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Desde este 16 de octubre de 2025, toda persona extranjera que reciba un permiso temporal de entrada o permanencia en Estados Unidos -conocido como “parole”- deberá pagar una tarifa obligatoria de 1,000 dólares.
Así lo establece una nueva directiva del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), publicada en el Registro Federal y firmada por la secretaria Kristi Noem.
La medida, de profundo impacto en la comunidad migrante, responde a disposiciones contenidas en la reciente Ley HR-1 (The One Big Beautiful Bill Act), promovida por la administración Trump.
¿Qué es el “parole” y quiénes lo utilizan?
El “parole” migratorio es una figura jurídica que permite al Departamento de Seguridad Nacional autorizar el ingreso o la permanencia temporal de personas extranjeras en Estados Unidos por “razones humanitarias urgentes o de beneficio público significativo”.
No se trata de una admisión legal al país, sino de un permiso temporal y discrecional, que puede ser concedido:
-En puertos de entrada (por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza –CBP–).
Lo más leído hoy:
-A personas detenidas o ya dentro del país (por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas –ICE– o por el propio USCIS).
Este mecanismo ha sido clave para migrantes cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses, particularmente bajo el programa de “parole humanitario” impulsado por la administración Biden.
La nueva normativa impone un cargo de 1.000 dólares a quienes obtengan un “parole”, ya sea por primera vez o en renovación (re-parole). El pago será exigido una vez que la solicitud sea aprobada, y no al momento de presentarla.
USCIS lo explica así:
“USCIS cobrará la tarifa de inmigración para el permiso de permanencia temporal si usted está físicamente en Estados Unidos y le otorgamos el permiso de permanencia temporal o un nuevo período del permiso de permanencia temporal (también conocido como renovación del permiso de permanencia temporal o, en inglés, ‘re-parole’)”.
El aviso también aclara que:
“La notificación incluirá las instrucciones de pago y una fecha límite. No le otorgaremos el permiso [...] a menos que pague la tarifa según las instrucciones y dentro del plazo establecido”.
La tarifa se aplicará en todos los casos: solicitudes de parole inicial, en renovación, parole in place o incluso otorgados a personas bajo custodia del DHS.
Para realizar el trámite se continuará utilizando el Formulario I-131 (Solicitud de Documento de Viaje), que ya se empleaba con anterioridad.
Sin embargo, la tarifa anterior oscilaba entre 580 y 630 USD, dependiendo del método de envío. Ahora, se añade este nuevo pago extra de 1,000 USD posterior a la aprobación.
Base legal: La “One Big Beautiful Bill Act”
La tarifa tiene su origen en la Ley HR-1, popularmente llamada The One Big Beautiful Bill Act, aprobada el 4 de julio de 2025.
Esta norma modificó múltiples programas gubernamentales y creó nuevas tasas de inmigración con el fin de:
“Financiar programas de control fronterizo e inmigración legal, y reducir la dependencia del sistema migratorio respecto al presupuesto estatal y los contribuyentes estadounidenses”.
El monto podrá ser ajustado anualmente conforme al Índice de Precios al Consumidor (CPI).
Diez excepciones al pago
La norma prevé diez casos en los que no se aplicará la tarifa. Entre ellos se encuentran:
-Emergencias médicas o tratamientos inaccesibles en el país de origen.
-Padres o tutores de menores en esa situación.
-Donantes de órganos por razones urgentes.
-Visitas a familiares moribundos o asistencia a funerales.
-Adopciones médicamente urgentes.
-Solicitantes de ajuste de estatus tras un viaje.
-Participación en audiencias migratorias desde países contiguos.
-Personas acogidas como “entrantes cubanos o haitianos” bajo la Ley de 1980.
-Casos de cooperación con autoridades, como testigos o informantes.
¿Cómo afecta a los cubanos?
Según la sección jurídida del medio independiente elTOQUE, los cubanos que ya obtuvieron un parole humanitario no tendrán que pagar la nueva tarifa.
Existen dos fundamentos jurídicos clave:
1. No hay retroactividad: La norma entra en vigor el 16 de octubre de 2025, y no afecta solicitudes ni permisos otorgados antes de esa fecha.
“Por principio general, las leyes no son aplicables a hechos acontecidos antes de su entrada en vigor. Esta no es la excepción”, apunta elTOQUE.
2. Exención para “cubanos entrantes”
La directiva reconoce como exentos a los denominados “cubanos entrantes”, de acuerdo con la sección 501(e) de la Ley de Asistencia Educativa para Refugiados de 1980.
Esa categoría incluye a cualquier cubano que haya sido admitido bajo parole y que no tenga una orden final de deportación ni haya adquirido otro estatus migratorio.
“El término ‘cubano entrante’ se aplica a toda persona que solicite un parole para ingresar a Estados Unidos y que no tenga una orden previa de deportación o expulsión”.
Esto significa que los beneficiarios del programa humanitario CHNV (cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos), así como los migrantes cubanos que hayan ingresado por la frontera sur con la aplicación CBP One, estarían cubiertos por esta exención, siempre que califiquen como “cubanos entrantes”.
¿Y los familiares no cubanos?
Un punto preocupante emerge para los dependientes de ciudadanos cubanos: cónyuges o hijos de otra nacionalidad que también busquen un parole familiar no estarían automáticamente exentos del pago.
“Aunque la Ley de Ajuste Cubano permite que los dependientes […] del solicitante también puedan regularizar su estatus migratorio sin importar su nacionalidad, la excepción prevista en la nueva directiva no parece extenderles igual protección”, advierte elTOQUE.
Esto podría suponer un costo adicional importante para muchas familias cubanas en proceso de reunificación.
La implementación de esta tarifa se da en medio de múltiples denuncias sobre fraudes asociados al parole humanitario, el uso indebido de fondos públicos y posibles redes de trata de personas.
También coincide con un contexto de endurecimiento general de la política migratoria, marcado por intentos de restringir la Ley de Ajuste Cubano, vigente desde 1966.
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