Las autoridades de Santiago de Cuba anunciaron multas de entre 16,000 y 100,000 pesos cubanos para los negocios que se nieguen a aceptar transferencias bancarias y otros medios electrónicos de pago, como parte de un nuevo operativo de control que comenzará en tres zonas comerciales de la ciudad.
El Consejo de la Administración informó que ya están constituidos los puestos de mando encargados de supervisar el cumplimiento de estas disposiciones en establecimientos estatales y privados, según publicó este viernes 23 de octubre el periódico oficial Sierra Maestra.
La iniciativa contempla inspecciones, revisión de fichas de costos y precios, así como la habilitación de teléfonos y plataformas digitales para recibir denuncias de consumidores a quienes se les rechace el pago electrónico.
Georbelis Iznaga Tomás, viceintendente del Consejo de la Administración, explicó que las acciones se fundamentan en disposiciones jurídicas aprobadas desde 2023, entre ellas regulaciones del Ministerio de Comercio Interior y del Banco Central de Cuba relacionadas con la bancarización.
Por tanto, las sanciones no constituyen multas creadas específicamente este viernes, sino que las autoridades anunciaron un mecanismo de vigilancia para exigir el cumplimiento de obligaciones que consideran ya establecidas.
Los controles comenzarán en la Avenida de Sueño, la calle situada detrás de los edificios de 18 plantas de Garzón y la Avenida Trocha, tres áreas de actividad comercial de Santiago de Cuba.
«Como forma de control piloto, vamos a organizarlo en esos tres lugares inicialmente y luego estaríamos revisando cómo implementar esta misma medida en el resto de los lugares», explicó Iznaga Tomás.
El funcionario aclaró que la obligación de aceptar pagos electrónicos comprende tanto a los trabajadores por cuenta propia y otros actores económicos no estatales como a las empresas y establecimientos estatales.
«No hay beneficios para uno ni para el otro. La medida es para todo el mundo», afirmó.
Según las explicaciones recogidas por el medio oficial, los comerciantes deben aceptar las distintas pasarelas y modalidades de pago electrónico contempladas en las regulaciones, entre ellas Transfermóvil, EnZona, Mi Monedero y pagos en línea.
Iznaga Tomás advirtió que un negocio no puede considerar cumplida la exigencia únicamente porque acepte una de esas plataformas y rechace las demás.
«La norma no habla de un cumplimiento parcial. Dice utilizar las pasarelas de pago, está en plural», sostuvo.
De acuerdo con su interpretación, corresponde al cliente elegir el canal electrónico de pago, mientras que el establecimiento debe garantizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables.
El viceintendente también cuestionó la práctica de cobrar un porcentaje adicional a quienes realizan transferencias o establecer dos precios para un mismo producto, uno en efectivo y otro mediante pago electrónico.
El funcionario calificó esas conductas de ilegales e incluso las describió como delito.
En relación con los incentivos para fomentar la bancarización, Iznaga Tomás aseguró que resoluciones actualizadas establecen un descuento del 4% para el comprador que utilice canales electrónicos y un beneficio del 2% para el vendedor.
«Esas son las cosas que desde el punto de vista legal están establecidas», afirmó.
Uno de los argumentos habituales de los comerciantes para rechazar transferencias es la dificultad de retirar posteriormente el dinero de sus cuentas bancarias y utilizarlo para reponer mercancías.
Sin embargo, el viceintendente desestimó esa explicación: «Eso no es real, es una excusa que ponen los actores económicos sencillamente para no utilizar esas operaciones», afirmó.
Según explicó, durante reuniones con comerciantes y representantes de sucursales bancarias se aclaró que los negocios pueden coordinar con sus bancos los montos y plazos en los que necesitan disponer del efectivo.
También aseguró que desde finales de julio existe financiamiento disponible en el territorio para respaldar esas operaciones.
En Santiago de Cuba, sin embargo, las autoridades consideran que la negativa a aceptar transferencias también puede estar relacionada con la evasión de impuestos.
«Cuando se realizan las operaciones por los canales electrónicos eso queda registrado y la ONAT pudiera determinar cuánto dinero usted debe como actor económico para pagar sus tributos», explicó Iznaga Tomás.
De acuerdo con el funcionario, algunos comerciantes evitan los medios electrónicos precisamente porque las transacciones dejan constancia de sus ingresos.
El viceintendente también anunció que los controles incluirán la revisión de los mecanismos utilizados para fijar los precios de los productos.
Según sus declaraciones, aunque no existe una política general de topar todos los precios, los comerciantes deben respetar las normas vigentes de formación de precios y presentar las facturas que justifiquen sus costos.
Iznaga Tomás sostuvo que el margen permitido puede llegar al 30% sobre el costo, de acuerdo con la regulación a la que hizo referencia.
Sin embargo, el artículo oficial no identifica la disposición específica ni establece si ese porcentaje se aplica a todas las actividades económicas, por lo que no debe interpretarse como un límite universal comprobado para cualquier negocio.
«Vamos a revisar las fichas de costo, no con la intención de cerrar nada, sino con la intención de dinamizar un proceso en el que todo el mundo gane», aseguró el viceintendente.
Estas declaraciones contrastan con las dificultades de liquidez denunciadas por comerciantes y consumidores en distintas provincias, donde disponer de dinero en una cuenta bancaria no siempre garantiza obtener efectivo cuando se necesita.
En julio, un reportaje de la prensa estatal documentó 23 negativas consecutivas a aceptar transferencias en establecimientos de Alamar, en La Habana.
La investigación expuso que numerosos comerciantes alegaban dificultades para pagar a sus proveedores mediante canales electrónicos, pues parte de las mercancías debía adquirirse con efectivo o divisas.
El reportaje también describió otros obstáculos, como límites arbitrarios a los pagos digitales, problemas bancarios y dificultades para utilizar los servicios electrónicos durante los apagones.
Las nuevas inspecciones anunciadas se producen después de que en agosto ya se denunciaran sanciones contra pequeños comerciantes por incumplimientos relacionados con los pagos electrónicos.
El 17 de agosto, trabajadores por cuenta propia de la Plaza Cultural Aguilera, conocida popularmente como «el Subway», fueron multados desde 16,000 pesos por no tener habilitados los pagos mediante transferencia, según una denuncia difundida por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada.
Aquellos comerciantes cuestionaron la contradicción de recibir ingresos mediante transferencias mientras numerosos proveedores les exigían efectivo para adquirir las mercancías necesarias para mantener sus negocios.
La controversia también alcanza a las propias declaraciones del Gobierno cubano sobre los límites de la bancarización.
El pasado 7 de octubre, Miguel Díaz-Canel reconoció que la bancarización no puede imponerse a toda la población, debido a que muchas personas carecen de los medios tecnológicos necesarios para utilizar las plataformas digitales.
El gobernante también admitió que los apagones afectan los servicios bancarios y anunció un proyecto para instalar sistemas fotovoltaicos en sucursales del país.
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