El Banco Popular de Ahorro (BPA) de Sancti Spíritus anunció este jueves a través de su perfil en Facebook que cerrará desde el 30 de noviembre las cuentas fiscales inactivas de los trabajadores por cuenta propia, un nuevo endurecimiento de los controles sobre el sector privado.
La disposición alcanza dos categorías de cuentas: las formalizadas por sus titulares que no registran operaciones y las abiertas centralizadamente por la Plataforma de Actores Económicos cuyos propietarios no acudieron a la sucursal para activarlas dentro de los 30 días posteriores a su apertura.
José Arturo Couzo Villarreal, jefe del Departamento de Banca de Negocios del BPA provincial, dijo al periódico Escambray que la central provincia tiene más de 14,000 cuentas bancarias fiscales correspondientes a trabajadores por cuenta propia. El funcionario aclaró que los titulares podrán reclamar los fondos depositados incluso después de que se declare el cierre por inoperatividad.
El banco justifica la medida en las disposiciones de los decretos leyes 90 y 91, que obligan a los trabajadores privados a utilizar sus cuentas fiscales para las operaciones comerciales y establecen como contravención grave incumplir esa obligación. También invoca el Decreto Ley 100, publicado en febrero, que exige realizar desde cuentas corrientes declaradas con propósitos fiscales los pagos relacionados con obligaciones ante el Presupuesto del Estado.
La decisión se coordina con las direcciones de Trabajo y la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), mediante un sistema de conciliación que permite identificar a los emprendedores que solicitaron licencias temporales o declararon el cierre de sus negocios.
No es la primera advertencia de este tipo en la provincia. En agosto, una investigación de Escambray reveló que cerca de 6,000 de los más de 15,000 trabajadores por cuenta propia con cuentas fiscales activas mantenían esos instrumentos bancarios sin operaciones.
Un operativo de fiscalización iniciado el 10 de agosto consiguió que más de 6,3 millones de pesos regresaran al sistema bancario. Sin embargo, el propio Couzo reconoció entonces que el resultado todavía estaba "distante del potencial".
La nueva presión llega en medio de las dificultades que enfrenta el sector privado para cumplir con la bancarización obligatoria. La prensa oficial ha reconocido que muchos negocios necesitan efectivo porque sus proveedores mayoristas exigen pagos en esa modalidad, lo que dificulta operar exclusivamente mediante transferencias.
A ello se suma que quienes necesitan convertir saldos digitales en efectivo recurren al mercado informal, donde los intermediarios cobran recargos de hasta 40 % por operaciones mediante transferencia.
El endurecimiento de los controles también alcanza el patrimonio de los contribuyentes. Desde octubre, la Resolución 126/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios permite a la ONAT embargar cuentas y bienes sin consentimiento del titular para cobrar deudas tributarias firmes.
En julio, la Asamblea Nacional aprobó el Acuerdo X-171, que ordena al Gobierno y al Banco Central adoptar nuevas medidas correctivas sobre la bancarización, con una evaluación prevista para diciembre.
Vídeos relacionados:
Archivado en: