Susana Mayet Costafreda, de San Luis, en Santiago de Cuba, es una madre que lleva años pidiendo una ayuda estatal para su hijo de 20 años que está postrado en una cuna y padece, entre otras dolencias, de encefalopatía crónica, cuadriplejia espástica, epilepsia y relajación de esfínter vesical y rectal.
Susana tiene graves problemas de vivienda. Ella no trabaja, está centrada en atender a su hijo y por ello recibe una prestación de Asistencia Social de 205 pesos. Su esposo es custodio y percibe un bajo salario. Con eso deben costear el alto número de medicamentos que consume el muchacho, quien tampoco posee un colchón adecuado, según explica en una carta enviada al diario oficialista Juventud Rebelde.
La mujer lleva desde el año 2002 batallando con las autoridades para resolver el problema de su casa. Ha ido a todas las instancias: el municipio, el partido y el gobierno provincial y ha escrito al Consejo de Estado cuatro veces.
En 2015 le aprobaron un subsidio para mejorar las condiciones de su casa, pero no ha recibido todos los materiales. No tiene aún ni baño ni cocina, y solo están techados dos cuartos.
La afectada se queja de “la falta de gestión de la trabajadora social del área, el delegado de la circunscripción y funcionarios del municipio, ya que ni siquiera habiendo recibido las orientaciones del Consejo de Estado, le ha preocupado a nadie”.
La segunda historia es la de Maday Díaz Bravo, vecina del batey Benito Juárez, de Placetas, en Villa Clara.
Su caso ha sido denunciado más de una vez en el periódico oficialista. Ella es una madre divorciada, cuyo hijo de nueve años sufrió una meningoencefalitis bacteriana que le provocó una lesión estática del sistema nervioso central, hemiplejia izquierda y epilepsia de difícil control (síndrome de Lenox Gastaud).
Su rehabilitación es difícil, pues la familia vive lejos de los hospitales y no tiene transporte. Maday fue al gobierno municipal, donde le dijeron que le asignarían un apartamento de un edificio en construcción.
El 11 de noviembre de 2017 le dieron la buena noticia, pero al ir al inmueble, el director de Vivienda le planteó que estaba ocupado ilegalmente por una persona que había forzado la puerta, y que el caso estaba en poder de la Fiscalía.
Dos meses después, tras múltiples gestiones, la única respuesta que recibía era que debía seguir esperando.
“Mi niño ahora necesita rehabilitación, ya que está operado de ambos pies. Y también asistir a la escuela especial, a la que no ha podido ir ni un solo día en este curso. En un sillón de ruedas, y con 92 libras, me resulta imposible trasladarlo hasta Placetas. No sé qué tengo que esperar ni hasta cuándo, ni a quién dirigirme”, denunció la afectada.
El 6 de abril respondieron a Acuse de Recibo Jorge Luis Paz Navarro, vicepresidente del Consejo de la Administración Municipal (CAM), y Leonardo Fariñas, director municipal de Vivienda.
Confirmaron que el apartamento había sido ocupado ilegalmente por la ciudadana Yanara Águila García, su esposo y dos hijas, quienes antes vivían hacinados en casa de los suegros. A esta familia el CAM le aprobó un subsidio para ejecutar una célula básica de vivienda, Planificación Física le asignó una parcela, y se les conminó a que abandonaran el apartamento asignado a Maday.
A esta, por su parte, se le había aprobado una prestación monetaria temporal por Asistencia Social, y que una vez mudada, su hijo recibiría la atención de salud sistemática que requería y podría ir a una escuela especial.
Eso ocurrió en abril. En septiembre, otra misiva de Maday denunciaba que la ocupación ilegal continuaba, y que había escrito ahora al Consejo de Estado.
“Todas las semanas nos dicen que se reunió la Comisión de Ilegalidades, y acordaron sacarlos la próxima. Y así continúan pasando los días”, concluye su queja.
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