaria» en el sentido técnico del artículo 135.

Artículo 143 (financiación de actividades contra el Estado y su orden constitucional): esta es una de las disposiciones que mayor preocupación suscita para el periodismo y la sociedad civil independientes. Establece penas de cuatro a diez años para quien apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros destinados a sufragar actividades contra el Estado cubano y su orden constitucional. La amplitud de la formulación concede a las autoridades un considerable margen para determinar qué actividades consideran dirigidas contra el Estado, lo que genera riesgos para proyectos periodísticos o cívicos que reciben financiación del exterior.

Artículo 133 (Difusión de noticias falsas contra la paz internacional): sanciona la difusión de noticias falsas cuando se realiza con los propósitos específicos establecidos por la norma, entre ellos perturbar la paz internacional, poner en peligro el prestigio o crédito del Estado cubano o perjudicar sus buenas relaciones con otro Estado. No debe confundirse este delito con el Decreto-Ley 370, utilizado anteriormente contra activistas y periodistas por publicaciones en internet, ni con el artículo 370 del Código Penal vigente, que no tipifica la difusión de noticias falsas.

A estas figuras se suman otros delitos que pueden entrar en juego dependiendo de las conductas concretas atribuidas por las autoridades, entre ellos el desacato, la instigación a delinquir, los desórdenes públicos o la desobediencia. Delitos como atentado o resistencia requieren conductas adicionales previstas por la ley y no deben presentarse como delitos derivados automáticamente del ejercicio del periodismo o de la expresión de opiniones críticas.

El problema, por tanto, no es que el Código Penal contenga un delito denominado «periodismo independiente», porque no existe. El riesgo reside en la posibilidad de interpretar la publicación de determinados contenidos, la actividad política o cívica y la recepción de financiación exterior a través de tipos penales concebidos para proteger al Estado y su orden constitucional.

Esa distinción resulta especialmente importante cuando el propio discurso oficial califica de «mercenarios» a periodistas, activistas y opositores. El Código Penal distingue entre el mercenarismo del artículo 135 y la recepción o provisión de fondos contemplada en el artículo 143; el discurso político del régimen, en cambio, tiende a borrar esa frontera.

En un país sin prensa libre reconocida plenamente frente al poder estatal y donde periodistas independientes han denunciado interrogatorios, amenazas y presiones de la Seguridad del Estado, esa retórica no es una simple descalificación política: puede convertirse en un instrumento de intimidación cuando se combina con normas penales capaces de acarrear varios años de prisión.

Los falsos delitos: Desmontando los mitos del régimen

“Mercenarismo”: El gobierno insiste en que los medios independientes son “mercenarios” porque algunos reciben financiamiento internacional. Pero todos los fondos de medios independientes son públicos, transparentes y auditados.

A pesar de la insistencia del régimen en difamar a CiberCuba como receptor de estos fondos, este medio ha dejado claro en múltiples ocasiones que no recibe financiación alguna y que funciona con fondos propios generados por la publicidad y el tráfico.

Sin embargo, el verdadero problema para el régimen no es el origen del dinero, sino el destino de la información: no se le puede controlar.

Además, los medios estatales también reciben financiamiento externo, aunque disfrazado de cooperación o inversión estatal de países aliados. La diferencia es que ellos responden a intereses políticos, mientras el periodismo independiente responde a la verdad.

“Propaganda enemiga”: Si hay propaganda en Cuba, está en los medios del Estado. Granma, Juventud Rebelde o Cubadebate no informan: repiten consignas. El periodismo libre, en cambio, contrasta, verifica y da voz a los que el poder calla.

El régimen teme a la prensa independiente porque rompe el monopolio narrativo: pone en evidencia la pobreza, los apagones, la corrupción y las violaciones de derechos humanos que la prensa oficial niega.

“Traición” y “seguridad del Estado”: La lealtad de un periodista no es con el gobierno, sino con la sociedad. El régimen confunde deliberadamente la crítica al Partido con la traición a la patria. Pero denunciar a un poder autoritario no es traicionar a Cuba; es defenderla.

Identificar “Revolución = Estado = Patria” es el mayor subterfugio político del castrismo. Bajo esa fórmula, el régimen se apropia del país y convierte cualquier desacuerdo en delito.

“Contrarrevolución”: Durante décadas, el término ha servido para excluir y demonizar a quienes no comulgan con el discurso oficial. Pero en la Cuba actual, donde la llamada “revolución” significa permanencia y represión, el verdadero revolucionario es quien exige cambio.

Ser “contrarrevolucionario” se ha convertido en un honor para quienes luchan por derechos, transparencia y libertad. Así como ser un “odiador” se ha convertido en una distinción que exhiben los que desprecian la violencia, represión, estulticia, manipulación, adoctrinamiento y corrupción de un poder totalitario.

La guerra del lenguaje

El régimen ha refinado su arsenal semántico. Ahora ya no habla solo de “propaganda enemiga” o “mercenarios”, sino de “guerra cognitiva”, un concepto importado del léxico militar ruso.

La idea es simple y peligrosa: presentar el debate público como una guerra, la crítica como un ataque y el pensamiento libre como un arma. Al militarizar el lenguaje, el Estado justifica su vigilancia, censura y represión como defensa nacional.

Cuando el poder llama “guerra” a la verdad, es porque ya no tiene argumentos.

El papel del periodismo independiente

A pesar de la persecución, el periodismo libre cubano sigue vivo dentro y fuera del país. Medios como CiberCuba, elTOQUE, CubaNet, Diario de Cuba, 14ymedio o ADN Cuba documentan lo que el Estado oculta: la pobreza, la migración masiva, las cárceles políticas, el colapso sanitario y la desigualdad que genera la “dolarización parcial” del sistema.

Su existencia no es un delito, sino un servicio público. Son los que mantienen a Cuba conectada con la verdad, a pesar de la censura, el exilio y las campañas de odio.

El verdadero delito

El régimen acusa de traición a quienes informan, pero los verdaderos traidores son los que mienten en nombre de Cuba. Los que usan la bandera para encubrir la represión, la palabra “patria” para justificar la pobreza y la “revolución” para perpetuar el poder de una élite.

En Cuba, informar es resistir. No hay crimen más grave para una dictadura que decir la verdad. Los periodistas independientes cubanos no son enemigos de la patria, sino disidentes de una dictadura que utiliza la prensa oficialista como instrumento de dominación. Son aquellos que, como dijera Martí, “con un poco de luz en la frente no pueden vivir donde mandan tiranos”.

Y mientras el poder siga confundiendo su permanencia con la nación, habrá que recordarle que Cuba no es el Partido, ni la Revolución, ni el Gobierno: Cuba son las actuales víctimas de una dictadura, pero también los futuros ciudadanos de un Estado de Derecho, y una patria libre y democrática.