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Biden autoriza la salida de tres presos de la cárcel de Guantánamo

Serán trasladados a países que se comprometan a imponerles excepcionales medidas de seguridad.

Los tres terroristas liberados: Saifullah Paracha, Uthman Abdul Rahim Mohammed Uthman y Abdul Rabbani © Department of Defense
Los tres terroristas liberados: Saifullah Paracha, Uthman Abdul Rahim Mohammed Uthman y Abdul Rabbani Foto © Department of Defense

Este artículo es de hace 2 años

El Gobierno de Joe Biden autorizó transferir fuera de la cárcel ubicada en la base naval de Guantánamo, al oriente de Cuba, a tres presos, aunque todavía se desconoce a dónde irán y cuándo, informaron este martes medios estadounidenses.

Los tres nuevos reos cuyo traslado se ha autorizado son el paquistaní Saifullah Paracha, de 73 años; el también paquistaní Abdul Rabbani, de 54, y el yemení Uthman Abdul al-Rahim Uthman, de 40. Se unen, así, a otros seis que ya tienen el visto bueno de Washington para salir de Guantánamo pero llevan años esperando el traslado a otro país.

Rabbani fue capturado en una redada de los servicios de seguridad en Karachi, Pakistán, en 2002 junto con su hermano, quien también está detenido en Guantánamo. Ambos estuvieron detenidos durante más de 500 días por la CIA antes de ser puestos bajo custodia militar de EE.UU.

Uthman es el que lleva más tiempo detenido de los tres. Fue llevado a Guantánamo pocos días después de la apertura del Campamento X-Ray en enero de 2002 como presunto miembro del cuerpo de guardaespaldas de Osama bin Laden. En 2018, su pedido de liberación fue rechazado en parte porque carecía de "planes creíbles para mantenerse a sí mismo en el momento de la transferencia" y no había dicho cómo su familia podría apoyarlo.

Paracha, un ex empresario y residente legal de Nueva York desde hace mucho tiempo, fue capturado durante una operación encubierta del FBI en Tailandia, en julio de 2003. Atraído desde su casa en Karachi, Pakistán, hasta Bangkok para discutir lo que resultó ser un falso acuerdo de comercialización con representantes de Kmart, agentes de inteligencia lo apresaron, encapucharon y encadenaron y lo llevaron en avión a Afganistán.

La inteligencia estadounidense lo consideró un facilitador que ayudó al hombre acusado de planear los ataques del 11 de septiembre de 2001, Khalid Shaikh Mohammed, y al sobrino de Mohammed, Ammar al-Baluchi, con transacciones financieras desde Pakistán después de los ataques del 11 de septiembre.

Paracha admitió haber guardado unos 500.000 dólares para ellos, pero dijo que desconocía sus identidades o sus vínculos con Al Qaeda. Sostuvo que los había ayudado como hubiera hecho con cualquier otro compañero musulmán.

En el momento de la captura del Sr. Paracha, su hijo mayor, Uzair Paracha, también fue arrestado en los Estados Unidos bajo sospecha de apoyar el terrorismo. Posteriormente, Uzair fue juzgado, anuló su condena y regresó a Pakistán el año pasado en un acuerdo con los fiscales para abandonar el caso si renunciaba a su condición de residente permanente de los Estados Unidos.

En la Base Naval de Guantánamo solo quedan 40 de los cerca de 800 reclusos que llegó a albergar tras su apertura en 2002 ordenada por el entonces presidente, George W. Bush.

Otros 31 presos están a la espera de juicio o son considerados demasiado peligrosos como para quedar en libertad.

La autorización aún no ha sido publicada por el Gobierno, pero los reos ya han sido informados, según dijeron sus abogados a medios estadounidenses.

El expresidente demñocrata Barack Obama (2009-2017) prometió cerrar el penal, pero no alcanzó a cumplir su compromiso porque el Congreso de EE.UU. bloqueó sus esfuerzos con diversos pretextos.

Con la llegada del presidente Donald Trump al poder, el gobierno abandonó sus esfuerzos por cerrar el penal.

Las recientes medidas aprobadas por Biden forman parte de una revisión formal del futuro de la prisión militar.

Asesores implicados en las discusiones internas evalúan la firma de una acción ejecutiva por parte del presidente Joe Biden en los próximos meses, en un nuevo intento para poner fin a lo que los defensores de los derechos humanos califican como una mancha en la imagen global de Estados Unidos

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