Un tribunal federal sentenció este jueves a cinco ciudadanos cubanos y un residente de Florida por operar una red transnacional de tráfico de migrantes que generó millones de dólares en ganancias ilícitas, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La organización criminal, activa entre 2021 y 2025, indujo a miles de cubanos a cruzar ilegalmente la frontera sur o a ingresar mediante autorizaciones de viaje falsificadas, cobraban entre 1,500 y 40,000 dólares por persona. En algunos casos, los operadores llegaron a fletar aviones privados para trasladar grupos de migrantes.
Liannys Yaiselys Vega Pérez, de 27 años, recibió la pena más severa: cuatro años de prisión. Como principal gestora del negocio fraudulento de beneficios migratorios, presentó personalmente cientos de solicitudes de asilo falsas y coordinó la logística de traslados internacionales. Se declaró culpable de cuatro cargos, entre ellos conspiración para traficar migrantes con fines de lucro y lavado internacional de dinero.
Layra Libertad Treto Santos, de 30 años, fue condenada a 30 meses. La acusación reveló que ella misma utilizó los servicios de la red para ingresar al país junto a familiares, además de presentar solicitudes de asilo fraudulentas como empleada y gerente de la organización.
Los otros cuatro sentenciados —Miguel Martínez Vasconcelos (31 años), Luis Emmanuel Escalona Marrero (32), Walbis Pozo Dutel (32) y Emanuel Martínez González (29)— recibieron cada uno dos años de prisión. Escalona fue quien coordinó el envío clandestino de pasaportes cubanos desde México para evitar su confiscación en la frontera.
Entre los métodos más sofisticados de la red figuraba la presentación de solicitudes fraudulentas al programa de exención de visa ESTA, reservado a ciudadanos de países con acuerdos especiales con Washington como España. Cuba no es elegible para ese programa, pero la organización fabricaba documentos de ciudadanía europea y declaraba falsamente que los solicitantes no habían pisado la isla desde 2011.
La red se publicitaba abiertamente en redes sociales, captando clientes directamente en Cuba.
En total, la organización fue responsable de más de 1,700 solicitudes de asilo fraudulentas y lavó más de 22 millones de dólares a través de múltiples empresas fantasma. Solo en vuelos comerciales, entre julio de 2022 y noviembre de 2024, gastó más de 600,000 dólares con una única aerolínea.
«Estos acusados convirtieron la inmigración ilegal en una empresa criminal multimillonaria, traficando personas hacia Estados Unidos para llenarse los bolsillos y lavando millones en ganancias ilícitas para ocultar sus operaciones», declaró el fiscal general adjunto A. Tysen Duva de la División Criminal del Departamento de Justicia.
El caso forma parte de una acusación más amplia contra 12 personas, presentada en septiembre de 2025. Otros dos acusados —Yuniel Lima Santos y Gisleivy Peralta Consuegra— ya se declararon culpables y aguardan sentencia, mientras que Lázaro Alain Cabrera Rodríguez fue declarado culpable por un jurado en septiembre y enfrenta hasta 20 años de prisión en una audiencia programada para el 17 de diciembre.
Dos implicados más, Marianny Lucía López Torres y Frandy Aragón Díaz, permanecen prófugos.
El caso fue procesado bajo la Operación Recuperar América y la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa del Departamento de Justicia, que hasta la fecha ha logrado más de 486 arrestos internacionales y domésticos y más de 447 condenas en Estados Unidos por redes de tráfico de personas.
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