Una investigación de ProPublica reveló este miércoles los términos de un acuerdo petrolero entre la administración de Donald Trump y una empresa privada vinculada al polémico empresario venezolano Alejandro Betancourt López.
El pacto contempla que Estados Unidos adquiera una participación del 35% en la compañía, además de derechos preferenciales para comprar petróleo venezolano a precios establecidos, mientras persisten interrogantes sobre la identidad de algunos inversores y los beneficios que recibiría la población venezolana.
Una investigación del medio estadounidense ProPublica reveló los términos hasta ahora desconocidos del convenio de asociación estratégica de 18 páginas anunciado por el presidente Donald Trump con Venezuela, que contempla la adquisición por parte de Estados Unidos del 35% de una empresa privada controlada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt López, así como condiciones preferenciales para acceder al petróleo del país sudamericano.
El reportaje, publicado el martes 20 de octubre, está basado en un convenio de asociación estratégica de 18 páginas firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
Uno de los hallazgos más relevantes es que el acuerdo no fue suscrito directamente con el gobierno venezolano, sino con North American Blue Energy Partners (NABEP), una compañía cuya sociedad matriz está registrada en Barbados, donde las disposiciones legales permiten mantener fuera del conocimiento público la identidad de determinados accionistas e inversores.
La revelación plantea interrogantes sobre quiénes podrían beneficiarse económicamente de la explotación de los recursos petroleros venezolanos y qué garantías existen de que los ingresos generados por el convenio lleguen a la población del país.
Estados Unidos obtendría petróleo a 30 dólares por barril
El documento establece que Washington podrá adquirir una participación del 35% en la compañía mediante instrumentos financieros que le permitirían comprar acciones a un precio simbólico de 0,01 dólares por acción, sin realizar un desembolso inicial.
Estos derechos de adquisición tendrían una vigencia de hasta 75 años, aunque su ejecución dependerá del cumplimiento de las condiciones previstas para cerrar la operación.
El convenio también concede a Estados Unidos el derecho a comprar el 20% de la producción petrolera de NABEP a 30 dólares por barril, un precio considerablemente inferior a las cotizaciones recientes del mercado internacional.
Sin embargo, ese importe no incluye necesariamente los costos de transporte y procesamiento del crudo, que pueden ser elevados debido a las características del petróleo pesado venezolano.
Además, Washington tendría prioridad para adquirir el 80% restante de la producción durante 50 años. En caso de declararse una emergencia nacional en Estados Unidos, podría ejercer el derecho a comprar la totalidad del petróleo producido por la compañía.
Una empresa privada y accionistas cuya identidad podría permanecer oculta
La investigación señala que la estructura empresarial elegida para el acuerdo podría dificultar que los ciudadanos estadounidenses y venezolanos conozcan quiénes son todos los beneficiarios económicos de la operación.
La sociedad matriz registrada en Barbados no está sometida a las mismas obligaciones de divulgación pública que las grandes compañías petroleras que cotizan en bolsa.
El convenio tampoco identifica a todos los accionistas ni establece mecanismos claros para divulgar públicamente los pagos que recibirían los directivos o las distribuciones de beneficios.
Aunque incluye obligaciones de control contra el lavado de dinero, auditorías externas y entrega de información financiera al gobierno estadounidense, no está claro si esos documentos serán accesibles al público.
El empresario venezolano investigado por presunto lavado de dinero
El principal socio privado del acuerdo es Alejandro Betancourt López, empresario venezolano vinculado a importantes negocios energéticos y conocido por su asociación con los llamados bolichicos, un grupo de empresarios que acumularon grandes fortunas mediante contratos durante los gobiernos chavistas.
Betancourt ha sido objeto de investigaciones relacionadas con presunto lavado de dinero y operaciones irregulares en Estados Unidos, España y Suiza.
En Florida, fiscales federales investigaron un supuesto esquema de desvío de más de 1,000 millones de dólares de la petrolera estatal PDVSA. La investigación fue suspendida a comienzos de 2026 sin que se presentaran cargos contra el empresario.
En España, las autoridades han investigado presuntos pagos de sobornos relacionados con contratos petroleros venezolanos, mientras que en Suiza fue retirada una investigación por lavado de dinero en mayo de este año.
Betancourt no ha sido acusado formalmente ni condenado por estos hechos, y sus representantes han rechazado las sospechas sobre su conducta.
El secretario de Estado Marco Rubio ha defendido públicamente la elección del empresario como socio del gobierno estadounidense, destacando las operaciones de su compañía en Venezuela y señalando que una revisión con las autoridades estadounidenses no encontró investigaciones activas contra él en ese país.
Un consejo directivo diseñado para mantener el control
Otro aspecto destacado por ProPublica es la estructura de dirección establecida para la empresa.
El acuerdo contempla un consejo de administración de siete integrantes, cuya mayoría deberá estar formada permanentemente por ciudadanos estadounidenses.
Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos solo tendrá derecho a designar un observador sin voto.
Betancourt conservará el cargo de director ejecutivo y su destitución requerirá una mayoría reforzada de cinco de los siete miembros del consejo.
La composición inicial del órgano directivo tendrá un mandato de 15 años y establecerá los mecanismos para elegir a sus sucesores.
Según fuentes conocedoras de las negociaciones citadas por el medio, estas disposiciones buscan dificultar que futuras administraciones estadounidenses o venezolanas puedan modificar o desmantelar el acuerdo.
¿Qué recibirá Venezuela a cambio?
Uno de los puntos más sensibles de la investigación es la ausencia de compromisos explícitos que garanticen beneficios económicos concretos para el Estado venezolano.
La Casa Blanca ha presentado el proyecto como una oportunidad para recuperar la industria petrolera del país y generar hasta 200,000 millones de dólares en impuestos y regalías durante 25 años.
Sin embargo, ProPublica constató que el documento examinado no establece expresamente la obligación de realizar esos pagos por el monto anunciado.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha defendido el convenio y asegurado que el país mantendrá su soberanía sobre los recursos naturales.
No obstante, la investigación advierte que la participación del gobierno venezolano en la estructura de dirección y las garantías de beneficios para la población ocupan un lugar limitado en el texto.
También existen discrepancias sobre la duración de las concesiones petroleras. Mientras funcionarios estadounidenses han mencionado derechos de explotación de hasta 100 años, la legislación venezolana establece límites que plantean dudas sobre la compatibilidad de esas condiciones con el marco legal nacional.
Un acuerdo firmado tras la captura de Nicolás Maduro
El pacto se produce en un contexto de profunda transformación política en Venezuela, después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026 y el establecimiento de un gobierno encabezado por Delcy Rodríguez.
Trump anunció el acuerdo el 28 de agosto y lo presentó como una operación petrolera de dimensiones históricas. Dos días después fue firmado por Rubio, Hegseth y representantes de la empresa privada.
La administración estadounidense ha defendido la alianza como una vía para impulsar la producción petrolera venezolana, atraer inversiones y garantizar suministros energéticos a largo plazo.
Por su parte, legisladores demócratas han cuestionado la transparencia del procedimiento, la elección de Betancourt y las facultades legales del Pentágono para participar en una operación empresarial de estas características.
La Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Pentágono y NABEP han defendido el convenio y sostenido que la alianza generará beneficios económicos duraderos para ambos países.
Sin embargo, los documentos revelados muestran que los derechos de adquisición de petróleo y la participación accionarial de Estados Unidos están definidos con mayor precisión que las obligaciones económicas hacia Venezuela.
La investigación deja así una interrogante central: quiénes recibirán finalmente los los beneficios de uno de los acuerdos petroleros más ambiciosos anunciados por Washington y qué parte de esos recursos llegará realmente a los venezolanos.
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