El reciente reportaje del Miami Herald sobre las conversaciones secretas entre Washington y La Habana merece una lectura que vaya más allá del petróleo, los apagones y la crisis económica. Detrás de esas conversaciones puede existir una pregunta mucho más incómoda:¿Qué estaría dispuesto a entregar el régimen cubano para conservar el poder?
Durante décadas, La Habana presentó a Estados Unidos como el enemigo absoluto. Cualquier acercamiento era denunciado como una amenaza a la soberanía nacional. Sin embargo, cuando la supervivencia del sistema comienza a estar en juego, aquello que ayer parecía innegociable puede convertirse en materia de negociación.
Y aquí aparece una cuestión que considero esencial. La cabeza de Díaz-Canel no nos basta. No porque su salida carezca de importancia, sino porque Díaz-Canel es consecuencia, no causa. Él forma parte de una estructura de poder construida durante décadas por Fidel y Raúl Castro. Cambiar al presidente, mientras permanecen intactos el partido único, el aparato represivo, la ausencia de libertades políticas y la concentración del poder, no significa que Cuba haya cambiado.
Sería apenas cambiar una pieza. Y existe algo todavía más preocupante: ¿Qué ocurriría si una eventual negociación terminara dejando a un Castro, directa o indirectamente, dentro del núcleo del poder? Para muchos cubanos, eso sería inadmisible.
No hemos sufrido décadas de falta de libertades, persecución, exilio, cárceles, censura y separación familiar para terminar aceptando una especie de «solución» que nos devuelva electricidad, combustible y estabilidad económica, pero conserve la esencia del mismo sistema.
Sí, queremos electricidad. Sí, queremos combustible. Sí, queremos que funcionen las industrias, que haya alimentos, medicinas y oportunidades. Pero también queremos libertad. Porque una Cuba con electricidad y sin libertad seguiría siendo una Cuba sin futuro político.
Comprendo perfectamente que las naciones se mueven por intereses. Estados Unidos tiene los suyos: seguridad regional, migración, energía, estabilidad en el Caribe y, naturalmente, intereses económicos. Un acuerdo energético con Cuba podría ser atractivo para Washington si contribuye a reducir una crisis que también termina afectando a Estados Unidos.
Eso es legítimo desde la perspectiva de la política internacional. Pero los cubanos tenemos derecho a decir algo con absoluta claridad: Ese arreglo puede ser económico para Estados Unidos y conveniente para determinados sectores del poder cubano, pero no necesariamente sería bueno para Cuba.
No queremos que nuestra tragedia se convierta en una oportunidad para perpetuar la dictadura. No queremos que se resuelva el problema de los apagones mientras continúa apagada la libertad. No queremos que el precio de la estabilidad económica sea aceptar nuevamente la continuidad de una familia política que lleva más de seis décadas determinando el destino de la nación.
Y tampoco debemos confundir una negociación con una transición. Una negociación puede producir petróleo. Puede producir electricidad. Puede producir concesiones económicas. Pero una transición democrática exige mucho más: libertad de expresión, libertad de asociación, pluralismo político, independencia judicial, elecciones libres, liberación de los presos políticos y garantías reales para que ningún grupo vuelva a apropiarse del Estado.
Por eso las conversaciones de Washington y La Habana deben interesarnos profundamente, pero también deben preocuparnos. No sabemos todavía hasta dónde han llegado ni cuál será su resultado. Tampoco podemos afirmar que Díaz-Canel vaya a ser sacrificado. Pero sí podemos advertir algo: si el régimen está dispuesto a negociar para sobrevivir, los cubanos debemos preguntarnos qué pretende salvar.
¿A Cuba? ¿O al poder? Esa diferencia lo cambia todo. Porque Cuba necesita petróleo, electricidad y reconstrucción económica. Pero necesita, sobre todo, recuperar algo que no puede comprarse con petróleo: su libertad. Y que nadie se confunda. Los cubanos no queremos cambiar los apagones por una dictadura con electricidad.
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