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Una inmigrante cubana solicitante de asilo, Gridiudis Roselló, denunció que el pasado 15 de diciembre recibió una multa de 5,130 dólares tras acudir a una cita con ICE, pese a que se encuentra en Estados Unidos con un proceso migratorio en curso.
El caso fue divulgado en un reportaje de Noticias 23, que advierte que sanciones similares podrían impactar a millones de migrantes que ingresaron al país sin inspección, independientemente del tiempo que lleven en territorio estadounidense o de si tienen trámites pendientes.
Rosello explicó que fue liberada con un formulario I-220A luego de cruzar la frontera sur en febrero de 2022 y que, al presentarse a su cita, nunca imaginó que saldría con un documento notificándole la multa.
En declaraciones citadas por el medio, dijo que el pago debía realizarse en 30 días y expresó su inconformidad con la medida.
La propia cubana dejó constancia en Facebook de lo que ocurrió. Aunque le dieron fecha de corte para septiembre de 2026, le indicaron que debía pagar en un mes la multa.
En el reporte de Noticias 23, la abogada de inmigración Rosaly Chaviano explicó qué entiende el gobierno por “entrada sin inspección”, señalando que se refiere a personas que ingresan y no pasan formalmente por el proceso de inspección.
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Por su parte, el abogado John de la Vega dijo haber escuchado “decenas de casos” similares, incluyendo personas que llevan años en Estados Unidos y están siendo multadas con esta provisión, y planteó que podría existir una acción legal al considerar que se estarían cobrando penalidades “de manera retroactiva”.
El mismo abogado advirtió que no pagar la multa a tiempo podría implicar quedar endeudado con el gobierno federal, con la posibilidad de que la cantidad sea retirada de cuentas bancarias, según su explicación citada por el medio.
A la vez, Chaviano indicó que quienes reciban estas notificaciones tendrían instrucciones sobre cómo apelar o disputar la sanción.
La segunda administración de Donald Trump ha pasado de las advertencias a la aplicación masiva.
Recientemente, anunció que casi todos los inmigrantes detenidos por entrada ilegal deberán pagar una multa de 5,000 dólares, mientras el gobierno impulsa una campaña de “autodeportación” que ofrece vuelo gratis y 1,000 dólares en efectivo a quienes acepten abandonar Estados Unidos voluntariamente.
El jefe de la Patrulla Fronteriza, Michael Banks, anunció que se impondría una sanción de 5,000 dólares a toda persona que cruzara ilegalmente la frontera sur.
Según Banks, la llamada “apprehension fee” de 5,000 dólares se aplicará a prácticamente todos los inmigrantes de 14 años o más que hayan entrado sin inspección, independientemente de por dónde cruzaron, cuánto tiempo llevan dentro del país o si tienen procesos migratorios en curso.
Esta lógica de castigo económico extremo ya ha golpeado de lleno a la comunidad cubana: un cubano recibió una notificación de multa de 690,000 dólares y otro enfrenta una sanción superior a los 530,000 dólares por no abandonar Estados Unidos tras una orden de deportación.
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