El Banco Popular de Ahorro (BPA) lleva el cobro de pensiones directamente a las comunidades rurales y periurbanas de Sancti Spíritus, apoyándose en 11 actores económicos no estatales de la provincia, según documenta la Agencia Cubana de Noticias (ACN).
La Sucursal 5102, ubicada en el consejo popular de Colón, en la ciudad de Sancti Spíritus, encabeza la iniciativa local. Su directora, Yamilsi Arteaga Calcines, explicó al medio estatal que convocaron a trabajadores por cuenta propia y representantes de mipymes del área, les expusieron la necesidad de sumarse al programa y obtuvieron una respuesta favorable.
Actualmente, nueve trabajadores por cuenta propia y algunas mipymes participan en el esquema dentro de su radio de acción.
Lo que distingue la experiencia documentada en Sancti Spíritus del modelo general es que una trabajadora bancaria se desplaza físicamente hasta la comunidad para realizar el pago, en lugar de delegar esa función íntegramente al actor privado.
La especialista de la Dirección Provincial del BPA, Yunaisy Plasencia Cárdenas, relató haber viajado a una comunidad situada a unos cinco kilómetros de la ciudad para abonar la pensión a 51 personas en una sola jornada, usando la vivienda de un vecino como punto de cobro improvisado.
«Priorizamos a los pensionados de los grupos 1 y 2, los nacidos hasta 1949, pues dada la edad, los padecimientos propios de Salud y los problemas con el transporte, se les dificulta mucho la movilidad», explicó Plasencia Cárdenas.
Para quienes no pueden desplazarse ni al punto comunitario, el pago se efectúa directamente en su vivienda.
Los beneficiarios señalaron que alternativas como estas son muy necesarias. «Dada la situación actual y los altos precios no alcanza (la pensión), pero que te paguen casi en el portal de tu casa, sin lidiar con los viajes a Guayos o a Cabaiguán, para los que hay que desembolsar bastante dinero, sin la molestia de las colas y el tiempo invertido, es toda una dicha», afirmó Julio Quintana, jubilado de la comunidad de La Aurora con impedimento físico.
El testimonio de Quintana refleja una realidad que va más allá de la facilidad del cobro: la pensión mínima en Cuba es de 4,000 pesos mensuales, equivalente a apenas siete u ocho dólares al tipo de cambio informal, una suma que no cubre las necesidades básicas en un momento en que los precios disparados.
El pago a jubilados y pensionados fuera de los bancos comenzó en abril como experiencia piloto en cuatro municipios de La Habana, donde el Banco Central aprobó que se efectuara en centros comerciales, como medida para descongestionar las sucursales bancarias colapsadas por la demanda de efectivo.
La opción se ha ido extendiendo a otras provincias. En Holguín, el gobierno puso en marcha un plan pagar las pensiones en efectivo mediante cerca de 20 mipymes y actores económicos privados. En Guantánamo, el modelo alcanzó más de mil contratos con actores económicos para atender a 18,344 jubilados, el 37 % del total provincial.
Sin embargo, la expansión del esquema no ha eliminado las escenas de precariedad: en septiembre se documentaron ancianos durmiendo en el suelo durante la madrugada frente a sucursales bancarias en Santiago de Cuba, para asegurar turno de cobro, lo que evidencia que el problema de acceso al efectivo persiste más allá de los casos atendidos por el programa.
El economista Elías Amor ha advertido que trasladar el pago de pensiones al sector privado conlleva riesgos de liquidez para los negocios si el reembolso bancario se demora, además de cargas burocráticas adicionales para los establecimientos participantes.
«El pago de la pensión es una función estatal de responsabilidad estatal y cualquier inserción de agentes privados en este proceso entraña graves riesgos», dijo a CiberCuba.
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