
Tres hombres permanecen detenidos en Cárdenas, Matanzas, acusados del delito de sabotaje tras perforar el tapón de seguridad de un transformador ubicado en la carretera Cárdenas-Coliseo y extraer aceite dieléctrico, lo que dejó sin electricidad al poblado de Fines, según informó este domingo la plataforma oficial «Con Todos La Victoria», vinculada al Consejo de Defensa de Matanzas.
Los detenidos fueron identificados como P. Y., B. C y L. M. Las autoridades capturaron a P. Y. en los alrededores de la subestación eléctrica de Fines cuando intentaba extraer más aceite junto a sus dos cómplices, quienes resultaron ser los mismos autores del daño al transformador de la carretera, según la fuente oficialista.
En el momento de la detención, les ocuparon seis tanques plásticos de 25 litros con restos de aceite dieléctrico, una llave ajustable y dos cubetas plásticas.
Los tres fueron formalmente acusados bajo el cargo de sabotaje y permanecen privados de libertad a la espera de ser presentados ante la justicia.
Cárdenas es uno de los municipios más golpeados de Matanzas por esta modalidad delictiva. El municipio acumulaba al menos 20 incidentes de robo de aceite dieléctrico hasta septiembre de 2026, y apenas días antes de este nuevo caso se reportó el robo de unos 1.500 litros del transformador del Hospital General Docente Julio Aristegui Villamil. La subestación de Salé, en el mismo municipio, permanecía fuera de servicio desde julio de 2026 tras un robo similar, dejando sin electricidad, agua y comunicaciones a la zona y al poblado de Cantel.
A escala provincial, Matanzas acumulaba hasta finales de agosto 175 robos de aceite dieléctrico, con más de 55.950 litros sustraídos, 91 transformadores dañados y afectaciones en 43 de sus 98 subestaciones.
El motor del delito es la escasez de combustible: el aceite dieléctrico se revende en el mercado negro como sustituto del diésel para tractores y maquinaria agrícola, a precios de entre 600 y más de 2.500 pesos cubanos por litro.
El marco legal que rige estos casos es el Dictamen 475/2025 del Tribunal Supremo Popular, que orienta a los jueces a calificar como sabotaje —bajo el artículo 125 del Código Penal— cualquier sustracción o daño a componentes del Sistema Electroenergético Nacional. Las penas van de siete a 30 años de prisión, con posibilidad de cadena perpetua o pena de muerte en casos agravados. El régimen endureció estas penas en abril de 2026 en respuesta a la escalada de robos.
Las condenas recientes en la propia provincia ilustran la severidad de la política punitiva: a comienzos de noviembre, tres hombres fueron sancionados en Jagüey Grande a 15, 14 y ocho años de prisión por delitos similares. A nivel nacional, cuatro hombres recibieron entre 15 y 20 años en La Habana y cinco fueron condenados en Ciego de Ávila a penas de hasta 12 años por casos análogos.
Entre 2025 y el primer semestre de 2026 se abrieron más de 460 investigaciones penales por delitos contra el sistema eléctrico en todo el país, más de 300 de ellas relacionadas con la sustracción de aceite dieléctrico.
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