El debate sobre cómo deben ser considerados los cubanos capturados mientras combaten para Rusia en Ucrania acaba de adquirir una nueva dimensión.
Amnistía Internacional pide a las autoridades ucranianas identificar entre los prisioneros de guerra extranjeros a posibles víctimas de trata de personas y evaluar individualmente sus circunstancias, una recomendación que podría tener consecuencias para su eventual liberación y retorno a sus países.
La petición aparece en el nuevo informe Russia: Trafficking of Foreign Nationals to Fight in Ukraine, publicado en septiembre, que documenta un sistema de reclutamiento de extranjeros basado, en numerosos casos, en engaños, coerción y explotación de personas en situaciones de vulnerabilidad.
La investigación incluye testimonios de ciudadanos cubanos capturados por Ucrania.
Ucrania ya había advertido: «No son mercenarios»
La recomendación de Amnistía encaja con una posición que Ucrania hizo pública meses atrás y que resulta especialmente significativa en el caso de los cubanos.
En abril, el proyecto oficial ucraniano Quiero Vivir explicó que los extranjeros capturados mientras sirven en las Fuerzas Armadas rusas no son procesados como mercenarios, sino tratados como prisioneros de guerra bajo las Convenciones de Ginebra.
La razón es su integración en el ejército regular ruso mediante contratos militares, independientemente de su nacionalidad.
«A pesar de ser extranjeros, desde que eran militares del ejército regular ruso, todos ellos están en Ucrania como prisioneros de guerra y no se les hace responsables como mercenarios», explicó entonces el proyecto ucraniano.
La distinción no es meramente semántica. El reconocimiento como prisioneros de guerra les proporciona las protecciones correspondientes del derecho internacional humanitario y abre la posibilidad de que sean incluidos en mecanismos de intercambio o repatriación.
Amnistía introduce ahora una segunda cuestión: algunos de esos prisioneros podrían ser, además, víctimas de trata de personas.
De combatientes rusos a posibles víctimas de trata
La organización entrevistó a 15 prisioneros extranjeros procedentes de Brasil, Colombia, Cuba, Egipto, Sierra Leona, Sri Lanka, Somalia y Sudáfrica.
Solo tres dijeron que habían firmado conscientemente un contrato militar entendiendo que serían enviados a la guerra. Siete afirmaron que viajaron atraídos por supuestos empleos civiles, mientras otros describieron circunstancias que cuestionan que su incorporación al ejército fuera realmente voluntaria.
Los testimonios incluyen contratos en ruso que los extranjeros no comprendían, falsas ofertas laborales, promesas de elevados salarios o ciudadanía, confiscación de pasaportes, restricciones de movimiento, entrenamiento insuficiente y amenazas contra quienes pretendían abandonar el servicio.
Amnistía sostiene que cuando existen fraude, coerción, engaño o abuso de una situación de vulnerabilidad con fines de explotación, el hecho de que una persona haya firmado un contrato no elimina necesariamente su condición de víctima.
Ese razonamiento resulta particularmente relevante para los cubanos, cuyos casos presentan circunstancias muy diferentes.
Uno de los entrevistados por Amnistía, identificado como «Ruben», estaba preso en Rusia y enfrentaba la deportación a Cuba. Según su testimonio, en 2025 le ofrecieron incorporarse al ejército a cambio de no cumplir el resto de su condena, junto con una prima de 800.000 rublos, un salario mensual de 400.000 y la perspectiva de obtener un pasaporte ruso.
«Firmé el contrato porque no quería ser deportado de vuelta a Cuba», explicó. Otros tres presos cubanos aceptaron la propuesta. Ruben terminó en el frente, fue herido dos veces y cayó prisionero en enero de 2026.
Otro cubano, «Enrique», reconoció que sabía que firmaba con las Fuerzas Armadas rusas, pero aseguró que le habían hecho creer que desempeñaría tareas de apoyo.
«Me dijeron que estaría en una función de apoyo, no que iría al frente», declaró a Amnistía.
Los casos muestran por qué una misma etiqueta difícilmente puede explicar la situación de todos los cubanos incorporados al ejército ruso.
Amnistía plantea incluso estudiar su liberación
El informe va más allá de pedir un cambio en la forma de describir a estos combatientes.
Amnistía recomienda a Ucrania realizar una evaluación individualizada de los prisioneros extranjeros que puedan haber sido víctimas de trata y considerar, conforme al artículo 21 del III Convenio de Ginebra, su eventual liberación bajo palabra o promesa y retorno a sus países.
Ese análisis tendría que valorar también si existen sospechas creíbles de participación en crímenes graves, riesgos de seguridad o posibilidades de que el individuo vuelva a incorporarse al conflicto.
La organización reclama asimismo acceso a asistencia consular, comunicación con las familias y mecanismos que permitan el regreso voluntario de quienes sean liberados, sin enviarlos a países donde puedan sufrir persecución o graves violaciones de derechos humanos.
Kenia y Perú actúan mientras La Habana deja a los cubanos en un limbo
La recomendación de Amnistía coloca también responsabilidades sobre los países de origen.
La organización les pide asistencia consular para sus ciudadanos detenidos, desaparecidos o prisioneros de guerra, cooperación con Rusia y Ucrania e intervención para facilitar el retorno de quienes puedan haber sido víctimas de trata.
Algunos gobiernos ya han actuado. Kenia reconoció el reclutamiento de cientos de sus ciudadanos, repatrió a decenas, investigó las redes de captación, cerró más de 600 agencias de empleo y anunció una amnistía para facilitar el regreso de quienes permanecían en el frente.
Perú, por su parte, ha realizado gestiones por sus nacionales muertos y desaparecidos, mientras su embajada consiguió el retorno de diez ciudadanos, según recoge el propio informe de Amnistía.
La respuesta de La Habana ha sido muy diferente. En 2023, tras las primeras denuncias, anunció el desmantelamiento de una red de tráfico de personas y la detención de 17 sospechosos. Meses después se conoció que algunos habían sido excarcelados, sin que posteriormente se hicieran públicos juicios, condenas o un balance concluyente de aquella investigación.
El reclutamiento, entretanto, continuó siendo documentado. En 2025, cuando las evidencias apuntaban ya a una dimensión mucho mayor del fenómeno, el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío volvió a negar cualquier responsabilidad estatal y sostuvo que Cuba ya había denunciado el problema y tomado medidas.
La falta de una actuación pública más activa tiene consecuencias para los cubanos cautivos. Ucrania los considera prisioneros de guerra, no mercenarios, pero ha advertido del escaso interés de Rusia por recuperar a muchos combatientes extranjeros.
Si Moscú no los prioriza en los intercambios y La Habana tampoco interviene para buscar alternativas, pueden quedar durante largo tiempo en un limbo.
El contraste con Kenia y Perú cobra ahora mayor relevancia: Amnistía no solo pide investigar cómo fueron reclutados estos extranjeros, sino que reclama a sus países de origen que los protejan y ayuden a encontrar una salida para quienes puedan haber sido víctimas de trata.
Un problema especialmente complejo para los cubanos
Ucrania había advertido también sobre otro obstáculo: la situación en la que quedan los extranjeros capturados cuando Rusia muestra poco interés en recuperarlos.
Quiero Vivir sostuvo en abril que Moscú tiene escasa disposición a negociar por estos combatientes y señaló que los extranjeros pueden quedar en un limbo sin suficiente respaldo político o diplomático. En el caso cubano, CiberCuba señaló entonces la falta de una actuación pública efectiva de La Habana para facilitar el regreso de sus ciudadanos cautivos.
El nuevo informe cambia además el enfoque con el que durante años se ha hablado de los llamados «mercenarios cubanos».
Investigaciones anteriores han documentado a más de un millar de ciudadanos de la Isla incorporados a las fuerzas rusas, incluidos casos de personas atraídas por dinero, ciudadanía o falsas promesas laborales.
Pero ni las circunstancias ni las responsabilidades son necesariamente iguales para todos.
Un extranjero puede ser legalmente un miembro del ejército ruso y, por tanto, prisionero de guerra cuando es capturado, mientras al mismo tiempo existen indicios de que llegó hasta ese ejército como víctima de trata.
Es precisamente esa distinción la que Amnistía pide ahora a Ucrania que investigue caso por caso.
Para los cubanos cautivos, la pregunta deja así de ser únicamente si deben llamarse «mercenarios». El nuevo interrogante es mucho más relevante para su futuro: cuántos fueron realmente a combatir por voluntad propia y cuántos terminaron en las trincheras rusas después de ser engañados, coaccionados o explotados.
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