El Informe sobre Trata de Personas 2026 del Departamento de Estado de EE.UU., publicado el 8 de octubre, mantuvo a Cuba en el Nivel 3 —la categoría más severa— por séptimo año consecutivo e incluyó por segunda vez consecutiva el reclutamiento fraudulento de ciudadanos cubanos para combatir como mercenarios en Ucrania al servicio de Rusia, calificándolo como una modalidad de trata de personas.
El documento señala que cubanos fueron captados mediante ofertas de trabajo falsas publicadas en línea —empleos en construcción u otros oficios en Rusia— y que al llegar a Moscú fueron coaccionados para servir como mercenarios en el frente ucraniano.
«Según expertos y reportes de medios, ciudadanos cubanos fueron reclutados de manera fraudulenta para combatir por Rusia en Ucrania; personas con experiencia directa reportaron haber sido reclutadas en línea para trabajar en construcción u otros empleos en Rusia y, al llegar a Moscú, fueron coaccionadas para trabajar como mercenarios contratados en Ucrania», precisa el informe.
Esta es la segunda vez que el reporte anual del Departamento de Estado incorpora el asunto de los mercenarios cubanos. La primera fue en el TIP 2025, publicado en septiembre del año pasado, lo que convierte la acusación en un señalamiento consolidado y reiterado.
Ante aquella primera mención, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) negó toda responsabilidad estatal y sostuvo que los cubanos que participaron en el conflicto lo hicieron «por su cuenta», sin estímulo, compromiso ni consentimiento del Estado cubano.
Ante el informe de este año, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla volvió a rechazar el documento, calificándolo de «unilateral» y «mendaz», y tachó los señalamientos sobre las misiones médicas de «persecución enfermiza».
Más allá del asunto de los mercenarios, el informe 2026 acusa al régimen cubano de mantener una «política o patrón gubernamental» de trabajo forzoso a través de su programa de exportación de mano de obra.
Aproximadamente 18,000 trabajadores cubanos permanecían desplegados en 52 países a comienzos de 2026, frente a los 24,000 registrados a inicios de 2025, una reducción atribuida a la presión diplomática estadounidense y al hecho de que cuatro países terminaron sus acuerdos bilaterales con Cuba durante el año pasado.
El régimen retiene entre el 50% y el 95% de los salarios que los países receptores pagan por los servicios de esos trabajadores, los somete a vigilancia, toques de queda y restricciones de movimiento, y amenaza a sus familias en Cuba para impedir que abandonen las misiones. Los profesionales de la salud representan el 75% del personal civil exportado y constituyen la principal fuente de divisas del programa.
El informe también denuncia que el régimen somete a algunos presos políticos a trabajo forzoso en agricultura, corte de caña, construcción y servicios públicos, y que exporta bienes producidos con ese trabajo —como carbón de marabú y tabaco— a algunos países europeos.
En materia de enjuiciamientos, el panorama empeoró: Cuba investigó 14 casos de trata sexual en 2024, igual que en 2023, pero procesó y condenó a solo 10 traficantes, frente a 19 condenas el año anterior. No investigó ningún caso de trabajo forzoso y no ha procesado ni condenado a ningún traficante laboral desde al menos 2022.
El señalamiento sobre los mercenarios cubanos ha sido reforzado también por otros actores internacionales.
En septiembre de 2026, Amnistía Internacional publicó un informe que documenta el reclutamiento de extranjeros —incluidos cubanos— mediante engaños y coerción, y pide a Ucrania evaluar individualmente si algunos prisioneros de guerra son víctimas de trata.
En noviembre de 2025, la organización Ciudadanía y Libertad presentó en Berlín un informe que cifra en hasta 25,000 los cubanos reclutados para el ejército ruso, según datos de la inteligencia ucraniana.
Cuba figura entre los 12 países del mundo con una «política o patrón» documentada de trata de personas patrocinada por el Estado, junto a Afganistán, Bielorrusia, Birmania, Camboya, China, Eritrea, Irán, Corea del Norte, Rusia, Sudán del Sur y Sudán.
Las restricciones de asistencia asociadas al Nivel 3 entrarán en vigor el 1 de octubre de 2026, inicio del próximo año fiscal estadounidense.
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