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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha anunciado un cambio trascendental en el proceso de renovación de los permisos de trabajo para inmigrantes, lo que afectará a millones de personas en situación migratoria no permanente.
A partir del 30 de octubre de 2025, se eliminará la extensión automática de las autorizaciones de empleo (EAD), salvo contadas excepciones.
Esta medida, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), modifica una política que desde 2022 permitía a ciertos inmigrantes continuar trabajando mientras esperaban la aprobación de su renovación.
Fin de las renovaciones automáticas: Más verificaciones, más demoras
La nueva normativa busca poner fin a la práctica de extender automáticamente los permisos de trabajo a quienes solicitan su renovación, priorizando ahora la verificación exhaustiva de antecedentes y evaluaciones de seguridad.
En palabras del propio Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en un comunicado publicado en su web:
“USCIS está poniendo un énfasis renovado en las verificaciones de antecedentes e investigaciones de seguridad, eliminando políticas implementadas por la administración anterior que priorizaban la conveniencia de los extranjeros por encima de la seguridad y protección de los estadounidenses”.
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El director de USCIS, Joseph Edlow, insistió en el carácter restrictivo de esta política al afirmar: “Todos los extranjeros deben recordar que trabajar en los Estados Unidos es un privilegio, no un derecho”.
Con este cambio, los solicitantes ya no recibirán automáticamente una prórroga de sus EAD mientras su trámite esté pendiente, como sucedía desde 2022, cuando se aprobó una extensión de 540 días para enfrentar el colapso en el procesamiento de solicitudes.
Para entonces, el USCIS acumulaba una cifra récord de nueve millones de peticiones, de las cuales más de 360,000 correspondían a permisos de trabajo de solicitantes de asilo.
¿A quién afecta esta medida?
La nueva regla afecta de forma generalizada a casi todas las personas que no poseen estatus legal permanente y dependen de un permiso de trabajo renovable. Entre los principales grupos impactados se encuentran:
-Solicitantes de asilo, refugio o suspensión de deportación.
-Beneficiarios de asilo y refugio.
-Personas en proceso de ajuste de estatus hacia la residencia permanente.
-Cónyuges con visas H-4 (relacionadas con trabajadores H-1B).
-Solicitantes de visas T (para víctimas de trata) o VAWA (por violencia doméstica).
-Esposos o esposas de beneficiarios de visas de inversión (E) o de ejecutivos con visas L-1 (L-2).
-Beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), cuyos permisos hayan expirado.
Las únicas excepciones a esta nueva regla son aquellas previstas por ley o anunciadas expresamente a través de avisos en el Registro Federal, en su mayoría vinculadas al TPS.
Consecuencias para los inmigrantes: Más incertidumbre, más vulnerabilidad
La eliminación de las extensiones automáticas exigirá a cada solicitante una verificación individual y más rigurosa antes de poder continuar trabajando legalmente.
Esto introduce nuevas demoras e incertidumbre para miles de personas que ya enfrentan largos tiempos de espera.
USCIS ha advertido que quienes no renueven sus EAD con suficiente antelación podrían quedarse temporalmente sin permiso de trabajo.
Por ello, recomienda presentar la solicitud de renovación con hasta 180 días de anticipación a la fecha de vencimiento del documento actual:
“Cuanto más tiempo espere un extranjero para presentar la solicitud de renovación, mayor será la probabilidad de que su autorización de empleo o documentación se vea temporalmente interrumpida”.
Actualmente, según cifras de la agencia, una renovación puede tardar:
-6.5 meses en el caso de solicitantes de asilo.
-Hasta 10,5 meses para quienes buscan suspender una orden de deportación.
-Hasta un año en otras categorías.
Esto representa un grave obstáculo para quienes dependen del permiso de trabajo no solo para subsistir, sino también para acceder a servicios básicos como licencias de conducir, cuentas bancarias o servicios médicos.
Críticas: “Una carga más para los más vulnerables”
Diversas organizaciones y defensores de derechos de los inmigrantes han expresado su preocupación por el impacto social y económico de esta medida.
Ezequiel Hernández, abogado de inmigración en Arizona, advirtió:
“Va a afectar esencialmente a personas que están vulnerables, quienes requieren tener sus licencias y permisos de trabajo al día. Es una carga más para los inmigrantes”.
Por su parte, Conchita Cruz, codirectora ejecutiva del Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo (ASAP), señaló que aunque el impacto inmediato sobre solicitantes de asilo será limitado -debido a que muchos ya recibieron extensiones- a mediano plazo el problema será generalizado:
“Es un paso más contra personas que están aquí trabajando legalmente y aportando a sus comunidades. No sólo impactará a esas personas, sino a sus familias, empleadores, colegas, y a sus comunidades, porque algunos prestan servicios críticos”.
Además, Cruz y otros expertos cuestionan la legalidad del proceso de implementación, alegando que el DHS no respetó el procedimiento legal adecuado para introducir una nueva regulación.
“Están pidiendo al público comentarios, pero después de haber cambiado la ley. Así no funciona”, sentenció.
La decisión de USCIS representa un giro en la política migratoria estadounidense que podría marcar el inicio de un nuevo periodo de mayor escrutinio, burocracia y restricciones para los inmigrantes con estatus provisional.
La eliminación de la extensión automática de los permisos de trabajo afectará la estabilidad laboral, económica y emocional de miles de familias que viven legalmente en el país, pero cuya documentación depende del tiempo de respuesta de una administración ya saturada.
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