El primer secretario del Partido Comunista en Las Tunas, Osbel Lorenzo Rodríguez, cuestionó esta semana el desempeño de las empresas del sector durante un encuentro celebrado con sus consejos de dirección, en el que reclamó resultados concretos ante la insuficiente producción de alimentos.
"Pónganse en el lugar del pueblo, de los abuelos que viven en hogares de ancianos, de los niños de los círculos infantiles y de los pacientes en hospitales y otras instituciones sanitarias que reciben una alimentación insuficiente porque no somos capaces de encontrar alternativas para producir más alimentos", afirmó el dirigente, citado el jueves por el portal Tiempo 21 de la emisora provincial Radio Victoria.
La evaluación presentada durante la reunión reveló que, con excepción de Intalsur, todas las entidades del sistema incumplen sus planes productivos y económicos y acumulan pérdidas millonarias, sin conseguir revertir una situación que repercute en la disponibilidad de alimentos.
Las industrias cárnica y láctea atribuyeron parte de sus dificultades a los incumplimientos de la agricultura en la entrega de materias primas, especialmente carne y leche. Ambas entidades exploran alianzas con actores económicos no estatales para ampliar sus producciones y aprovechar capacidades que permanecen subutilizadas.
Por su parte, la Empresa Provincial Integral de la Industria Alimentaria apenas utiliza 25 % de la capacidad instalada en sus minindustrias. La entidad también presenta deficiencias en el control de algunos actores privados que elaboran productos de forma cooperada en sus panaderías.
La Empresa de Bebidas y Refrescos enfrenta problemas con el suministro de alcohol y otras materias primas contratadas con el sector azucarero. La obsolescencia tecnológica y las frecuentes roturas de equipos agravan las limitaciones productivas, aunque la empresa dispone de reservas para incrementar y diversificar sus surtidos.
La situación de la Empresa Pesquera también genera preocupación. La entidad incumple sus planes de captura en plataforma y producción acuícola, pese a contar con mecanismos de financiamiento que garantizan combustible y otros recursos. Tampoco ha logrado concretar negocios viables con inversionistas extranjeros o actores económicos locales que contribuyan a mejorar sus resultados.
En contraste, Intalsur fue presentada como el referente del sistema por sus alianzas con el sector privado y la búsqueda de alternativas productivas. La empresa, filial de la Empresa Provincial Integral, constituye la excepción en un panorama marcado por los incumplimientos del resto de las entidades.
Durante el encuentro, Lorenzo instó a los directivos a aprovechar las oportunidades de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en el país, establecer encadenamientos productivos y buscar negocios viables, sin perder de vista el impacto de los precios sobre la población.
"Nadie está autorizado a incumplir los planes", advirtió el dirigente, quien insistió en la necesidad de transformar la situación con resultados concretos.
La propia evaluación oficial dejó expuesta la distancia entre las exigencias de las autoridades y la capacidad de las empresas estatales para garantizar una producción alimentaria suficiente.
Lo que hace más llamativa la admisión del dirigente partidista es que no se trata de un diagnóstico nuevo. En abril de 2025, Lorenzo ya había reprendido a directivos estatales con la misma frase —"la gente no come explicaciones"— ante un cuadro idéntico de escasez. La reiteración del mensaje un año y medio después evidencia que la situación no ha mejorado.
El deterioro tiene cifras concretas en la provincia. La feria agrocomercial quincenal de Las Tunas fue calificada en julio como "la feria de la miseria", con huevos a 2,600 pesos el cartón y plátanos a 40 pesos la unidad, precios imposibles de asumir con una pensión mínima de 4,000 pesos mensuales.
En agosto, una jubilada de Manatí denunció el huevo a 135 pesos por unidad, casi el equivalente a su chequera de 4,478 pesos tras más de 30 años de trabajo.
En ese mismo mes, el gobierno reinauguró un restaurante estatal en Las Tunas con fotografías de mesas vacías, mientras vecinos reclamaban en redes sociales la ausencia de oferta, agua y electricidad. Paradójicamente, en ese contexto las autoridades lanzaron una ofensiva contra el sector privado que clausuró 22 establecimientos, retiró ocho licencias y generó multas por más de 1,2 millones de pesos en aproximadamente una semana.
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