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La Habana vive días de evidente tensión. En vísperas de una nueva votación de Naciones Unidas sobre la resolución que exige el fin del embargo estadounidense, el régimen de Miguel Díaz-Canel enfrenta su escenario diplomático más adverso en tres décadas.
Las acusaciones de que miles de cubanos combaten como mercenarios en la guerra de Rusia contra Ucrania, respaldadas por documentos, testimonios y datos de inteligencia ucraniana, han dejado de ser un rumor incómodo para convertirse en un argumento central de Washington en su ofensiva internacional contra el régimen.
La presión estadounidense ya se tradujo en un cable interno del Departamento de Estado —filtrado por Reuters— que ordenó a sus diplomáticos convencer a sus aliados de votar en contra o abstenerse en la votación de la ONU, donde históricamente Cuba ha cosechado apoyos abrumadores.
El texto calificó a La Habana como “el segundo mayor contribuyente de tropas extranjeras a la agresión rusa después de Corea del Norte”, y cifra en entre 1,000 y 5,000 los cubanos enrolados en el ejército de Vladimir Putin.
El golpe diplomático llegó directo al plexo de un régimen que hasta hace poco presumía de un consenso casi unánime contra el embargo. Por primera vez desde 1992, el apoyo internacional a Cuba podría fracturarse, y la narrativa de víctima podría volverse insostenible.
La reacción del régimen: Negación y control de daños
Horas después de conocerse el cable estadounidense, el ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) difundió una declaración urgente en la que negó categóricamente la participación de Cuba en el conflicto ucraniano y califica las acusaciones de “mendaces” y “difamatorias”.
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“Cuba no forma parte del conflicto armado en Ucrania, ni participa con efectivos militares allí, ni en ningún otro país”, afirmó la cancillería del régimen en un rígido comunicado que dejó más dudas que certezas y expuso el nerviosismo de La Habana. “El gobierno de Estados Unidos no ha aportado ni podrá aportar prueba alguna que respalde sus acusaciones infundadas”.
La respuesta, sin embargo, repitió la fórmula de manual: negar, victimizarse y apelar al embargo como causa de todos los males acumulados por un régimen totalitario aferrado al poder desde hace más de 60 años.
En un flojo intento de mostrar transparencia, el MINREX recordó que entre 2023 y 2025 se han realizado nueve procesos judiciales por mercenarismo contra 40 personas, con 26 condenas y penas de hasta 14 años de prisión. Procesos que La Habana inició como cortafuegos tras las primeras revelaciones de mercenarios cubanos en Ucrania, y de los que nunca más se han conocido los resultados de las investigaciones, engavetados por el régimen.
Más allá de cifras y aspavientos, el régimen no ha ofrecido nombres ni detalles. La supuesta acción judicial enunciada parece más un gesto de contención interna que una indagación real sobre las redes que operaron —y aún operan— dentro y fuera de la isla.
Las evidencias, en cambio, son abrumadoras.
Reportes de la BBC, CNN, Político, The Wall Street Journal, France 24, Deutsche Welle, RFE/RL, Forbes, América TeVé, medios independientes cubanos como CubaNet, El Toque, Diario de Cuba y esta redacción documentan desde 2023 el reclutamiento masivo de cubanos en la región rusa de Riazán, organizado por intermediarios rusos y cubanos con la tolerancia de las autoridades cubanas.
Las investigaciones del proyecto ucraniano Quiero Vivir han identificado más de 1,000 contratos firmados por ciudadanos cubanos con las Fuerzas Armadas rusas, y la inteligencia ucraniana sitúa el total en más de 20,000 reclutas desde el inicio del conflicto.
Organizaciones no gubernamentales como Prisoners Defenders, expertos de think tanks como Chatham House, parlamentarios de la Unión Europea y funcionarios del Departamento de Estado han avalado en informes la presencia de mercenarios cubanos en Ucrania.
La magnitud, las fechas y las rutas aéreas desde Varadero y Cayo Coco —en sincronía con los acuerdos bilaterales entre Moscú y La Habana rastreados por CiberCuba— demuestran que el tráfico de hombres hacia el frente de guerra no fue un fenómeno aislado, sino una operación con conocimiento estatal.
Un contexto internacional adverso
La reacción nerviosa del régimen no ocurre en el vacío. La administración de Donald Trump, que regresó a la Casa Blanca en enero, ha reinstaurado una doctrina de contención hemisférica que busca aislar a los aliados de Rusia, China e Irán en América Latina.
En las últimas semanas, tropas estadounidenses se desplegaron en el Caribe para maniobras conjuntas con República Dominicana y Barbados, y el Comando Sur ha incrementado su presencia naval frente a las costas de Venezuela, donde el régimen de Nicolás Maduro atraviesa una crisis interna sin precedentes.
En ese tablero, el régimen cubano queda expuesto como parte relevante del eje Moscú–Caracas–La Habana, dependiente del petróleo venezolano y de la financiación rusa, pero sin margen económico ni político.
Mientras Moscú utiliza a La Habana como base logística y simbólica de su influencia en el continente, el régimen cubano se aferra a su viejo aliado en busca de oxígeno económico, pagando el precio de una creciente subordinación militar.
El debilitamiento del régimen de Maduro agrava la situación: el colapso venezolano recorta los envíos de crudo a la isla, y el Kremlin, ocupado en su guerra, ha reducido su apoyo financiero a mínimos históricos.
Con apagones diarios, inflación disparada y protestas esporádicas, el régimen cubano llega a esta votación de la ONU con su cuestionable legitimidad interna aún más erosionada y su imagen internacional deteriorada.
El informe TIP 2025: La acusación más grave
A las denuncias diplomáticas se suma un nuevo frente: el Informe sobre Trata de Personas 2025 (TIP) del Departamento de Estado, que por primera vez incluye el reclutamiento de cubanos para la guerra de Ucrania como una forma de trata patrocinada por el Estado.
El informe afirma que las autoridades cubanas facilitaron la emisión de pasaportes y omitieron sellos de salida para disimular la partida de los reclutas, y que el control estatal sobre la movilidad hace imposible que el régimen alegue ignorancia. Lo que antes se consideraba redes de reclutamiento ahora se reconoce como una política estatal de trata de personas.
El giro de Washington eleva el caso del plano geopolítico al penal internacional: ya no se acusa a Cuba solo de colaborar con Rusia, sino de usar a sus ciudadanos como materia prima de guerra.
Un régimen en tensión y con pánico a la soledad
En La Habana, el ambiente es de nerviosismo político y diplomático. El Palacio de la Revolución teme un cambio de tendencia en la ONU: menos votos, más abstenciones, mayor aislamiento.
Por primera vez, el embargo no será el único tema en debate; la guerra de Ucrania y los mercenarios cubanos se han convertido en el eje de una ofensiva internacional que toca directamente la reputación del régimen.
Mientras Díaz-Canel guarda silencio y Raúl Castro desaparece del foco público, los diplomáticos cubanos intentan apagar un incendio que se propaga más rápido que su discurso de resistencia.
El viejo relato de la “víctima del imperialismo” se desmorona ante la imagen de jóvenes cubanos combatiendo —y muriendo— en las trincheras de Donetsk bajo una bandera extranjera.
En las calles de La Habana, el miedo es palpable: a la crisis, a la soledad y a las consecuencias.
Y en los pasillos del MINREX, el nerviosismo es total. Porque esta vez, el voto de la ONU no solo medirá la política del embargo, sino el grado de aislamiento de un régimen que eligió ponerse del lado equivocado de la historia.
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