
Rafael Alejandro González Rodríguez, médico cubano graduado en Holguín, permanece detenido desde el 5 de mayo en el Joe Corley Processing Center de Conroe, Texas, a pesar de que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito ordenó su libertad bajo fianza mientras se resuelve su apelación migratoria.
El caso llegó a CiberCuba a través de sus amigos más cercanos, quienes aportaron documentos del expediente judicial y denuncian que una fianza de 30.000 dólares fijada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) mantiene al médico entre rejas pese a la decisión del tribunal federal.
Rafael llegó a Estados Unidos en abril de 2022, fue interceptado por la Patrulla Fronteriza en El Paso y liberado inicialmente con un formulario I-220A. Semanas después, el 14 de mayo de ese año, ICE preparó un aviso provisional de autorización de parole bajo la sección 212(d)(5)(A) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, documento que nunca llegó a sus manos porque fue devuelto por dirección insuficiente.
El caso de este médico cubano refleja los desafíos que enfrentan miles de inmigrantes en el sistema de detención de EE.UU. Sigue de cerca estos y otros casos en nuestra sección de Inmigración en EE.UU.
Rafael conoció la existencia de ese aviso en 2024, cuando obtuvo su expediente completo mediante una solicitud de acceso a información (FOIA). Con ese documento intentó solicitar la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano, y en octubre de 2025 la jueza de inmigración Xiomara Davis-Gumbs reconoció que era elegible para solicitarla y terminó el procedimiento migratorio en su favor.
Sin embargo, al acudir voluntariamente a una cita de ICE en Houston, fue detenido. La agencia argumentó que el aviso de parole era fraudulento —por carecer de firmas y estar fechado aproximadamente un mes después de su liberación con el I-220A— y lo acusó de presencia en el país sin admisión o parole. El propio registro I-213 de ICE confirma que Rafael no tiene antecedentes penales y que contaba con autorización de empleo vigente hasta 2030.
La disputa judicial sobre la validez del parole ha recorrido varias instancias. En una audiencia celebrada en julio, el juez de inmigración Timothy Cole señaló que el documento estaba en el expediente oficial del Gobierno, había sido obtenido mediante FOIA y no tenía ninguna marca de anulación. Ante las sospechas reiteradas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el juez respondió: «¿Fraudulento? Vino del FOIA».
El 20 de octubre, el Quinto Circuito —panel integrado por los jueces Jones, Ho y Engelhardt— concedió la petición de libertad bajo fianza mientras se resuelve la apelación. La orden, sin embargo, no fijó una cantidad ni dispuso una liberación incondicional. ICE estableció después los 30.000 dólares que Rafael no puede pagar.
Para reunir el dinero de la fianza, Ibeth García organiza en GoFundMe la campaña «Ayuda para traer a Rafael a casa». Según la convocatoria, los fondos se destinarán a cubrir los 30.000 dólares que permitirían al médico salir de la detención mientras continúa su proceso migratorio. La organizadora pide apoyo mediante donaciones o compartiendo la iniciativa y recuerda que una recaudación anterior permitió costear su defensa legal.
Sus allegados señalan que esa cifra equivale a cuatro veces la mediana nacional de fianzas de inmigración, que según datos de TRAC se situó en 7.500 dólares en septiembre de 2026. «Esta fianza resulta inalcanzable y mantiene en la práctica a Rafael tras las rejas, a pesar de la orden judicial y de no representar peligro alguno para la comunidad», denunciaron Ibeth García-Igarza y Leyni Aguilera-Rodríguez en la carta enviada a este medio.
Rafael no tiene familia en Estados Unidos. Son sus amigos quienes se han organizado para acompañarlo y buscar visibilidad para su caso. «Soy una amiga de la infancia y lo quiero como a un hermano. Él no tiene familia en los Estados Unidos, por lo que sus amigos nos hemos unido para acompañarlo y ayudarlo en todo lo que esté a nuestro alcance», escribió Leyni Aguilera-Rodríguez.
El caso se enmarca en un debate jurídico de amplio alcance para miles de cubanos: si un aviso de parole no firmado y no entregado en su momento constituye un parole válido bajo la Ley de Ajuste Cubano. Un reciente fallo del Quinto Circuito determinó además que ciertos inmigrantes detenidos bajo procedimientos de deportación no tienen derecho constitucional automático a una audiencia individual de fianza, lo que complica aún más situaciones como la de Rafael.
Al cumplirse este jueves 198 días de detención, Rafael tiene programada una audiencia para el 30 de noviembre de 2026, fecha que sus allegados esperan como una nueva oportunidad para lograr su liberación.
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