La Fiscalía General de Florida abrió una investigación sobre posibles aportes económicos procedentes de Cuba y China a los Socialistas Democráticos de América (DSA), una organización política de izquierda estadounidense que ha enviado delegaciones a ambos países.
Las autoridades buscan determinar si el grupo recibió contribuciones de fuentes extranjeras sujetas a restricciones y si actuó con transparencia al solicitar donaciones a residentes de Florida para financiar sus actividades.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció este martes que su oficina emitió una citación investigativa contra la organización, al amparo de la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas y Desleales de Florida y de las normas estatales que regulan la recaudación de fondos.
«Los floridanos que donan a organizaciones que operan en nuestro estado tienen derecho a saber de dónde procede ese dinero y cómo se utiliza», declaró Uthmeier en un video en el que explicó el alcance de la investigación.
El fiscal señaló que su oficina examina si DSA aceptó contribuciones o apoyo de fuentes extranjeras consideradas de preocupación por las autoridades estadounidenses, entre ellas los gobiernos de Cuba y China.
También busca esclarecer si las campañas de recaudación dirigidas a donantes de Florida cumplieron las exigencias legales de transparencia.
Una parte central de la investigación se concentra en los viajes realizados por miembros de la organización a ambos países.
Según Uthmeier, las autoridades revisan recientes delegaciones a Cuba en las que dirigentes nacionales e integrantes del Comité Político Nacional de DSA sostuvieron encuentros con funcionarios del Gobierno cubano, así como una delegación que viajó a China.
La investigación también incluye solicitudes de donaciones por decenas de miles de dólares destinadas a cubrir gastos de desplazamiento y otras actividades relacionadas con esas visitas, algunas de ellas vinculadas a capítulos de la organización en Florida.
«Nuestras leyes prohíben aceptar contribuciones de fuentes extranjeras de preocupación. Exigen que las organizaciones sean honestas y transparentes sobre cómo se recauda y utiliza el dinero», afirmó Uthmeier.
El fiscal explicó que la citación busca obtener los documentos necesarios para determinar si la organización cumplió las disposiciones legales. También aseguró que su oficina exigirá responsabilidades si encuentra infracciones.
«Seguiremos los hechos, haremos cumplir la ley y no permitiremos que adversarios extranjeros influyan en Florida por la puerta trasera de la recaudación de fondos de organizaciones sin fines de lucro», manifestó.
La investigación se encuentra en una fase de recopilación de información. Es importante señalar que el anuncio de Uthmeier no equivale a una acusación penal contra la organización.
La sección 496.415 de los Estatutos de Florida prohíbe, en las actividades de recaudación sujetas a esa legislación, solicitar o aceptar contribuciones u otros bienes de valor procedentes de fuentes extranjeras de preocupación.
La normativa contempla procedimientos para corregir determinadas primeras infracciones y posibles sanciones en otros supuestos. Cuba y China figuran entre los países incluidos en la definición legal de países extranjeros de preocupación.
Los contactos entre DSA y las autoridades cubanas están documentados. En octubre de 2025, la organización envió una delegación de 40 dirigentes y miembros a la Isla.
En su propio informe, DSA reconoció que los participantes visitaron instituciones cubanas y se reunieron con el viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Fernández de Cossío.
La organización también mantiene un mecanismo de recaudación denominado Venceremos Fund (Fondo Venceremos), que, según explica en su página oficial, sirve para financiar delegaciones internacionales, visitas de organizadores extranjeros a Estados Unidos y proyectos de ayuda humanitaria.
Los viajes de dirigentes y activistas socialistas a Cuba ya habían provocado controversia en Estados Unidos.
En octubre pasado, se conocieron detalles de una delegación de DSA que se reunió con Miguel Díaz-Canel en La Habana en 2023 y de la que formó parte Danny Valdez, colaborador político del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.
Según una investigación del New York Post, basada en un diario de viaje escrito por Valdez, los participantes se alojaron en hoteles de lujo y acudieron a restaurantes exclusivos durante su estancia en Cuba.
El propio activista reconoció en sus escritos el contraste entre las comodidades que disfrutó la delegación y las dificultades económicas que enfrentaban los cubanos.
La revelación provocó peticiones de investigación. El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, solicitó a las autoridades federales examinar los contactos de Valdez con representantes del Gobierno cubano y determinar si alguna de sus actividades había vulnerado las leyes estadounidenses.
El escrutinio sobre organizaciones estadounidenses que mantienen relaciones con La Habana se había intensificado meses antes.
En mayo, una investigación periodística de Fox News reveló que el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro examinaban las actividades de 145 organizaciones sin fines de lucro favorables al Gobierno cubano, cuyos ingresos conjuntos se estimaban en aproximadamente 1,000 millones de dólares anuales.
Según ese reporte, las autoridades federales buscaban determinar si algunas de esas entidades habían coordinado actividades políticas con funcionarios cubanos sin cumplir las obligaciones establecidas por la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).
Entre los grupos mencionados figuraban CODEPINK, The People's Forum, BreakThrough News, ANSWER Coalition, Party for Socialism and Liberation y Tricontinental.
En julio, el Departamento de Estado estadounidense también publicó un informe sobre casi siete décadas de actividades de espionaje, influencia política y subversión atribuidas al régimen cubano.
El documento, presentado por el secretario de Estado Marco Rubio, sostuvo que La Habana ha utilizado organizaciones y movimientos políticos internacionales para promover sus intereses e influir en Estados Unidos.
El informe examinó casos históricos de espionaje, como los de Ana Belén Montes y Víctor Manuel Rocha, y describió supuestas conexiones entre los servicios de inteligencia cubanos, movimientos radicales y redes de influencia política.
También abordó la cooperación de Cuba con China y Rusia, incluida la presunta presencia de instalaciones de inteligencia de señales vinculadas a ambas potencias en la Isla.
Durante la presentación del documento, funcionarios del Departamento de Estado mencionaron expresamente a DSA entre las organizaciones que, según la interpretación de Washington, mantienen vínculos políticos con el régimen cubano.
Los funcionarios describieron los viajes de sus dirigentes a La Habana y sus reuniones con representantes gubernamentales como parte de una relación que merecía atención.
DSA rechazó aquellas acusaciones. En una declaración publicada el 10 de agosto, la organización sostuvo que sus actividades responden a decisiones democráticas de sus propios miembros y no a instrucciones del Gobierno cubano.
También defendió su derecho a mantener contactos internacionales y sus campañas contra las sanciones económicas de Estados Unidos a Cuba.
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