La nueva orden de arresto contra Raúl Castro, firmada el 16 de octubre por una jueza de Florida, llega tras meses de contactos de la administración Trump con su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como 'El Cangrejo'.
Asimismo, el auto emitido por Ariana Fajardo Orshan, jueza presidenta del Undécimo Circuito Judicial de Florida, coincide en el tiempo con informaciones sobre el estancamiento de esas supuestas conversaciones, debido a la negativa del régimen cubano a aceptar exigencias estadounidenses, incluida la salida de Miguel Díaz-Canel del poder.
La coincidencia plantea una pregunta: ¿constituye la nueva acusación penal otro instrumento de presión para forzar concesiones de la cúpula cubana?
No existen pruebas públicas de que la orden responda al fracaso de las conversaciones. La investigación estatal comenzó en marzo y tiene un fundamento judicial concreto: la presunta participación de Castro en la conspiración que condujo al derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. Sin embargo, el contexto político permite examinar sus posibles implicaciones.
El nieto como interlocutor y el abuelo como acusado
En febrero, Axios reveló contactos discretos entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y El Cangrejo, colaborador cercano de Raúl Castro. Washington buscaba comunicarse con el entorno del exgobernante, al que considera una figura decisiva del poder cubano, al margen de los canales diplomáticos tradicionales.
En abril, funcionarios estadounidenses viajaron a La Habana para abordar posibles reformas políticas y económicas, liberación de presos políticos y elecciones libres.
En junio, mientras Washington ampliaba las sanciones contra dirigentes y familiares de la cúpula, El Cangrejo quedó fuera de las nuevas designaciones, una omisión compatible con el interés de preservar ese canal, aunque no demuestra que esa fuera la intención estadounidense.
En septiembre, el Miami Herald informó de una propuesta que contemplaba suministros petroleros e inversiones a cambio de cambios políticos y económicos, incluida la salida de Díaz-Canel y la privatización de Cupet. La oferta, transmitida al entorno del nieto de Castro, no prosperó.
A comienzos de octubre, The Atlantic identificó la resistencia a apartar a Díaz-Canel como uno de los principales obstáculos para avanzar. Poco después, una jueza de Miami firmó la nueva orden de arresto contra Raúl Castro.
Del cerco energético a las opciones militares
La acusación se suma a una escalada de presiones que adquirió otra dimensión el 3 de enero de 2026, con la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en Venezuela. Desde entonces, la administración Trump ha intensificado las restricciones energéticas, las sanciones y las exigencias de cambios políticos en Cuba.
También ha mantenido abiertas opciones militares. Axios informó de ejercicios de planificación del Comando Sur ante una eventual crisis cubana, mientras CBS reveló estudios del Pentágono sobre posibles operaciones aerotransportadas y necesidades de apoyo logístico. A ello se añaden maniobras y despliegues estadounidenses en Guantánamo y el Caribe.
Estos preparativos no demuestran que Washington haya decidido ejecutar una operación para capturar a Castro semejante a la realizada contra Maduro. Sí indican, en cambio, que la presión sobre La Habana contempla escenarios más amplios que las sanciones y la negociación diplomática.
Una nueva herramienta de presión sobre la cúpula
La orden de Florida se suma a la acusación federal presentada en mayo contra Castro y otros cinco exmilitares cubanos por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, que causó cuatro muertes.
Según informó el Miami Herald, la declaración jurada que sustenta la nueva orden atribuye a espías cubanos infiltrados en la organización la transmisión de información sobre sus vuelos antes del ataque. Esas actividades, realizadas parcialmente en Florida, fundamentan la jurisdicción estatal.
La nueva causa incorpora además una particularidad: un eventual indulto presidencial por los delitos federales no extinguiría la acusación estatal, que queda fuera de las facultades de perdón de la Casa Blanca.
En este escenario, Washington mantiene un canal de comunicación con el nieto de Raúl Castro mientras incrementa la presión judicial sobre su abuelo. Una interpretación posible es que busque elevar los costes de rechazar un acuerdo sin cerrar la puerta a una salida negociada.
La coincidencia temporal no demuestra que la acusación haya sido promovida para desbloquear las conversaciones. Tampoco permite concluir que una operación militar sea inminente. Pero la combinación de presión económica, amenazas militares y procedimientos penales sitúa al entorno de Raúl Castro ante un escenario cada vez más complejo.
La incógnita es si esa acumulación de presiones contribuirá a obtener las concesiones que Washington reclama o si el estancamiento de las conversaciones dará paso a medidas más contundentes.
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