La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó revisar la política de detención obligatoria de la administración de Donald Trump que permite mantener bajo custodia a determinados inmigrantes sin acceso a una audiencia de fianza mientras enfrentan sus procesos de deportación, una batalla judicial con implicaciones directas para numerosos cubanos detenidos por ICE.
El máximo tribunal aceptó el caso este jueves, según consta en su expediente oficial. La disputa, denominada Rhoney v. Barbosa da Cunha, determinará hasta dónde puede llegar el Gobierno federal al aplicar la detención obligatoria a inmigrantes que ya se encuentran dentro de Estados Unidos y si estos deben poder solicitar su liberación bajo fianza.
La Corte Suprema todavía no ha decidido si la política es legal y lo ocurrido hasta ahora significa únicamente que los jueces aceptaron estudiar el conflicto entre tribunales federales, reportó AP.
Los argumentos deberán escucharse en los próximos meses y posteriormente llegará una sentencia que podría establecer una regla uniforme para todo el país.
La controversia gira alrededor de dos disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad: 8 U.S.C. § 1225 y 8 U.S.C. § 1226.
La administración Trump sostiene que personas que ingresaron sin haber sido formalmente admitidas pueden ser consideradas «solicitantes de admisión» y quedar sujetas a detención obligatoria bajo la sección 1225, incluso cuando llevan años viviendo dentro de Estados Unidos.
Los demandantes sostienen, en cambio, que quienes ya se encuentran dentro del país y son arrestados posteriormente por las autoridades migratorias deben quedar bajo la sección 1226(a), que permite solicitar una audiencia ante un juez de inmigración para determinar si pueden ser liberados bajo fianza mientras continúa su proceso.
Durante décadas, el propio Gobierno federal permitió audiencias de fianza a muchos inmigrantes que habían entrado sin inspección y posteriormente eran detenidos dentro del territorio.
La administración modificó esa interpretación en 2025 y comenzó a defender una aplicación mucho más amplia de la detención obligatoria, lo que desencadenó numerosas impugnaciones judiciales.
La Corte Suprema interviene después de que diferentes tribunales federales llegaran a conclusiones opuestas. La mayoría de los circuitos que han analizado el asunto han rechazado la interpretación del Gobierno y reconocido que determinados inmigrantes detenidos dentro del país pueden solicitar una audiencia de fianza. En cambio, los circuitos Quinto y Octavo han respaldado la posición de la administración.
La ACLU, que representa al inmigrante que figura como demandado en el caso, sostiene que la interpretación del Gobierno podría alcanzar a millones de personas que viven en Estados Unidos sin haber sido formalmente admitidas.
La administración, por su parte, argumenta que la ley migratoria aprobada por el Congreso en 1996 exige ese régimen de detención.
Para los cubanos el asunto tiene especial relevancia por el aumento de las detenciones migratorias y por la situación de personas que ingresaron por la frontera, recibieron documentos como la I-220A, fueron procesadas mediante parole u otras vías migratorias y posteriormente quedaron bajo custodia de ICE.
Pero hay una diferencia esencial: la Corte Suprema no eliminó este jueves el derecho a pedir fianza que actualmente existe para determinados detenidos dentro del 11.º Circuito.
Ese circuito, cuya jurisdicción comprende Florida, Georgia y Alabama, decidió el 6 de mayo en Hernandez Alvarez v. Warden, Federal Detention Center Miami que la detención obligatoria contemplada en la sección 1225 se aplica generalmente a inmigrantes que están llegando y buscan entrar al país, mientras que quienes ya se encuentran en el interior y son detenidos posteriormente están sujetos a la sección 1226.
Un análisis del Instituto Cato divulgado en abril señaló que las detenciones de migrantes cubanos por ICE habían aumentado un 463 % entre octubre de 2024 y enero de 2026.
Florida encabezaba los arrestos de cubanos, con 708 casos registrados hasta diciembre de 2025, principalmente en Miami-Dade, Broward y Collier.
La posibilidad de obtener una audiencia de fianza adquirió particular importancia en mayo, cuando el 11.º Circuito reconoció que determinados inmigrantes detenidos por ICE en Florida, Georgia y Alabama podían solicitar que un juez evaluara su liberación bajo fianza.
Ese precedente es precisamente uno de los elementos que ahora cobra relevancia ante la revisión que realizará la Corte Suprema.
Las diferencias entre categorías migratorias, sin embargo, siguen siendo determinantes. Este jueves se conoció el caso de un cubano que entró mediante parole humanitario y fue detenido por ICE mientras trabajaba como conductor de Uber.
Según explicó su abogado, fue clasificado como arriving alien —«extranjero que llega»—, una categoría bajo la cual el juez de inmigración no tendría jurisdicción para concederle fianza.
El hombre llevaba casi tres años en Estados Unidos y tenía pendiente una solicitud de residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano.
Este caso ante la Corte Suprema podría cambiar las reglas de detención para miles de inmigrantes en todo el país. Sigue de cerca todos los desarrollos en nuestra sección de Inmigración en EE.UU.
Vídeos relacionados:
Archivado en: