Mientras el Partido Comunista de Cuba (PCC) exige frenar a los revendedores y reclama mercados mayoristas en Granma, las decisiones del propio gobierno y la falta de alternativas de abastecimiento mantienen a comerciantes y consumidores atrapados en una crisis de precios que las autoridades reconocen, pero no consiguen resolver.
Durante una reunión ordinaria del Comité Provincial del PCC celebrada en Bayamo, la primera secretaria de la organización en el oriental territorio, Yudelkis Ortiz Barceló, cuestionó la actividad de vendedores que "venden cualquier cosa en cualquier lugar" y elevan los precios al margen de los controles establecidos.
Yanetsy Rodríguez Sampson, integrante del Buró Provincial, señaló que una de las soluciones pasa por promover mercados mayoristas que faciliten el abastecimiento de los actores económicos y reduzcan su dependencia de intermediarios, destacó este sábado un reporte del periódico oficial La Demajagua.
La reclamación llega después de que el gobierno eliminó en junio los topes de precios para productos básicos como pollo, aceite, leche en polvo, pastas y salchichas, mediante la Resolución 150/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios.
Tras la medida, los precios aumentaron considerablemente. El aceite, por ejemplo, pasó de un precio máximo regulado de 990 pesos por litro a superar los 4,000 pesos en agosto, con picos de hasta 7,000 pesos en algunas zonas del país.
La oriental provincia todavía no dispone de un mercado mayorista de la red Abasto.cu como el abierto el 11 de octubre en Sancti Spíritus, primero de su tipo en el país. Allí se estableció una compra mínima de 200 dólares o 24,000 pesos cubanos.
Rodríguez reconoció que las transformaciones económicas impulsadas por las autoridades registran avances, aunque "todavía son insuficientes", y advirtió que "cada meta incumplida es una deuda con el pueblo".
Por su parte, la gobernadora de Granma, Yanetsy Terry Gutiérrez, insistió en que la autonomía empresarial no es "una opción", sino una obligación. También cuestionó a las empresas que se limitan a arrendar locales para pagar salarios sin impulsar nuevas actividades productivas. "Lo más fácil es arrendar locales y con eso pagar a los trabajadores, pero ¿dónde está el desarrollo?", preguntó.
Las denuncias sobre intermediarios y reventas se extienden a otras localidades del país. En septiembre, vecinos de Cojímar, en La Habana, denunciaron que revendedores acaparaban gran parte de la producción de una panadería estatal para comercializarla a precios muy superiores.
Asimismo, la prensa oficialista publicó un reportaje en el cual preguntó quién fija realmente los precios en Cuba, para lo cual citó como ejemplo que en Matanzas una bolsa de leche llegó a costar 6,500 pesos en un punto y 4,500 en otro de la misma ciudad.
Pero, por otro lado, cubanos han cuestionado la responsabilidad del gobierno en la escalada de precios y en un modelo económico que, a su juicio, favorece a los intermediarios mientras deja a los consumidores a merced de tarifas cada vez más elevadas.
Entre las críticas figuran la falta de producción nacional para competir con los productos importados, las dificultades para invertir y la ausencia de garantías legales estables para los negocios. Las opiniones apuntan a que el problema no se limita a los revendedores, sino que también involucra las políticas estatales y las condiciones económicas que permiten que la especulación prospere.
De igual forma, ciudadanos cuestionan que las autoridades concentren los controles de precios en los negocios privados, mientras las tiendas estatales que venden en dólares y MLC mantienen precios que consideran inaccesibles para buena parte de la población. Al respecto, reclaman que esos establecimientos también sean fiscalizados.
Las quejas ponen el foco en la responsabilidad del Estado, que no solo regula el mercado, sino que también administra una red de tiendas cuyos precios y ganancias de hasta 300 % con respecto a los precios orginales, según los denunciantes, se asemejan a los de destinos como Dubái, pese a los bajos ingresos de numerosos trabajadores cubanos.
La reunión del Partido en Granma también abordó otros proyectos económicos, entre ellos el cultivo de arroz por una entidad vietnamita en Yara y la producción de 5,000 toneladas de azúcar en el central Enidio Díaz Machado, en colaboración con una empresa privada.
Al cierre del encuentro, Ortiz Barceló sostuvo que "el papel del Partido no es explicar mejor la crisis, sino actuar para salir de ella", en una reunión en la que las propias autoridades reconocieron que los resultados de las transformaciones siguen por debajo de lo esperado.
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