Eric González Peña, un cubano de 44 años que residía en Texas, publicó un extenso testimonio en Facebook en el que denuncia su deportación a la República Centroafricana el 21 de octubre, tras ser detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en su lugar de trabajo y permanecer casi seis meses en un centro de detención en El Paso.
«Salí muy temprano un día para ir a trabajar. No me despedí de mi hijo ni de mi esposa porque no quería despertarlos. Nunca imaginé que ese sería el último día que estaría con ellos, ni que quizá no volvería a verlos», escribió González en su declaración pública sobre la deportación a África.
González está casado desde hace seis años con Isabel Estua, ciudadana estadounidense, y tiene un hijo de tres años. Según su relato, después de varios meses de detención ICE le entregó en octubre un documento en el que se comprometía a evaluar su liberación tras 90 días si cumplía diez requisitos.
Los cumplió todos, pero no fue puesto en libertad. Las autoridades alegaron riesgo de fuga, a pesar de que él presentó pruebas de bienes, contratos de arrendamiento y vínculos familiares en el país.
Trece días antes de completar 180 días de detención, le comunicaron que sería mantenido preso por supuesta falta de cooperación con su deportación. «Eso es falso: entregué mis documentos de viaje y colaboré con el proceso», afirmó González.
El 20 de octubre lo trasladaron a un campamento de carpas y al día siguiente lo embarcaron desde Alexandria, Luisiana, en un vuelo de entre 50 y 60 horas con escalas en Senegal, Guinea Ecuatorial y Burundi.
No supo cuál era su destino hasta estar en el aire. Ese mismo vuelo transportó a unos 90 migrantes esposados de manos y pies, de los cuales 69 eran cubanos; algunos fueron inmovilizados con camisas de fuerza y mordazas tras protestar.
La familia de González señaló a CiberCuba que tenía una petición familiar I-130 aprobada y un recurso de habeas corpus pendiente. Un juez había fijado el 1 de noviembre como fecha de protección contra su deportación, pero fue expulsado 11 días antes.
Al llegar a Bangui, González carecía de documentos migratorios, estatus legal y permiso de trabajo. Al 3 de noviembre compartía alojamiento con unas 32 personas, sin acceso a medicamentos y con el temor constante a enfermedades como la malaria y la fiebre amarilla, según informó Telemundo 51.
Mientras tanto, su esposa tuvo que abandonar Texas y mudarse a otra ciudad al no poder sostener sola los gastos del hogar. Quedó a cargo de tres niños —incluido el hijo de ambos— y de una mujer anciana.
«Me sentí tratado como si fuera un perro, como si fuera un esclavo vendido al mejor postor. Solo pude llorar y pensar en mi hijo y en mi esposa», escribió González. Y añadió: «Considero que lo que me hicieron es una forma de tráfico humano y un abuso psicológico y emocional. ¿Dónde quedan los derechos humanos y el respeto a la Constitución que tanto se proclaman en Estados Unidos?»
El caso de González se enmarca en la política de deportaciones a terceros países de la administración Trump, formalizada mediante un acuerdo con la República Centroafricana firmado en mayo de 2026 que incluyó un pago de 85 millones de dólares. Desde entonces, más de 25,000 personas han sido expulsadas mediante este programa, según Los Ángeles Times.
El abogado Wilfredo Allen advirtió que el regreso a Estados Unidos es prácticamente imposible para quienes tienen orden definitiva de deportación, y solo viable en casos muy específicos donde existían recursos legales pendientes sin resolución final.
«Salí de Cuba buscando libertad y encontré detención, abuso y una separación devastadora de mi familia. Pido justicia. Soy un padre y un esposo que quiere volver con su familia», concluyó González en su testimonio.
El caso de Eric González refleja la realidad que enfrentan miles de inmigrantes ante las políticas migratorias actuales. Sigue toda la información sobre detenciones, deportaciones y derechos en nuestra sección de Inmigración en EE.UU.
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