Según adelantó el diario The New York Times, la administración de Donald Trump pondrá fin también al Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 56.000 hondureños, quienes dispondrán de varios meses para abandonar el país o regularizar su situación por otras vías.
En noviembre de 2017, dos meses antes del vencimiento de la última prórroga, el gobierno había anunciado una extensión automática de seis meses del amparo, mientras revisaba nuevos documentos enviados por el gobierno de Honduras en los que se argumentaba por qué resultaba necesario mantener la protección para sus ciudadanos.
Ese plazo vence el 5 de julio y por ley el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debía informar 60 días antes de la fecha tope su decisión de cancelar el programa o concederle una nueva extensión. Es decir, que para este viernes, a más tardar, se esperaba la noticia.
El amparo ha estado vigente desde 1999, un año después de que el país centroamericano sufriera el embate del huracán Mitch, razón por la cual se le otorgó protección temporal a los indocumentados hondureños que vivían desde ese entonces en EE.UU.
Ese año fueron protegidos un poco más de 86.000 inmigrantes sin papeles, pero esa cifra fue disminuyendo con los años porque o perdieron el beneficio o legalizaron sus permanencias por otras vías legales.
Según datos del Center for American Progress, un instituto independiente, los beneficiarios de TPS de Honduras han vivido en Estados Unidos un promedio de 22 años. A ello se sumaría que son padres de al menos 53.500 niños nacidos en el país.
Medios de prensa destacan que de los 57.000 hondureños con TPS que hay en total, actualmente 46.700 tienen un empleo y han contribuido con más de 31.000 millones de dólares al Producto Interno Bruto (PIB) en la última década.
Fue el presidente demócrata Bill Clinton quien decidió la aprobación del TPS como una respuesta humanitaria tras el impacto del huracán Mitch, en octubre de 1998, que dejó más de 10 mil muertos, la mayoría en Honduras.
Desde que entró en vigor, la medida había sido renovado ininterrumpidamente más de doceveces, y siempre los beneficiarios fueron sometidos a rigurosos chequeos.
Más de 300 mil centroamericanos han perdido ya el estatus de Protección Temporal por decisión del gobierno de Donald Trump.
Ya han quedado sin TPS más de 2.500 indocumentados de Nicaragua que ahora tienen hasta el 5 de enero de 2019 para abandonar el país. Lo mismo ocurrió con casi 200 mil indocumentados de El Salvador, que tienen hasta el 9 de septiembre de 2019 para abandonar Estados Unidos. En las misma situación están cerca de 60 mil haitianos, que tienen el 22 de julio de 2019 como fecha límite.
Según la organización sin fines de lucro American Immigration Council, el 85% de los beneficiarios de TPS de Honduras están inmersos en la fuerza laboral de Estados Unidos. La mayoría trabaja en el sector de la construcción, según datos del American Immigration Council.
En promedio, sus ingresos anuales están entre los 40.000 y 50.000 dólares, por debajo de la media nacional de 57,617 dólares del país, según cifras de 2017 de la oficina del Censo.
Además, estiman que uno de cada nueve centroamericanos beneficiarios de TPS trabaja por su cuenta con negocios que fundaron (27.000 en total) y generan puestos de trabajo para más personas.
Otros datos del citado organismo indican que entre los ciudadanos de El Salvador, Honduras y Haití con TPS suman cerca de 206.000 hogares, y más de 30% son dueños de sus casas y pagan hipotecas en Estados Unidos. Viven concentrados, en su mayoría, en seis estados: California, Florida, Texas, Nueva York, Virginia y Maryland.
El informe del American Immigration Council concluye: "Como miembros de larga data en las comunidades a lo largo de Estados Unidos y una parte vital de la fuerza laboral, los beneficiarios del TPS provenientes de El Salvador, Honduras y Haití han agregado un valor a la economía de Estados Unidos".
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