«En Cuba no hay, ni habrá, giros capitalistas».
Miguel Díaz-Canel pronunció esa frase en julio de 2018, apenas tres meses después de asumir la Presidencia de Cuba y cuando se presentaba como garantía de «continuidad» del sistema heredado del dictador Fidel Castro y su hermano Raúl.
Ocho años después, aquellas palabras vuelven a cobrar actualidad.
El régimen cubano ha anunciado 176 medidas que amplían considerablemente el espacio de los mecanismos de mercado, la propiedad y la iniciativa privadas y la inversión extranjera.
Entre las transformaciones aparecen sociedades por acciones, banca y casas de cambio privadas, inversión extranjera vinculada al sector no estatal, mayor autonomía empresarial y nuevos mecanismos para precios, salarios y relaciones entre los diferentes actores económicos.
Díaz-Canel rechaza, sin embargo, que semejante apertura pueda considerarse un giro hacia el capitalismo. «No estamos renunciando al socialismo», insistió al anunciarse las medidas.
Y en un reciente discurso ante representantes internacionales de partidos comunistas y obreros volvió a marcar los límites: «Es un proceso para dinamizar la economía, no para instaurar el capitalismo; no habrá privatización a ultranza».
La distancia entre el tajante «no hay, ni habrá, giros capitalistas» de 2018 y la necesidad de precisar en 2026 que no habrá privatización «a ultranza» resume buena parte del camino recorrido por la economía cubana.
De los Lineamientos al Ordenamiento
El giro actual no apareció de la nada.
Sus antecedentes se remontan al proceso de reformas impulsado por Raúl Castro y plasmado en los Lineamientos de la Política Económica y Social aprobados por el VI Congreso del Partido Comunista en 2011.
Ya entonces el régimen admitía determinados mecanismos de mercado y formas de gestión no estatales para «actualizar» una economía con graves problemas estructurales, pero establecía una frontera ideológica: las reformas debían preservar el socialismo.
Díaz-Canel heredó aquel proceso cuando llegó a la Presidencia en 2018. En lugar de prometer una ruptura, se presentó como «continuidad» y descartó categóricamente cualquier «giro capitalista».
Tres años después, bajo su mandato, llegó la llamada Tarea Ordenamiento. La reforma monetaria y cambiaria modificó salarios, pensiones, precios, tarifas y subsidios, pero rápidamente comenzó a mostrar graves problemas.
Apenas unas semanas después de su entrada en vigor, el propio Díaz-Canel admitió: «Tenemos que ordenar el Ordenamiento».
En 2023 fue todavía más explícito. El gobierno, dijo, estaba analizando «en qué nos pudimos equivocar en el Ordenamiento» y «qué pudimos haber hecho mal». La promesa entonces fue «rectificar».
Después llegó otra fórmula: «corregir distorsiones y reimpulsar la economía». Y ahora llegan las 176 medidas.
La secuencia resulta difícil de ignorar: actualizar, ordenar, ordenar lo ordenado, rectificar, corregir distorsiones, reimpulsar y volver a reformar.
Mientras tanto, Cuba ha atravesado años de inflación, depreciación del peso, hundimiento del sistema eléctrico, apagones, escasez de alimentos y medicinas, deterioro de servicios públicos y una emigración masiva.
El propio Díaz-Canel reconoce ahora parte del resultado: «Sí, tenemos muchas carencias. Nos agobian los apagones, la falta de agua, la inflación y las colas».
Más mercado para «construir el socialismo»
Pese a la magnitud de las nuevas reformas, Díaz-Canel insiste en que el objetivo ideológico permanece intacto.
En su reciente discurso reconoció expresamente que la recuperación económica dependerá tanto de la empresa estatal como de la privada: «Hacerlo será tarea de todos, de la empresa estatal y la no estatal, junto a otras formas de gestión de la economía que en su conjunto conforman el entramado empresarial cubano».
Pero inmediatamente estableció el destino que el régimen reserva a ese entramado: «Enfocados en un fin único: «construir el socialismo próspero y sostenible».
También describió la transformación económica como una «actualización» realizada «bajo la conducción del Partido Comunista de Cuba» y «sin renunciar jamás a los principios del socialismo».
La paradoja resulta evidente: después de décadas de restricciones a la propiedad privada y al mercado, el régimen necesita ampliar su papel para intentar sacar a la economía de la crisis, pero sigue presentando esas herramientas como instrumentos destinados a fortalecer el socialismo.
Las 176 medidas no convierten a Cuba automáticamente en una economía capitalista. El Estado conserva un enorme peso económico y el propio gobierno rechaza cualquier transición hacia ese sistema.
Pero tampoco resulta fácil conciliar la economía que Díaz-Canel prometía en 2018 con la que intenta construir en 2026.
El proceso venía incubándose desde los Lineamientos y ha avanzado entre reformas, frenos y sucesivas rectificaciones. Lo que ocho años de crisis parecen haber cambiado es la urgencia y la profundidad de las concesiones al mercado.
En 2018, Díaz-Canel aseguraba que no habría «giros capitalistas».
En 2026 admite más empresa privada, capital extranjero y mecanismos de mercado; ya no promete que no habrá privatización, sino que no será «a ultranza».
Y mientras cambia el libreto económico, insiste en que el objetivo continúa siendo el mismo: «construir el socialismo».
¿Qué queda entonces de aquel categórico «no habrá giros capitalistas»?
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