Una coalición de organizaciones de derechos civiles presentó una demanda federal el miércoles ante el Tribunal de Distrito del Distrito Norte de California para detener un programa del gobierno federal que, según los demandantes, investiga e intimida a ciudadanos estadounidenses naturalizados bajo el pretexto de verificar su elegibilidad electoral, con Florida entre los estados priorizados.
La demanda —caso n.º 3:26-cv-12617— fue presentada por OCA-Asian Pacific American Advocates, OCA-San Mateo, OCA-Sacramento y Common Cause contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), con representación de la ACLU y Asian Americans Advancing Justice. Son alegaciones; el gobierno no ha respondido aún.
El centro de la acción legal es la denominada «Unlawful Voter Initiative», que USCIS puso en marcha en agosto de 2026 y que reasignó cientos de agentes para investigar a personas incluidas en una lista del DHS con datos de identificación personal —fechas de nacimiento, números de Seguro Social y Números de Extranjero— de cientos de miles de personas en los 50 estados.
Este caso forma parte de un panorama migratorio en constante cambio que afecta a miles de cubanos y latinoamericanos. Sigue todas las novedades en nuestra sección de Inmigración en EE.UU.
Dado que todos los individuos en esa lista tienen asignado al menos un Número de Extranjero, y que los ciudadanos nacidos en territorio estadounidense no reciben ese identificador, la iniciativa afecta exclusivamente a ciudadanos naturalizados, no a quienes nacieron en EE.UU.
La fiabilidad de los datos es uno de los argumentos centrales. Un análisis de una muestra de los 20,000 votantes californianos identificados como posibles no ciudadanos reveló que el 38.9 % de quienes tenían lugar de nacimiento registrado habían nacido en EE.UU. y el 71.2 % nunca había votado.
El propio director asociado de la unidad de fraude de USCIS, Nicolas Bartell, reconoció que los datos «pueden ser incompletos, desactualizados o no coincidir».
Según la demanda, los agentes debían consultar portales estatales de registro electoral haciéndose pasar por los propios votantes, a un ritmo de cinco personas por hora —no más de 12 minutos por caso—.
La formación instruyó explícitamente a los agentes a hacer declaraciones falsas para acceder a los portales de Florida, Virginia y Massachusetts, y el abogado jefe del DHS les indicó que era «perfectamente correcto» proceder así.
Documentos obtenidos mediante solicitud de la Ley de Libertad de Información revelan que los registros de Florida están entre los priorizados, junto con New Jersey, Michigan, Minnesota, Ohio, Arizona y Georgia.
Tras cada revisión exprés, si un agente sospechaba voto ilegal debía abrir un registro en el sistema policial TECS, que puede usarse en controles fronterizos e incluso derivar en arrestos penales.
El asunto es especialmente relevante para la comunidad cubana del sur de Florida: aproximadamente 691,000 votantes registrados de ascendencia cubana viven en ese estado y el 66 % de los inmigrantes cubanos en EE.UU. son ciudadanos naturalizados, lo que sitúa a cientos de miles de ellos en el universo de personas que podrían aparecer en la lista federal, a días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
Esta demanda se suma a una cadena de acciones que han escalado en las semanas previas a los comicios. El 22 de octubre, una jueza federal limitó operativos del DHS en nueve estados por riesgo de intimidación a votantes.
Esta semana el Departamento de Justicia anunció cargos contra 48 extranjeros por delitos electorales, entre ellos cuatro cubanos. Y también el congresista republicano Randy Fine propuso revisar todas las naturalizaciones desde 1990, medida que afectaría a cientos de miles de cubanos.
Los expertos recomiendan a los ciudadanos naturalizados que planean votar el 3 de noviembre verificar su registro en la página web del condado o estado, conservar el certificado de naturalización y, si reciben una carta de USCIS o son contactados por agentes federales, consultar a un abogado de inmigración antes de responder.
«Los ciudadanos naturalizados son ciudadanos estadounidenses, con exactamente el mismo derecho a votar que cualquier persona nacida aquí», declaró John C. Yang, presidente de Asian Americans Advancing Justice-AAJC. «Instamos a los votantes a ir a las urnas. No se queden en casa por miedo».
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