Una publicación de Sonia Hernández Camacho, funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX), volvió a exponer una tensión cada vez más visible en el discurso del régimen sobre sus reformas económicas: mientras La Habana las presenta como una decisión interna y soberana, parte de su narrativa diplomática parece más pendiente de la lectura que hace Washington que de la percepción de los propios cubanos.
Hernández Camacho, quien se identifica como directora de Temas Bilaterales de la Dirección General de Estados Unidos del MINREX, reaccionó en Facebook a las nuevas medidas estadounidenses vigentes desde este 30 de septiembre con una frase reveladora: «Las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno de EE. UU. [...] son la prueba más reciente de que no importa qué haga Cuba por intentar avanzar, desarrollarse, diversificar su economía y actores económicos, que para EE. UU. nunca será suficiente».
La frase no admite de forma explícita que las reformas fueran diseñadas para complacer a Estados Unidos. Sin embargo, coloca el paquete de cambios en una lógica de validación externa: Cuba «hace», Washington «evalúa» y, según la funcionaria, nada basta. Ese encuadre desplaza el centro del debate desde los resultados concretos para la población hacia la respuesta política del Gobierno estadounidense.
Desde junio, el oficialismo ha insistido en presentar las 176 transformaciones económicas y sociales como una decisión propia.
Miguel Díaz-Canel aseguró que no se estaban adoptando «por las presiones de los yanquis» y después negó que fueran para «complacer a Estados Unidos». Manuel Marrero Cruz también defendió el paquete como parte de una transformación «100 % cubana» y realizada «con total soberanía», aunque el propio gobierno reconoció haber estudiado experiencias como las de China y Vietnam.
El post de Hernández Camacho introduce, no obstante, un matiz incómodo. La funcionaria no argumenta a partir del alivio que esas medidas hayan producido en la vida diaria de los cubanos, sino desde la supuesta negativa de Washington a reconocerlas.
Los apagones, la inflación, la escasez, los salarios depreciados, la emigración masiva y la desconfianza ciudadana quedan relegados frente al reclamo de que Estados Unidos no valora los cambios anunciados por La Habana.
Ese giro no aparece aislado. En los últimos meses, el régimen ha alternado entre registros distintos según el momento político. En febrero, CiberCuba documentó cómo un comunicado del MINREX evitó términos habituales del discurso castrista como «bloqueo», «imperialismo», «agresión» o «enemigo», y adoptó un lenguaje más técnico, diplomático y abierto al diálogo con Estados Unidos.
Algo similar ocurrió después con la Base Naval de Guantánamo. Una comunicación militar cubana pasó de la retórica histórica sobre el «territorio ocupado» a una formulación más neutra, al referirse al lugar como un «enclave militar», sin cargar el mensaje con las reclamaciones tradicionales de soberanía. En ambos casos, el régimen parecía modular su lenguaje para proyectar pragmatismo ante Washington.
La publicación de Hernández Camacho muestra el reverso de esa operación discursiva. Cuando necesita mostrarse como interlocutor viable, La Habana suaviza su vocabulario; cuando Washington endurece su posición o no valida sus gestos, recupera la narrativa del agravio externo.
Las reformas quedan entonces atrapadas en una doble función: hacia dentro se presentan como soberanas; hacia fuera, como prueba de que el régimen cubano intenta cambiar y Estados Unidos no lo reconoce.
Las medidas estadounidenses citadas por la funcionaria incluyen restricciones adicionales a transacciones financieras directas e indirectas con entidades de la Lista Restringida de Cuba, la eliminación de la autorización para operaciones bancarias conocidas como U-Turn y la retirada de la licencia que permitía a bancos bajo jurisdicción estadounidense mantener determinadas cuentas de empresarios privados cubanos.
Hernández Camacho presentó esas decisiones como prueba de que Washington siente por el sector privado cubano «el mismo desprecio» que, según ella, siente por el gobierno y el «pueblo revolucionario». También afirmó que a Estados Unidos «se le cayó la careta» del apoyo al pueblo cubano y al sector privado.
La paradoja es difícil de esquivar. El propio régimen cubano ha limitado durante años el margen de autonomía de los actores privados mediante autorizaciones, controles, restricciones de importación, topes, inspecciones y un marco legal subordinado a las decisiones del Partido Comunista.
Ahora, cuando las sanciones estadounidenses afectan a ese sector, el discurso oficial intenta presentarse como su defensor, sin admitir el peso de las trabas internas que condicionan su desarrollo.
La tensión aumenta si se observa el balance más reciente del propio régimen. Marrero aseguró esta semana que ya se han implementado 158 de las 176 transformaciones, equivalentes al 89 % del paquete. Sin embargo, ese supuesto avance normativo no se ha traducido en una mejora perceptible para la población, que sigue enfrentando una crisis marcada por desabastecimiento, inflación y deterioro de los servicios básicos.
En ese contexto, el mensaje de la funcionaria del MINREX resulta revelador. El problema no es solo que La Habana culpe a Washington de los límites de sus reformas, sino que parece necesitar la reacción de Estados Unidos para dotarlas de sentido político.
El régimen asegura que no cambia para satisfacer a la Casa Blanca, pero sus voceros reaccionan como si el juicio estadounidense fuera central para medir el alcance de esos cambios.
Las reformas, si fueran realmente soberanas, tendrían que legitimarse por su impacto en la vida cotidiana de los cubanos. Hasta ahora, el oficialismo presume transformaciones, denuncia sanciones y ajusta su lenguaje según el interlocutor, mientras la población sigue esperando resultados.
En esa contradicción se resume el fondo del problema: La Habana dice mirar hacia dentro, pero vuelve una y otra vez a Washington para explicar lo que no logra demostrar en Cuba.
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