El atraso en las solicitudes de naturalización en Estados Unidos alcanzó niveles críticos: al cierre del tercer trimestre del año fiscal 2026, USCIS acumulaba 727,371 formularios N-400 pendientes de resolución, con un tiempo medio de espera de 9,5 meses para los casos no militares, según los datos oficiales publicados por la agencia.
Las cifras del período abril-junio de 2026 revelan la causa estructural del problema: la agencia recibió cerca de 146,000 nuevas solicitudes durante el trimestre, pero solo resolvió unas 70,500, aproximadamente la mitad de lo que ingresó.
De esas resoluciones, 57,697 fueron aprobaciones y 12,842 resultaron en denegaciones. Como señaló Boundless Immigration en su resumen semanal, «las solicitudes llegan considerablemente más rápido de lo que USCIS las está completando».
El panorama se agravó aún más en los meses siguientes. En julio de 2026, la agencia completó apenas 20,674 naturalizaciones, frente a 80,077 en el mismo mes del año anterior, una caída del 74% interanual.
Para ese momento, el total de N-400 pendientes había trepado a unas 778,000, de las cuales aproximadamente 485,000 llevaban más de seis meses sin resolverse.
Un factor político agudizó el atasco. A finales de abril de 2026, USCIS activó el sistema de verificación de antecedentes Next Generation Identification (NGI) del FBI, que obligó a reenviar las huellas dactilares archivadas de millones de solicitantes, paralizando temporalmente la adjudicación de casos.
La medida derivó de una orden ejecutiva de la administración Trump de febrero de 2026. Según análisis de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), ese proceso de reenvío de huellas podría elevar los tiempos de procesamiento de naturalizaciones en un 46% a nivel nacional.
Para la comunidad cubana, el impacto es especialmente significativo. Miles de cubanos que llegaron durante el boom migratorio de 2022-2023 —muchos bajo el programa de parole humanitario CHNV, que permitió la entrada de unos 110,240 cubanos— obtuvieron su residencia permanente mediante la Ley de Ajuste Cubano, que exige solo un año y un día de presencia física.
Quienes regularizaron su estatus en 2022 o 2023 están llegando ahora a los cinco años de residencia permanente requeridos para solicitar la ciudadanía.
A eso se suma la motivación adicional que genera el endurecimiento migratorio: ante deportaciones, revisiones de estatus y la cancelación del parole CHNV, muchos cubanos con residencia permanente buscan la naturalización como escudo definitivo frente a posibles cambios en las políticas migratorias.
La ciudadanía otorga una protección que la residencia permanente no garantiza en todos los casos.
El contexto previo también pesa. En diciembre de 2025, la administración Trump pausó los procesos de ciudadanía y residencia para nacionales de 19 países, entre ellos Cuba, generando meses de incertidumbre.
Aunque USCIS confirmó en julio de 2026 que levantaba las suspensiones de adjudicación final para cubanos y venezolanos, el atraso acumulado persiste.
Desde el punto de vista práctico, el costo actual del N-400 es de $760 en papel y $710 en línea, con una tarifa reducida de $380 para quienes califiquen.
DHS propuso en junio de 2026 elevar esas tarifas a $1,330 y $1,280 respectivamente, aunque la propuesta aún no está en vigor. Paralelamente, nuevas tarifas de USCIS entran en vigor el 16 de octubre para otros trámites migratorios.
Los solicitantes con casos demorados más allá del tiempo publicado por USCIS para su oficina pueden presentar una solicitud de servicio en línea.
En casos de demoras irrazonables, algunos abogados recomiendan evaluar una demanda de mandamus federal para obligar a la agencia a actuar, aunque los expertos aconsejan consultar a un abogado de inmigración antes de tomar cualquier acción legal.
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