El Gobierno cubano ha creado un grupo de trabajo, liderado por Miguel Díaz-Canel, que promete una "avalancha de normativas" que vendrán después de que se apruebe la nueva Constitución del país, que será sometida a referendo en febrero de 2019, tras pasar el actual proceso de debate.
El grupo de trabajo -que se aprobó en el más reciente Consejo de Ministros- deberá "dirigir, coordinar, evaluar y controlar la labor legislativa que se desprenda del proceso de implementación de la nueva Carta Magna", según destaca este viernes el diario Granma. Y añade que se trata de "identificar en su totalidad el amplio volumen de normas que será necesario actualizar".
Entre las nuevas leyes que se prevé que deriven de la futura Constitución, está una Ley Electoral y una normativa que avale el matrimonio homosexual.
En el pasado mes de julio, uno de los temas que fueron a debate fue la necesidad de reformar al menos 52 normas legales luego de la entrada en vigor de la Constitución actualizada.
La Carta Magna, tras la reforma, tendrá 224 artículos. Ahora se eliminan 11 y se modifican 113. Son 87 artículos más que la anterior.
El secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, recordó en el Consejo de Ministros que habrá un "significativo impacto" en el orden "legislativo" como parte del proceso de implementación de la nueva Constitución, "avalancha de normativas" que serán imprescindibles para lograr la debida instrumentación jurídica.
Esteban Lazo, presidente del Parlamento, ha dicho esta semana que la redacción de esa nueva ley electoral tendrá prioridad sobre todas las demás.
Desde agosto y hasta noviembre los cubanos debatirán en reuniones y asambleas el borrador de la Constitución, que reemplazará al texto actual, que data de 1976.
Una vez que finalice la consulta popular, una comisión constitucional liderada por el expresidente y primer secretario del Partido Comunista (PCC, único legal), Raúl Castro, incorporará al borrador las aportaciones que considere oportunas, y lo remitirá de nuevo a la Asamblea Nacional, que deberá aprobarlo de nuevo antes de su ratificación, en referendo en febrero de 2019.
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