El presidente Miguel Díaz-Canel admitió este miércoles que la política de bancarización impulsada por su gobierno desde 2023 no puede imponerse a toda la población, porque hay personas que carecen de los medios necesarios para utilizar los canales electrónicos de pago.
La declaración se produjo durante la segunda emisión de su programa radial «Criterio Compartido», transmitido desde los estudios de Radio Rebelde junto a la periodista Bárbara Betancourt.
El mandatario vinculó directamente las dificultades de la bancarización con la crisis eléctrica que padece la isla. Como respuesta, anunció un proyecto para instalar paneles fotovoltaicos en todas las sucursales bancarias del país, con el propósito de que un corte eléctrico no derive también en un colapso de los servicios financieros. «Ahora estamos en un proyecto en el que les vamos a poner sistemas fotovoltaicos a todas las sucursales bancarias, por lo tanto vamos a garantizar que con apagón no haya apagón bancario», dijo en ese sentido.
A pesar del reconocimiento, Díaz-Canel defendió la continuidad de la política argumentando que aporta trazabilidad y transparencia a las operaciones económicas. La admisión, sin embargo, contrasta con años de insistencia gubernamental en extender la bancarización y con las sanciones aplicadas para exigir su cumplimiento. Hasta septiembre de 2025, inspecciones estatales en todo el país habían detectado 26.538 deficiencias, impuesto 15.240 multas y ordenado el cierre de 269 establecimientos, aunque las irregularidades detectadas no se limitaban al incumplimiento de los pagos electrónicos.
Los datos disponibles ilustran el fracaso operativo de la política. En la ciudad de Sancti Spíritus, un sondeo de mayo de 2026 reveló que menos del 10% de los negocios privados aceptaba transferencias de manera habitual, y más de la mitad de los cajeros automáticos de La Habana estaba fuera de servicio o sin efectivo en mayo de 2026.
En el mercado informal, la distorsión llegó al extremo: intermediarios entregaban apenas 600 pesos en efectivo por cada 1,000 pesos transferidos, una comisión del 40% que refleja la desesperación de quienes necesitan dinero físico para operar.
Durante el programa también se abordaron los problemas de personas vulnerables, incluidos adultos mayores, jubilados y personas con discapacidad. En ese marco, Díaz-Canel también admitió el déficit de medicamentos en Cuba, atribuyéndolo a la falta de divisas y al embargo estadounidense, y reconoció la existencia de un mercado ilegal de fármacos. El cuadro básico cubano incluye 651 medicamentos, de los cuales 250 son importados y 401 de producción nacional.
El mandatario aprovechó además para rendir cuentas del seguimiento a la primera emisión del programa, celebrada el 23 de septiembre de 2026. De las 24 llamadas recibidas entonces, «fueron visitadas dieciséis personas», informó, mientras que dos participantes aún aguardaban visita. «De las llamadas, ocho fueron quejas. De ellas, cinco son con razón, y tres con razón en parte», detalló.
Sobre la inflación, Díaz-Canel reiteró su postura de que el control de precios no es la solución: «Yo sigo insistiendo que el tema de los precios no se impone solo topando precios», a lo que la conductora respondió con una frase que resume el problema estructural: «Hace falta producción».
En junio de 2026, el gobierno había anunciado una reforma para abrir el sistema bancario a instituciones privadas y extranjeras, con nuevos mecanismos de crédito y servicios de pago con participación estatal, cooperativa y privada, una señal de que el modelo actual se reconoce como insuficiente incluso desde las propias filas del régimen.
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